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Mediante un comunicado, EPM dejó ver su reacción a la noticia de que la Contraloría General de la Nación dejó en firme, en segunda instancia, un fallo que fue proferido en septiembre del presente año y que responsabiliza a dos directivos de EPM, y otras 24 empresas y personas naturales, por el impacto económico que ha dejado el retraso del inicio de la operación de Hidroituango.
Puntualmente, la Contraloría asegura que el daño al patrimonio del Estado, sumado al lucro cesante del proyecto (estimado en más de $1,1 billones) que originalmente debió haber iniciado operaciones en noviembre de 2018, da como resultado $4,3 billones, de los cuales responsabiliza a los 26 implicados.
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Al respecto, EPM aseguró que conoció la noticia a través de los medios de comunicación. Además, que con su equipo técnico, jurídico, financiero y de riesgos estudiará el fallo, acogiéndose a la premisa de que respetan las decisiones tomadas por los entes de control.
“Una vez analizado, EPM implementará las acciones necesarias para mitigar los efectos que pueda producir en relación con el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Ituango e informará al mercado sobre las implicaciones que la mencionada situación pueda causar en el desarrollo de éste y el proceso de ajuste del siniestro”, detalló.
“Es importante tener en cuenta que a la fecha el fallo no se encuentra en firme y ejecutoriado, razón por la cual los contratistas deben cumplir con las obligaciones contractuales que se encuentran vigentes en los diferentes contratos”, añadió.
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Lo cierto es que esta no ha sido una semana fácil para EPM, pues ayer la Superintendencia de Servicios Públicos le impuso una multa por $1.817, precisamente por lo mismo, y es el retraso que ha tenido el inicio de la operación de este proyecto. En su momento, la empresa explicó que interpondrá los recursos pertinentes frente a la sanción.
“El cronograma de entrada en operación de las dos primeras unidades de generación de esta hidroeléctrica, proyectada por EPM para julio y octubre de 2022, tiene un margen muy estrecho para el manejo de posibles imprevistos o crisis que se puedan presentar. De ocurrir alguna eventualidad, se pondría en riesgo el cumplimiento de obligaciones de energía firme a cargo de EPM y su sostenibilidad financiera”, dijo la superintendente de servicios públicos, Natasha Avendaño.
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Otro aspecto importante que se suma a lo más relevante del contexto actual de Hidroituango, es un preacuerdo que se firmó el jueves entre EPM y el consorcio CCC. Este determina una prórroga contractual de ocho meses (del contrato que pierde vigencia el próximo 31 de diciembre), así como de tres meses de empalme con eventuales nuevos constructores.
Sobre dicho preacuerdo hay que precisar que no se efectuará hasta contar con el aval de las juntas directivas de las empresas constructoras. Aún de contar con la luz verde, queda la duda de qué pasará, pues el fallo de la Contraloría impacta a las empresas implicadas.