Refuerzan medidas para evitar fraude de garantías en procesos de contratación
La Superfinanciera expidió una circular que ordena facilitar los procesos para verificar la autenticidad de garantías y que las entidades públicas lleven a cabo esa validación.
La Superintendencia Financiera ordenó a las entidades vigiladas por la entidad (como los bancos) que “ajusten” en un plazo de 30 días calendario sus procedimientos para facilitar “la confirmación del origen, características y elementos relevantes de las garantías bancarias, los contratos de seguro de cumplimiento y los patrimonios autónomos otorgados como garantías...”.
Así lo establece en la circular externa 001 del 20 de agosto de 2021.
Aunque no hace referencia a ningún caso en particular, la medida se publica en medio del escándalo de las aparentes garantías bancarias falsas presentadas por el contratista que resultó ganador en el proceso de licitación de la conexión a internet y operación de las más de 10.000 escuelas rurales, proceso adelantando por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic). Los hechos están siendo investigados por la Fiscalía.
Lea más sobre esto: En firme caducidad de contrato de $1 billón que tiene contra las cuerdas a Mintic
La Superintendencia dictó que, además, las entidades vigiladas deben “disponer de un punto de contacto telefónico o virtual para que las entidades del Estado puedan solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver las consultas que sobre el particular sean pertinentes”.
Las entidades públicas, por otro lado, “deberán acudir a los mecanismos de verificación en línea que se encuentran previstos en el presente artículo, con el propósito de verificar la validez, idoneidad y suficiencia de los documentos que se entregan como soporte de las garantías que amparan los contratos estatales”. Agrega la Superintendencia que dicha verificación “deberá realizarse de manera previa a que las entidades públicas aprueben o rechacen las garantías”.
Vale la pena recordar que en el marco del mencionado proceso del Mintic la ministra Karen Abudinen ha hecho referencia a que, por un lado, se presume la buena fe de las actuaciones de los proponentes en las licitaciones. Pero, por otro, ha dicho que se acudió a la firma SES Colombia para la evaluación de la documentación presentada por el contratista en cuestión, la unión temporal Centros Poblados, firma que, sin embargo, no informó de ninguna irregularidad en su momento.
Lea más sobre esta historia en: ¿De quién fue la culpa?: la garantía en duda en un proceso del Mintic
La Superintendencia Financiera ordenó a las entidades vigiladas por la entidad (como los bancos) que “ajusten” en un plazo de 30 días calendario sus procedimientos para facilitar “la confirmación del origen, características y elementos relevantes de las garantías bancarias, los contratos de seguro de cumplimiento y los patrimonios autónomos otorgados como garantías...”.
Así lo establece en la circular externa 001 del 20 de agosto de 2021.
Aunque no hace referencia a ningún caso en particular, la medida se publica en medio del escándalo de las aparentes garantías bancarias falsas presentadas por el contratista que resultó ganador en el proceso de licitación de la conexión a internet y operación de las más de 10.000 escuelas rurales, proceso adelantando por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic). Los hechos están siendo investigados por la Fiscalía.
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La Superintendencia dictó que, además, las entidades vigiladas deben “disponer de un punto de contacto telefónico o virtual para que las entidades del Estado puedan solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver las consultas que sobre el particular sean pertinentes”.
Las entidades públicas, por otro lado, “deberán acudir a los mecanismos de verificación en línea que se encuentran previstos en el presente artículo, con el propósito de verificar la validez, idoneidad y suficiencia de los documentos que se entregan como soporte de las garantías que amparan los contratos estatales”. Agrega la Superintendencia que dicha verificación “deberá realizarse de manera previa a que las entidades públicas aprueben o rechacen las garantías”.
Vale la pena recordar que en el marco del mencionado proceso del Mintic la ministra Karen Abudinen ha hecho referencia a que, por un lado, se presume la buena fe de las actuaciones de los proponentes en las licitaciones. Pero, por otro, ha dicho que se acudió a la firma SES Colombia para la evaluación de la documentación presentada por el contratista en cuestión, la unión temporal Centros Poblados, firma que, sin embargo, no informó de ninguna irregularidad en su momento.
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