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Cada vez son más las dudas que están sobre la mesa respecto a la licitación para el Canal del Dique. El nuevo ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció el jueves que se suspende nuevamente la adjudicación, esta vez hasta el próximo 12 de septiembre.
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El megaproyecto de $3,2 billones ha sido duramente cuestionado por las denuncias de los impactos ambientales que implica, por las alertas de las comunidades que aseguran que no hubo una participación efectiva, porque la adjudicación se iba a realizar a pocas horas del final del Gobierno Duque y porque el único oferente despierta muchas dudas. A esto se suma que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó que se garantice la búsqueda de desaparecidos en esta zona.
Este diario conoció un documento enviado a Carlos Alberto García, presidente encargado de la Agencia Nacional de Infraestructura, en el que la Contraloría pide evaluar los efectos de novedades judiciales y advierte que la reputación de Sacyr sí es un elemento relevante, como también lo es evaluar si la firma será capaz de completar dos obras que suman cerca de $7 billones, teniendo en cuenta que se le adjudicó el proyecto Buga-Buenaventura, el viernes pasado.
El documento firmado por Luis Fernando Mejía Gómez, contralor delegado para el sector de infraestructura, pone en conocimiento de la ANI que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cartagena admitió una tutela el 4 de agosto de 2022 y decretó varias pruebas, de ahí que solicita a la entidad que antes de la adjudicación “evalúe bien” los efectos que la decisión podría tener en la estructuración del proyecto y en la licitación.
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Especialmente, dice la Contraloría, porque ya está cerrada la licitación, porque la medida solicita realizar consulta previa al Consejo Comunitario de la Comunidad Afrodescendiente El Jinete Libre, porque se desconocen los “compromisos sociales, ambientales, técnicos y económicos que de ella se derivarían” y porque solo se puede abrir una licitación cuando ya se han hecho todas las consultas previas que tienen que ver con el proyecto.
La Contraloría también llamó la atención sobre la decisión de la Justicia Especial para la Paz (JEP) en la que se le ordena a la ANI adoptar protocolos técnicos para asegurar la “búsqueda, recuperación, identificación y entrega digna a sus familiares de los cuerpos de las víctimas desaparecidas a lo largo del referido cuerpo de agua, aproximadamente unas 9.638 personas”.
Al respecto, el órgano de control pide evaluar e informar cuáles son los efectos de esa decisión en el proyecto, particularmente porque la JEP ordenó “realizar unas delicadas actividades que no están incluidas en el objeto y alcance del futuro contrato de concesión, ni en las obligaciones a cargo del futuro concesionario ni tampoco en el Cápex y cronograma de este proyecto”.
El órgano de control asegura que se publicará un oficio sobre la respuesta de la ANI a la alerta de control interno respecto al proceso de evaluación de la única oferta recibida para la licitación. En dicha alerta, la Contraloría advirtió los riesgos de adjudicar el Canal del Dique y señaló inconsistencias en la oferta de Sacyr.
Entre otras cosas, en ese documento la entidad le preguntó a la Agencia si “ha realizado la debida verificación de los eventuales efectos reputacionales y de relacionamiento con posibles financiadores del oferente, en razón de la reciente sanción aplicada en España a la firma matriz y 100 % controlante del oferente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia bajo el cargo de ‘alterar el sistema de licitaciones públicas para Edificaciones e Infraestructuras’”.
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Por ahora, la Contraloría adelantó que los requisitos de esta y de cualquier otra licitación pública se deben cumplir rigurosamente “por todos los oferentes, independientemente de que solo sea uno, y de que algunos funcionarios eventualmente puedan considerar que lo importante es que el proyecto se pueda adjudicar y ejecutar”.
Además, la entidad sostiene que, contrario a lo que dijo la ANI, previo a cualquier adjudicación, el contratante “sí tiene el deber de evaluar los eventuales efectos de hechos relevantes y sobrevinientes tales como las posibles afectaciones reputacionales de un oferente y/o su efectiva capacidad para obtener la financiación requerida para ejecutar simultáneamente dos proyectos”. De hecho, la Contraloría recuerda que los dos proyectos (Canal del Dique y Buga-Buenaventura) suman cerca de $7 billones.
Vale recordar que entrevista con este diario, el entonces director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Manuel Gutiérrez, dijo que la entidad estaba obligada a continuar con el proceso porque no había “causas objetivas para dar terminación o para desistir del mismo”.
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Sacyr ha insistido en que no está inhabilitada porque la sanción en España no está en firme. “Se va a recurrir ante la Audiencia Nacional e incluso puede llegar hasta el Tribunal Supremo, que es cuando adquiriría firmeza. Entre tanto, Sacyr no está inhabilitada ni está en causal de inhabilitación”, asegura.
Finalmente, el órgano de control recuerda que en varias ocasiones ha expresado las inquietudes sobre la estructuración de este proyecto, y que todas fueron desestimadas por la ANI. “Vemos ahora que algunas de estas inquietudes coinciden con las expresadas recientemente por altos Funcionarios del nuevo Gobierno Nacional, principalmente en lo que se refiere al licenciamiento ambiental, al riesgo arqueológico, a la eventual modificación de unos estudios y diseños que la ANI ha definido como de Fase III y a la obligación de dragar el canal sin que estén bien definidas la periodicidad, los indicadores a medir, el nivel de servicio exigido al concesionario y el sitio de depósito del material dragado”.
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