Responsabilidad fiscal por Hidroituango asciende a $4,3 billones: Contraloría
La Contraloría emitió fallo de responsabilidad por el caso Hidroituango. La medida cobija a figuras como Sergio Fajardo, Luis Alfredo Ramos y Alonso Salazar. La entidad consideró que Aníbal Gaviria no era fiscalmente responsable por la contingencia de 2018 en el proyecto hidroeléctrico.
Nueve meses después de proferir imputación por el caso Hidroituango, la Contraloría acaba de proferir fallo de responsabilidad fiscal por lo ocurrido durante la contingencia de 2018, que retrasó el mayor proyecto hidroeléctrico en Colombia y tuvo en vilo al país durante semanas por cuenta de una posible tragedia (que no sucedió, por fortuna) de proporciones nunca antes vistas en el país.
De las 28 imputaciones realizadas en diciembre del año pasado, la Contraloría sólo dejó por fuera de la responsabilidad fiscal a dos personas: Aníbal Gaviria (suspendido gobernador de Antioquia) y Jorge Mario Pérez Gallón.
Lea también: “Estudiaremos consecuencias en Hidroituango”: EPM sobre fallo de la Contraloría
La responsabilidad fiscal fallada por la Contraloría asciende a más de $4,3 billones.
Esto quiere decir que, entre los hallados como fiscalmente responsables, se encuentran figuras como Sergio Fajardo (exgobernador de Antioquia 2012-2016), Alonso Salazar (exalcalde de Medellín, 2008-2011) y Luis Alfredo Ramos (exgobernador de Antioquia (2008-2011).
El fallo de la Contraloría no sólo es un hito en este caso (que ya de por sí tiene un espacio reservado en los anaqueles de las fallas de infraestructura en Colombia), sino que tendrá, con seguridad, implicaciones políticas en un año preelectoral.
En el caso de los tres políticos antioqueños mencionados, la Contraloría calificó su culpa como grave. En la lista de los hallados como fiscalmente responsables figuran 13 personas más y nueve empresas.
La entidad aseguró, sin embargo, que contra el fallo proceden los recursos de reposición y apelación en lo que respecta a la responsabilidad fiscal. En el documento aseguró que negaba las solicitudes de nulidad presentadas por Ramos y Fajardo (entre otras personas naturales y una empresa). Aunque, a renglón seguido explicó que contra esta decisión (negar la nulidad pedida) aún procede recurso de apelación.
La investigación de la Contraloría nació en 2019, cuando comenzó a investigar cómo el proyecto hidroeléctrico había llegado a la contingencia de 2018, momento en el que el caudal del río Cauca amenazó la integridad física de la presa (que no había sido totalmente concluida en ese momento) después de que la Galería Auxiliar de Desviación se taponara. Debido a este taponamiento, EPM (responsable máximo del proyecto) debió permitir el paso del agua por la casa de máquinas (prácticamente destruyendo esta estructura, vital para el funcionamiento de la central eléctrica). Esta decisión terminó por sellar el destino del proyecto, que debía empezar a producir energía en noviembre de 2018 (la contingencia fue en abril de ese año). Actualmente, se espera que la central comience a generar electricidad el próximo año.
Lea también: Hidroituango: siete años de malas decisiones habrían causado deterioro patrimonial de $2,9 billones
La decisión actual de la Contraloría cobija a Fajardo, Ramos y Salazar, pues la tesis central de la entidad de control es que una serie de desacuerdos, omisiones y malas decisiones condujeron todo el proyecto hacia el taponamiento del 28 de abril de 2018, la contingencia que alteró la vida de miles de pobladores río abajo (en municipios como Puerto Valdivia) y las pérdidas económicas (bajo figuras como lucro cesante) por la energía que no se ha producido, pero que estaba contratada bajo las proyecciones de la entrada en funcionamiento de la central.
Además del lucro cesante, la responsabilidad fiscal se establece, según el ente de control, por las mayores inversiones que ha tocado efectuar en el proyecto (y que datan desde antes de la contingencia de 2018). La entidad asegura que, a junio de 2019, éstas excedían en 114.94 % “el valor inicialmente planeado”, que en 2011 fue estimado en US$3.409 millones.
De acuerdo con la investigación de la entidad (como se lee en la imputación de los hallados fiscalmente responsables), “la Contingencia no obedeció exclusivamente a una causa externa, sino que la misma fue producto de defectos constructivos, problemas en el seguimiento y control de las obras, como consecuencia de la ejecución acelerada de las obras para intentar cumplir a toda costa con una fecha de entrada de generación de energía”.
¿Qué pasó en Hidroituango?
La Contraloría ya había dicho que la raíz de los males en el proyecto fue una acumulación de atrasos que se remontan a la construcción de las vías de acceso al sitio en donde se excavarían los túneles de desviación del río Cauca. Tanto la carretera, como los túneles, son pizas claves de la infraestructura de todo el proyecto porque sin desviación de las aguas es imposible construir la presa y, sin el muro, no es posible hablar de una central hidroeléctrica.
Lo que pasó con la vía es que, debido a mala planeación (en palabras de la Contraloría) se generaron más obras (más costos) y retrasos que comenzaron a correr contra el cronograma de desviación del Cauca y, con ello, contra todo el proyecto.
En el cronograma inicial de la megaobra, las obras de desviación del río “deben comenzar a más tardar en febrero de 2011 para tenerlo totalmente desviado en 2012”. Pero en marzo de 2011, debido a los atrasos, tocó suscribir un contrato para intentar desastrar el proyecto (conocido como BOOMT). En ese documento, la desviación ocurriría en enero de 2013.
Para 2012, EPM corrió una simulación para ver cómo los problemas que habían acumulado hasta ese momento impactarían el desarrollo del proyecto y concluyó, cita la Contraloría, que la obra no estaría lista a tiempo (de hecho, llevaba nueve meses de atraso).
En detalle: El camino que transitó Hidroituango hacia la emergencia
Y esta consciencia es clave para el ente de control porque EPM se presentó para una subasta de energía a futuro, en la que le fueron asignadas Obligaciones de Energía Firme (OEF) mediante el popular cargo por confiabilidad para un periodo entre diciembre de 2021 y el 30 de noviembre de 2038. Esta fue la segunda subasta en la que participó el proyecto, vale la pena aclarar. En otras palabras, el proyecto estaba asumiendo responsabilidades futuras de generación en un momento en el que, según la Contraloría, tenía claro que la fecha de finalización y puesta en marcha de la central estaba en veremos.
En este punto de la historia, la desviación del río no se ha realizado (y sólo se podía hacer en los meses de verano, por razones obvias) y tampoco se han contratado las obras para fabricar las compuertas que regularían el caudal del río a través de los túneles. Para diciembre de 2013, dice la Contraloría, estos elementos llevaban un atraso de 91 % respecto al cronograma.
Y este asunto es clave, pues la conjunción de retrasos en ambos puntos fue clave en la toma de decisiones que llevaron a la contingencia de 2018.
Como los dos frentes arrastraban retrasos, se decidió no instalar las guías de las compuertas (cada una de siete metros de alto por 14 de ancho) y, a su vez, construir un tercer túnel para manejar las aguas del Cauca, la famosa Galexía Auxiliar de Desviación (GAD). Esta estructura no estaba incluida en el plan inicial de obras, fue erigida sin el consentimiento de la junta de asesores del proyecto y “adoleció de defectos constuctivos, como consecuencia de la falta de diligencia del contratista, así como de la ausencia de control y seguimiento (…)”, según se lee en el fallo proferido este lunes.
Los defectos constructivos fueron detallados en su momento en el informe contratado por los reaseguradores del proyecto. En él se da cuenta que “la causa raíz del evento fue una combinación de problemas no resueltos con los procesos diseño, supervisión y construcción en un área de una zona de cizalla que hicieron al túnel vulnerable a un grupo particular de condiciones hidráulicas que ocurrieron a mediados de abril de 2018”.
¿En qué está el proyecto?
En julio de este año, el presidente Iván Duque aseguró que la primera unidad de generación de energía de Hidroituango entrará en funcionamiento en junio de 2022 y la segunda en noviembre de ese mismo año. Las seis unidades restantes deben entrar en operación entre 2023 y 2025, según EPM.
Hoy, el proyecto cuenta con un avance de obra de más de 84 %. La semana pasada, EPM informó que continúa con la instalación de equipos en la casa de máquinas (estructura que fue inundada en 2018 para evitar el desbordamiento del Cauca por encima de la presa). En ese momento, la empresa anunció que ya instaló una cámara espiral y un anillo estacionario que cuentan con la capacidad de conducir un caudal de 169 metros cúbicos por segundo. Estos equipos permitirán el funcionamiento de la segunda unidad de la central eléctrica.
Se estima que Hidroituango llegue a generar 17 % de la electricidad que demanda el país.
Nueve meses después de proferir imputación por el caso Hidroituango, la Contraloría acaba de proferir fallo de responsabilidad fiscal por lo ocurrido durante la contingencia de 2018, que retrasó el mayor proyecto hidroeléctrico en Colombia y tuvo en vilo al país durante semanas por cuenta de una posible tragedia (que no sucedió, por fortuna) de proporciones nunca antes vistas en el país.
De las 28 imputaciones realizadas en diciembre del año pasado, la Contraloría sólo dejó por fuera de la responsabilidad fiscal a dos personas: Aníbal Gaviria (suspendido gobernador de Antioquia) y Jorge Mario Pérez Gallón.
Lea también: “Estudiaremos consecuencias en Hidroituango”: EPM sobre fallo de la Contraloría
La responsabilidad fiscal fallada por la Contraloría asciende a más de $4,3 billones.
Esto quiere decir que, entre los hallados como fiscalmente responsables, se encuentran figuras como Sergio Fajardo (exgobernador de Antioquia 2012-2016), Alonso Salazar (exalcalde de Medellín, 2008-2011) y Luis Alfredo Ramos (exgobernador de Antioquia (2008-2011).
El fallo de la Contraloría no sólo es un hito en este caso (que ya de por sí tiene un espacio reservado en los anaqueles de las fallas de infraestructura en Colombia), sino que tendrá, con seguridad, implicaciones políticas en un año preelectoral.
En el caso de los tres políticos antioqueños mencionados, la Contraloría calificó su culpa como grave. En la lista de los hallados como fiscalmente responsables figuran 13 personas más y nueve empresas.
La entidad aseguró, sin embargo, que contra el fallo proceden los recursos de reposición y apelación en lo que respecta a la responsabilidad fiscal. En el documento aseguró que negaba las solicitudes de nulidad presentadas por Ramos y Fajardo (entre otras personas naturales y una empresa). Aunque, a renglón seguido explicó que contra esta decisión (negar la nulidad pedida) aún procede recurso de apelación.
La investigación de la Contraloría nació en 2019, cuando comenzó a investigar cómo el proyecto hidroeléctrico había llegado a la contingencia de 2018, momento en el que el caudal del río Cauca amenazó la integridad física de la presa (que no había sido totalmente concluida en ese momento) después de que la Galería Auxiliar de Desviación se taponara. Debido a este taponamiento, EPM (responsable máximo del proyecto) debió permitir el paso del agua por la casa de máquinas (prácticamente destruyendo esta estructura, vital para el funcionamiento de la central eléctrica). Esta decisión terminó por sellar el destino del proyecto, que debía empezar a producir energía en noviembre de 2018 (la contingencia fue en abril de ese año). Actualmente, se espera que la central comience a generar electricidad el próximo año.
Lea también: Hidroituango: siete años de malas decisiones habrían causado deterioro patrimonial de $2,9 billones
La decisión actual de la Contraloría cobija a Fajardo, Ramos y Salazar, pues la tesis central de la entidad de control es que una serie de desacuerdos, omisiones y malas decisiones condujeron todo el proyecto hacia el taponamiento del 28 de abril de 2018, la contingencia que alteró la vida de miles de pobladores río abajo (en municipios como Puerto Valdivia) y las pérdidas económicas (bajo figuras como lucro cesante) por la energía que no se ha producido, pero que estaba contratada bajo las proyecciones de la entrada en funcionamiento de la central.
Además del lucro cesante, la responsabilidad fiscal se establece, según el ente de control, por las mayores inversiones que ha tocado efectuar en el proyecto (y que datan desde antes de la contingencia de 2018). La entidad asegura que, a junio de 2019, éstas excedían en 114.94 % “el valor inicialmente planeado”, que en 2011 fue estimado en US$3.409 millones.
De acuerdo con la investigación de la entidad (como se lee en la imputación de los hallados fiscalmente responsables), “la Contingencia no obedeció exclusivamente a una causa externa, sino que la misma fue producto de defectos constructivos, problemas en el seguimiento y control de las obras, como consecuencia de la ejecución acelerada de las obras para intentar cumplir a toda costa con una fecha de entrada de generación de energía”.
¿Qué pasó en Hidroituango?
La Contraloría ya había dicho que la raíz de los males en el proyecto fue una acumulación de atrasos que se remontan a la construcción de las vías de acceso al sitio en donde se excavarían los túneles de desviación del río Cauca. Tanto la carretera, como los túneles, son pizas claves de la infraestructura de todo el proyecto porque sin desviación de las aguas es imposible construir la presa y, sin el muro, no es posible hablar de una central hidroeléctrica.
Lo que pasó con la vía es que, debido a mala planeación (en palabras de la Contraloría) se generaron más obras (más costos) y retrasos que comenzaron a correr contra el cronograma de desviación del Cauca y, con ello, contra todo el proyecto.
En el cronograma inicial de la megaobra, las obras de desviación del río “deben comenzar a más tardar en febrero de 2011 para tenerlo totalmente desviado en 2012”. Pero en marzo de 2011, debido a los atrasos, tocó suscribir un contrato para intentar desastrar el proyecto (conocido como BOOMT). En ese documento, la desviación ocurriría en enero de 2013.
Para 2012, EPM corrió una simulación para ver cómo los problemas que habían acumulado hasta ese momento impactarían el desarrollo del proyecto y concluyó, cita la Contraloría, que la obra no estaría lista a tiempo (de hecho, llevaba nueve meses de atraso).
En detalle: El camino que transitó Hidroituango hacia la emergencia
Y esta consciencia es clave para el ente de control porque EPM se presentó para una subasta de energía a futuro, en la que le fueron asignadas Obligaciones de Energía Firme (OEF) mediante el popular cargo por confiabilidad para un periodo entre diciembre de 2021 y el 30 de noviembre de 2038. Esta fue la segunda subasta en la que participó el proyecto, vale la pena aclarar. En otras palabras, el proyecto estaba asumiendo responsabilidades futuras de generación en un momento en el que, según la Contraloría, tenía claro que la fecha de finalización y puesta en marcha de la central estaba en veremos.
En este punto de la historia, la desviación del río no se ha realizado (y sólo se podía hacer en los meses de verano, por razones obvias) y tampoco se han contratado las obras para fabricar las compuertas que regularían el caudal del río a través de los túneles. Para diciembre de 2013, dice la Contraloría, estos elementos llevaban un atraso de 91 % respecto al cronograma.
Y este asunto es clave, pues la conjunción de retrasos en ambos puntos fue clave en la toma de decisiones que llevaron a la contingencia de 2018.
Como los dos frentes arrastraban retrasos, se decidió no instalar las guías de las compuertas (cada una de siete metros de alto por 14 de ancho) y, a su vez, construir un tercer túnel para manejar las aguas del Cauca, la famosa Galexía Auxiliar de Desviación (GAD). Esta estructura no estaba incluida en el plan inicial de obras, fue erigida sin el consentimiento de la junta de asesores del proyecto y “adoleció de defectos constuctivos, como consecuencia de la falta de diligencia del contratista, así como de la ausencia de control y seguimiento (…)”, según se lee en el fallo proferido este lunes.
Los defectos constructivos fueron detallados en su momento en el informe contratado por los reaseguradores del proyecto. En él se da cuenta que “la causa raíz del evento fue una combinación de problemas no resueltos con los procesos diseño, supervisión y construcción en un área de una zona de cizalla que hicieron al túnel vulnerable a un grupo particular de condiciones hidráulicas que ocurrieron a mediados de abril de 2018”.
¿En qué está el proyecto?
En julio de este año, el presidente Iván Duque aseguró que la primera unidad de generación de energía de Hidroituango entrará en funcionamiento en junio de 2022 y la segunda en noviembre de ese mismo año. Las seis unidades restantes deben entrar en operación entre 2023 y 2025, según EPM.
Hoy, el proyecto cuenta con un avance de obra de más de 84 %. La semana pasada, EPM informó que continúa con la instalación de equipos en la casa de máquinas (estructura que fue inundada en 2018 para evitar el desbordamiento del Cauca por encima de la presa). En ese momento, la empresa anunció que ya instaló una cámara espiral y un anillo estacionario que cuentan con la capacidad de conducir un caudal de 169 metros cúbicos por segundo. Estos equipos permitirán el funcionamiento de la segunda unidad de la central eléctrica.
Se estima que Hidroituango llegue a generar 17 % de la electricidad que demanda el país.