Salida de Ricardo Bonilla: cómo queda y qué viene para el país económico

Este miércoles, el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia a Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, por los presuntos hechos que vincularían al funcionario con la supuesta compra de votos de congresistas a través de los contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Este miércoles, el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia a Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, por los presuntos hechos que vincularían al funcionario con la supuesta compra de votos de congresistas a través de los contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“Espero su renuncia, no porque crea que es culpable, sino porque lo quieren despedazar por ser leal al programa de gobierno y quieren derribar inconstitucionalmente ese gobierno. (...) Espero su renuncia porque ahora debe dedicarse a su defensa sin mancha de usar el poder en su defensa”, dijo el mandatario en su cuenta de X.

Pocas horas después de este trino, el ahora exfuncionario, que estuvo un año y medio al frente de la cartera de Hacienda, presentó su carta oficial de renuncia.

Bonilla se va en un momento lleno de incertidumbres, tanto económicas, como judiciales. Durante meses, el economista ha insistido en su inocencia. Acompañado de su equipo legal, ha asegurado en varias oportunidades en que todas sus actuaciones han estado apegadas a las necesidades y extensiones de su cargo. Sus explicaciones se han dado en conversaciones calmadas, explicando, con cierta minucia, que no ha incurrido en delito alguno. En su renuncia, dijo que se retira “con la frente en alto” y confiado de que podrá convencer a sus investigadores de que no compró “silencios, ni votos de congresistas, ni cupos indicativos”.

Sin embargo, el pasado domingo la Unidad Investigativa de Noticias Caracol publicó los audios en los que María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, dijo ante la Fiscalía que Bonilla conocía el entramado de corrupción que conecta a esa cartera, al Congreso y a funcionarios y exfuncionarios de alto nivel del Gobierno Petro.

En su declaración, la exasesora dijo que Bonilla, el entonces Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y Jaime Ramírez Cobo, asesor de la Presidencia, trabajaban coordinados para conseguir los votos. La supuesta compra de congresistas se habría dado en diciembre del año pasado para destrabar la aprobación, por parte de la Comisión de Crédito Público, de una millonaria suma en créditos internacionales para la Nación. Para conseguir el apoyo necesario, presuntamente, se ordenó direccionar tres contratos por $92.000 millones en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).

En julio, otros dos testimonios ya habían salpicado a Bonilla. Olmedo López, exdirector de la UNGRD y confeso responsable del desfalco a la entidad, se refirió en sus declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia a unas reuniones que denominó “cónclaves” en las que altos funcionarios del Gobierno habrían pactado la entrega de contratos a cinco congresistas a cambio de votos. Según López, fue Bonilla quien dio la orden. Las declaraciones y los chats que entregó Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD, a la justicia (y que reveló Noticias Caracol) también vincularon al ahora exministro con el escándalo.

Los problemas económicos

En toda justicia, el funcionario no ha sido condenado ni vencido en juicio por asunto alguno relacionado con todo este escándalo. Y, sin embargo, su salida de Gobierno se concreta porque, de cierta forma, el ruido que lo persigue se ha convertido en una especie de lastre en un momento delicado para las finanzas de la Nación; delicado siendo un adjetivo algo benévolo para la hondura del momento.

Por cuenta del bajo recaudo tributario, este año el Gobierno ha efectuado dos recortes presupuestales: el primero con una congelación de gasto por orden de $20 billones y, recientemente, una suma de $8 billones adicionales.

Para este punto de la historia, el recaudo de impuestos se encuentra en cerca de $17 billones por debajo de la meta esperada, según cifras de la DIAN con corte a octubre: en los primeros 10 meses de este año llegaron a las arcas del Estado $223,86 billones por el lado de impuestos, frente a los $240,3 alcanzados en el mismo periodo de 2023.

Y si bien el Gobierno ha efectuado dos recortes para intentar mantener las cuentas nacionales en línea con los límites de la regla fiscal, los cálculos de algunos analistas indican que se necesitan intervenciones más drásticas en el Presupuesto General de la Nación.

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De acuerdo con Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana, se necesitarían unos $30 billones adicionales para cuadrar caja de verdad al finalizar este año. O sea, llegar a un total de $50 billones en reajustes presupuestales.

Según las cuentas del Observatorio, el recaudo tributario cumpliría la meta entre 90 % y 96 % para este año. El faltante es, justamente, lo que duele en estos momentos.

Esa es la situación de 2024. La de 2025 se ve, de cierta forma, muy similar, pues el Presupuesto General de la Nación, dicen algunos analistas, ya está desfinanciado. Y lo estará aún más si no se aprueba la Ley de Financiamiento, una suerte de reforma tributaria que tiene su camino en el Congreso entre enredado e inexistente.

Este proyecto busca aportarle $12 billones al Presupuesto, mediante una combinación de impuestos (unos $6 billones) y cupo de deuda (una maniobra para adelantar el cumplimiento de las metas de la regla fiscal, que aportaría los otros $6 billones, aproximadamente).

Pero lo cierto es que la ley está estancada en el Congreso por varias razones: la primera es que todas las modificaciones de impuestos son impopulares, de entrada. La segunda, que con los problemas políticos de Bonilla es muy complicado sacar adelante el proyecto. Como comentó un funcionario que pidió la reserva de su nombre: “En el Congreso olieron la sangre en el agua del ministro y entraron en el festín de negar ese proyecto”.

En las proyecciones de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, incluso si pasa un pedazo de la ley (la porción de deuda, no la de impuestos), el faltante del Presupuesto para todo 2025 sería de unos $40 billones. Salazar, del Observatorio de la Javeriana, va más allá y habla de $60 billones.

En otras palabras, en el panorama fiscal del país lo único que parece verse no son tanto nubarrones, sino pelotas de granizo cayendo duro contra el parabrisas.

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