Espejito, espejito: ¿cuáles son los mejores salarios en el Estado colombiano?
Las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la negativa a subir los salarios altos del Estado pusieron en el centro del debate el rubro de gasto del Presupuesto General. Un nuevo informe desglosa cómo es la asignación de recursos en términos de personal y cargos oficiales.
Por lo general, los titulares alrededor del Presupuesto General de la Nación (PGN) se van por el lado del rubro de inversión o el pago de la deuda. Y se entiende por qué: la primera arista le sirve al gobierno de turno para destacar en gestión y la segunda funciona para que la oposición de turno critique el manejo macroeconómico del país.
Sin embargo, el presupuesto del país se compone, en su mayoría, de gastos de funcionamiento. Casi siempre, los presupuestos se dividen en 20 % inversión, 20 % servicio de la deuda y 60 % alimenta el crujir de las ruedas que hacen girar la maquinaria del Estado.
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Así que la discusión suele contemplar apenas 40 % de la discusión, mientras que más de la mitad del dinero pasa por debajo del radar, oculto bajo la diaria rutina de las funciones y los trámites de la burocracia colombiana.
Entre los rubros de funcionamiento, uno de los que más destaca, más allá de las compras de papelería o los escándalos con el uso de los carros oficiales, son los salarios de los funcionarios públicos.
Este tema llegó, casi por que accidente, a la agenda nacional esta semana cuando el presidente Gustavo Petro aseguró que los salarios altos del Estado no subirán el próximo año. Esto en parte por el hueco que se abrió en las cuentas del Gobierno por el fallo de la Corte Constitucional que tumbó una previsión sobre regalías del sector minero energético que estaba incluida en la reforma tributaria.
En pocas palabras, la reforma buscaba que las regalías no fueras deducibles en el impuesto de renta que pagan las compañías del sector en Colombia, una medida que le reportaría al Gobierno cerca de $5 billones en nuevos ingresos entre este año y el próximo.
La Corte decidió que esta medida no es constitucional pues, entre otras cosas, abre el espacio para asuntos como doble tributación, para resumirlo muy ampliamente.
El mandatario aseguró que sería un “suicidio económico” subir los salarios altos del Estado en 2024.
¿Salarios oficiales por las nubes?
La otra razón por la que el tema de los salarios saltó a la discusión pública es por cuenta de un informe del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana, que publicó un informe en el que detalla cuáles son las entidades con más gastos de personal en Colombia.
Las bases del documento son los documentos con los cuales las entidades justifican las partidas que piden del Presupuesto General al Ministerio de Hacienda. Estos informes se envían para la elaboración del anteproyecto de PGN que se presenta cada abril ante el Congreso.
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Estos papeles son clave, pues son quizá el único repositorio público que explica, con mayor detalle y porosidad, ese 60 % de todo el Presupuesto en qué se gasta.
Para el Observatorio es vital que el país conozca “si los recursos públicos que se gastan en el pago de nóminas es- tatales tiene se justifica o está siendo desperdiciado en el funcionamiento de instituciones con funciones duplicadas, sin objetivos de política claros o medibles, etc”.
Casi sin sorpresas, el análisis permite ver que el sector que tiene mayor número de cargos es el de Defensa y Policía, con 496.344 puestos de los 677.748 empleos que ofrece el Estado. El siguiente sector con más empleados es la rama judicial (35.646). “Los sectores más costosos son Defensa y Policía con $24,5 billones para 496.344 cargos, Hacienda con $9,7 billones para 25.395 cargos, Rama Judicial con $7,2 billones para 35.646 cargos, Fiscalía con $5,3 billones para 27.020 cargos y Organismos de Control con $2,8 billones para 15.106 cargos”, se lee en el informe.
Sin embargo, cuando la torta se mira desde el gasto de personal per cápita, los hallazgos muestran un panorama interesante, por decir lo menos. La entidad que sale en el tope de remuneraciones es el Fondo de Adaptación, una entidad creada hace poco más de 10 años, que cuenta con una plata de personal de 87 personas, según el Observatorio, y un pago per cápita de más de $24 millones.
Esta misma entidad también está en el tope de los cargos mejor pagados. Su gerente tiene una remuneración mensual que bordea los $80 millones; el cargo con menor denominación en esta (auxiliar administrativo) gana cerca de $4 millones mensuales, según el informe.
Esta cifra contrasta, por ejemplo, con lo que devenga mensualmente un magistrado de las altas cortes (Suprema, Constitucional o Consejo de Estado), cuyo salario asciende a casi $62 millones, de acuerdo con la información recabada por el Observatorio.
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En la misma línea de hallazgos llamativos, el informe establece que entre las entidades con mayor gasto de personal per cápita se encuentra la Agencia Nacional Inmobiliaria, con un gasto de $5.000 millones “para el pago de su planta de 20 funcionarios públicos. Sus funciones son identificar, promover, gestionar, gerenciar y ejecutar proyectos de renovación y desarrollo urbano, así como construir y gestionar, mediante asociaciones público privadas o contratación de obras, inmuebles destinados a entidades oficiales del orden nacional”, se lee en la investigación.
El director de esta entidad tiene una remuneración mensual de poco más de $76 millones, apenas por debajo de la del presidente de la Agencia Nacional de Hidocarburos (ANH), entidad que se encarga de tramitar las licencias de explotación de hidrocarburos en el país, así como certificar el estado de las reservas y gerenciar las rondas de exploración de estos productos energéticos, vitales para la economía colombiana.
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Por lo general, los titulares alrededor del Presupuesto General de la Nación (PGN) se van por el lado del rubro de inversión o el pago de la deuda. Y se entiende por qué: la primera arista le sirve al gobierno de turno para destacar en gestión y la segunda funciona para que la oposición de turno critique el manejo macroeconómico del país.
Sin embargo, el presupuesto del país se compone, en su mayoría, de gastos de funcionamiento. Casi siempre, los presupuestos se dividen en 20 % inversión, 20 % servicio de la deuda y 60 % alimenta el crujir de las ruedas que hacen girar la maquinaria del Estado.
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Así que la discusión suele contemplar apenas 40 % de la discusión, mientras que más de la mitad del dinero pasa por debajo del radar, oculto bajo la diaria rutina de las funciones y los trámites de la burocracia colombiana.
Entre los rubros de funcionamiento, uno de los que más destaca, más allá de las compras de papelería o los escándalos con el uso de los carros oficiales, son los salarios de los funcionarios públicos.
Este tema llegó, casi por que accidente, a la agenda nacional esta semana cuando el presidente Gustavo Petro aseguró que los salarios altos del Estado no subirán el próximo año. Esto en parte por el hueco que se abrió en las cuentas del Gobierno por el fallo de la Corte Constitucional que tumbó una previsión sobre regalías del sector minero energético que estaba incluida en la reforma tributaria.
En pocas palabras, la reforma buscaba que las regalías no fueras deducibles en el impuesto de renta que pagan las compañías del sector en Colombia, una medida que le reportaría al Gobierno cerca de $5 billones en nuevos ingresos entre este año y el próximo.
La Corte decidió que esta medida no es constitucional pues, entre otras cosas, abre el espacio para asuntos como doble tributación, para resumirlo muy ampliamente.
El mandatario aseguró que sería un “suicidio económico” subir los salarios altos del Estado en 2024.
¿Salarios oficiales por las nubes?
La otra razón por la que el tema de los salarios saltó a la discusión pública es por cuenta de un informe del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana, que publicó un informe en el que detalla cuáles son las entidades con más gastos de personal en Colombia.
Las bases del documento son los documentos con los cuales las entidades justifican las partidas que piden del Presupuesto General al Ministerio de Hacienda. Estos informes se envían para la elaboración del anteproyecto de PGN que se presenta cada abril ante el Congreso.
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Estos papeles son clave, pues son quizá el único repositorio público que explica, con mayor detalle y porosidad, ese 60 % de todo el Presupuesto en qué se gasta.
Para el Observatorio es vital que el país conozca “si los recursos públicos que se gastan en el pago de nóminas es- tatales tiene se justifica o está siendo desperdiciado en el funcionamiento de instituciones con funciones duplicadas, sin objetivos de política claros o medibles, etc”.
Casi sin sorpresas, el análisis permite ver que el sector que tiene mayor número de cargos es el de Defensa y Policía, con 496.344 puestos de los 677.748 empleos que ofrece el Estado. El siguiente sector con más empleados es la rama judicial (35.646). “Los sectores más costosos son Defensa y Policía con $24,5 billones para 496.344 cargos, Hacienda con $9,7 billones para 25.395 cargos, Rama Judicial con $7,2 billones para 35.646 cargos, Fiscalía con $5,3 billones para 27.020 cargos y Organismos de Control con $2,8 billones para 15.106 cargos”, se lee en el informe.
Sin embargo, cuando la torta se mira desde el gasto de personal per cápita, los hallazgos muestran un panorama interesante, por decir lo menos. La entidad que sale en el tope de remuneraciones es el Fondo de Adaptación, una entidad creada hace poco más de 10 años, que cuenta con una plata de personal de 87 personas, según el Observatorio, y un pago per cápita de más de $24 millones.
Esta misma entidad también está en el tope de los cargos mejor pagados. Su gerente tiene una remuneración mensual que bordea los $80 millones; el cargo con menor denominación en esta (auxiliar administrativo) gana cerca de $4 millones mensuales, según el informe.
Esta cifra contrasta, por ejemplo, con lo que devenga mensualmente un magistrado de las altas cortes (Suprema, Constitucional o Consejo de Estado), cuyo salario asciende a casi $62 millones, de acuerdo con la información recabada por el Observatorio.
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En la misma línea de hallazgos llamativos, el informe establece que entre las entidades con mayor gasto de personal per cápita se encuentra la Agencia Nacional Inmobiliaria, con un gasto de $5.000 millones “para el pago de su planta de 20 funcionarios públicos. Sus funciones son identificar, promover, gestionar, gerenciar y ejecutar proyectos de renovación y desarrollo urbano, así como construir y gestionar, mediante asociaciones público privadas o contratación de obras, inmuebles destinados a entidades oficiales del orden nacional”, se lee en la investigación.
El director de esta entidad tiene una remuneración mensual de poco más de $76 millones, apenas por debajo de la del presidente de la Agencia Nacional de Hidocarburos (ANH), entidad que se encarga de tramitar las licencias de explotación de hidrocarburos en el país, así como certificar el estado de las reservas y gerenciar las rondas de exploración de estos productos energéticos, vitales para la economía colombiana.
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