Replanteando la TV por suscripción

La tecnología va más rápido que la regulación, hemos oído insistentemente, y las normas del sector audiovisual parecen estar poniéndose al día. El Gobierno, a través de una resolución y un proyecto de política, busca hacer frente a los cambios que las nuevas plataformas, como Netflix, puedan generar en el panorama de la industria audiovisual nacional.

Si bien, según la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), apenas 2,7 % de los colombianos usan internet como medio principal para ver televisión, es claro que ese porcentaje podría crecer conforme haya más bancarización, acceso a tarjetas de crédito o mayores ingresos. No reaccionar significaría una estocada, incluso mortal, para empresas como los cableoperadores.

Por eso han venido pidiendo al Gobierno que les “quiten cargas”. Es un llamado al que la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) respondería oficialmente a finales de este mes, con la expedición de una resolución en la que se cambian los aportes que la televisión por suscripción hace al Estado, con los cuales se financia la TV pública. Por ejemplo, el monto fijo de las concesiones que pagan las empresas bajaría de $51 millones a $11,4 millones. Así lo explicó la directora de la entidad, Ángela María Mora, en un foro del gremio Asotic.

Además, la compensación que estos privados dan al Estado se calcularía con base en los ingresos de las compañías y ya no en los usuarios que tienen, y habría montos menores para los cableoperadores que presten su servicio en poblaciones de menos de 100.000 habitantes, es decir, 1.059 municipios (más del 90 % del país). Para hacerse una idea, quienes trabajen en pequeñas poblaciones aportarían 1,5 % de sus ingresos, frente a un promedio de 7 % que la ANTV calcula que terminan aportando bajo el modelo actual.

Otra de las peticiones del sector ha sido la creación de un regulador convergente, es decir, que la ANTV y la CRC dejen de trabajar por aparte, en busca de mayor eficiencia, reglas claras y menor burocracia. El ministro de las TIC, David Luna, aseguró que esa cuestión fue una de las conclusiones de las mesas de trabajo que impulsó su cartera el año pasado. “El regulador convergente es una necesidad, una acción, que no da espera”, afirmó Luna.

De acuerdo con Gallé Mallol, presidenta de Asotic, la creación del regulador convergente es uno de los aspectos que espera esté contemplado en la nueva política para el sector. Al respecto, el ministro Luna añadió: “Lo referente al regulador convergente será discutido con el sector para, en un momento que no está establecido aún, presentarlo ante el Congreso de la República”.

El Gobierno ha manifestado su interés de mantener sano este sector, para que, con menos cargas, las empresas se formalicen, presten mejor servicio, con tarifas competitivas y en beneficio del consumidor. Además, para que con los aportes de estas empresas privadas se siga financiando la televisión pública.

Ahora bien, ¿cómo mantener la calidad de la televisión pública, teniendo en cuenta que los aportes de los privados disminuirán? Mora explicó que se llegó a un acuerdo “parcial” para que las pensiones de Inravisión no sean asumidas por el presupuesto de la ANTV. Es decir, que no se cobre a los cableoperadores para cumplir con esa obligación, que, según la directora, hoy está en manos del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (Foncep).

“Si no logramos actualizar los costos de lo que (las empresas de televisión por suscripción) están pagando, se van a ir y quizá se volverán productores de contenido. No queremos que se vayan”, agregó Ángela Mora, en referencia al riesgo que correría el sector si los cableoperadores continúan enfrentándose a concesiones y compensaciones excesivamente costosas.

Lo cierto es que estos cambios se sumarían a una medida que ya quedó en la legislación colombiana, a través de la última reforma tributaria, para poner un poco de carga del lado de la balanza de competidores como Netflix: el gravamen de 19 % de IVA en la transacción financiera que hace el usuario. Mientras tanto, jugadores nacionales, como la misma RTVC, de carácter público, están apostando por ofrecer sus propias plataformas a través de internet, para no quedar por fuera de la ofensiva digital.

La tecnología va más rápido que la regulación, hemos oído insistentemente, y las normas del sector audiovisual parecen estar poniéndose al día. El Gobierno, a través de una resolución y un proyecto de política, busca hacer frente a los cambios que las nuevas plataformas, como Netflix, puedan generar en el panorama de la industria audiovisual nacional.

Si bien, según la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), apenas 2,7 % de los colombianos usan internet como medio principal para ver televisión, es claro que ese porcentaje podría crecer conforme haya más bancarización, acceso a tarjetas de crédito o mayores ingresos. No reaccionar significaría una estocada, incluso mortal, para empresas como los cableoperadores.

Por eso han venido pidiendo al Gobierno que les “quiten cargas”. Es un llamado al que la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) respondería oficialmente a finales de este mes, con la expedición de una resolución en la que se cambian los aportes que la televisión por suscripción hace al Estado, con los cuales se financia la TV pública. Por ejemplo, el monto fijo de las concesiones que pagan las empresas bajaría de $51 millones a $11,4 millones. Así lo explicó la directora de la entidad, Ángela María Mora, en un foro del gremio Asotic.

Además, la compensación que estos privados dan al Estado se calcularía con base en los ingresos de las compañías y ya no en los usuarios que tienen, y habría montos menores para los cableoperadores que presten su servicio en poblaciones de menos de 100.000 habitantes, es decir, 1.059 municipios (más del 90 % del país). Para hacerse una idea, quienes trabajen en pequeñas poblaciones aportarían 1,5 % de sus ingresos, frente a un promedio de 7 % que la ANTV calcula que terminan aportando bajo el modelo actual.

Otra de las peticiones del sector ha sido la creación de un regulador convergente, es decir, que la ANTV y la CRC dejen de trabajar por aparte, en busca de mayor eficiencia, reglas claras y menor burocracia. El ministro de las TIC, David Luna, aseguró que esa cuestión fue una de las conclusiones de las mesas de trabajo que impulsó su cartera el año pasado. “El regulador convergente es una necesidad, una acción, que no da espera”, afirmó Luna.

De acuerdo con Gallé Mallol, presidenta de Asotic, la creación del regulador convergente es uno de los aspectos que espera esté contemplado en la nueva política para el sector. Al respecto, el ministro Luna añadió: “Lo referente al regulador convergente será discutido con el sector para, en un momento que no está establecido aún, presentarlo ante el Congreso de la República”.

El Gobierno ha manifestado su interés de mantener sano este sector, para que, con menos cargas, las empresas se formalicen, presten mejor servicio, con tarifas competitivas y en beneficio del consumidor. Además, para que con los aportes de estas empresas privadas se siga financiando la televisión pública.

Ahora bien, ¿cómo mantener la calidad de la televisión pública, teniendo en cuenta que los aportes de los privados disminuirán? Mora explicó que se llegó a un acuerdo “parcial” para que las pensiones de Inravisión no sean asumidas por el presupuesto de la ANTV. Es decir, que no se cobre a los cableoperadores para cumplir con esa obligación, que, según la directora, hoy está en manos del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (Foncep).

“Si no logramos actualizar los costos de lo que (las empresas de televisión por suscripción) están pagando, se van a ir y quizá se volverán productores de contenido. No queremos que se vayan”, agregó Ángela Mora, en referencia al riesgo que correría el sector si los cableoperadores continúan enfrentándose a concesiones y compensaciones excesivamente costosas.

Lo cierto es que estos cambios se sumarían a una medida que ya quedó en la legislación colombiana, a través de la última reforma tributaria, para poner un poco de carga del lado de la balanza de competidores como Netflix: el gravamen de 19 % de IVA en la transacción financiera que hace el usuario. Mientras tanto, jugadores nacionales, como la misma RTVC, de carácter público, están apostando por ofrecer sus propias plataformas a través de internet, para no quedar por fuera de la ofensiva digital.