"Sabor agridulce" dejó retiro de proyecto que creaba nueva autoridad para las comunicaciones

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“Un sabor agridulce”, en palabras del ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) encargado, Juan Sebastián Rozo, quedó en el gobierno nacional después del retiro del proyecto de ley que creaba una nueva autoridad para las comunicaciones en el país, conocida como “regulador convergente”. La propuesta legislativa, por petición del Mintic, se hizo a un lado este martes en el Congreso de la República.

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La razón del desencanto, según Rozo, es que desde 2016 el gobierno, junto con diferentes actores de la industria, venía trabajando en el proyecto, que buscaba crear una única entidad que fusionara la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV, que habría sido liquidada) y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC, que habría tenido modificaciones y adquirido nuevas funciones).

En efecto, en la discusión, ha habido relativo consenso en que una nueva entidad es necesaria en tiempos en que el consumo de contenidos y los modelos de negocio tradicionales (canales de TV, operadores de telefonía, entre otros) han cambiado a raíz de la aparición de servicios como Netflix o Whatsapp, plataformas conocidas como OTT (over-the-top) porque operan a través de internet.

“Queda el sabor amargo de no haber podido darle al país en esta legislatura un nuevo regulador convergente que responda a esa nueva y veloz dinámica que tiene todo el ecosistema y la industria de contenidos audiovisuales, de telecomunicaciones y de tecnología, no solo en Colombia sino en el mundo”, dijo Rozo.

Pero, por otro lado, las autoridades se declararon satisfechas con el retiro del proyecto, debido a que la ponencia que preparó el Senado de la República incluía cambios “sustanciales”, que, según el Mintic, la ANTV, los canales regionales, entre otros, habrían desfinanciado la televisión pública, en unos $123.000 millones solo hablando de 2019.

Otros sectores, como la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) y el gremio de operadores móviles, Asomóvil, habían negado que ese déficit ocurriría y estaban de acuerdo con que el trámite del proyecto de ley continuara.

Asimismo, señalaban un estudio del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que respaldaba modificaciones introducidas en el articulado por el ponente, Mario Fernández Alcocer, del Partido Liberal, como la creación de un único fondo de recursos que fusionara aquellos con los que actualmente se financian la TV pública (el Fontv) y el desarrollo tecnológico del país (Fontic). A estos aportan empresas como los operadores de televisión por suscripción y los operadores de telefonía móvil, y su existencia por separado se mantenía en el proyecto original del Mintic.

"Desafortunadamente en esta ocasión se ha perdido la oportunidad para fortalecer el sector de las TIC en general, así como la televisión pública hacia adelante. Sin embargo, a partir del 7 de agosto trabajaremos de la mano con el nuevo gobierno para sacar adelante esta reforma institucional que es tan necesaria para asegurar la continua inversión hacia el sector para muchos años", dijo Alberto Samuel Yohai, presidente de la CCIT.

Según Ángela María Mora, directora de la ANTV, la entidad que lidera nunca se ha opuesto a la creación del regulador convergente. “Sabemos que es una necesidad, pero, a costa de esto, no se podía acabar con la televisión pública”, afirmó.

En vista de que el próximo 20 de julio se instala el nuevo Congreso de la República y el 7 de agosto, un nuevo gobierno, Mora añadió que: “ya están todos los estudios que se hicieron desde la ANTV, Mintic, incluso el del DNP, y le corresponderá a un nuevo ministro o ministra entrar a mirar qué se puede hacer con eso”, teniendo en cuenta que “el regulador convergente es una necesidad”.

Tanto Mora como Rozo estuvieron de acuerdo en que seguir con la discusión y presentar un nuevo proyecto de ley debe estar entre las principales tareas de quien llegue a ocupar el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El ministro encargado, quien calificó de “obligación moral” haber pedido el retiro del proyecto, afirmó que este será punto clave en el empalme con el próximo gobierno.