Salud, la crisis estaba cantada

Cuando el 18 de noviembre de 2009 el presidente Álvaro Uribe anunció ante la cumbre de gobernadores la necesidad de declarar el estado de Emergencia Social para conjurar la crisis del sistema de salud, muchos nos mostramos sorprendidos. ¿Se había presentado acaso una situación inesperada que ponía en riesgo la salud de la población? Rápidamente se hizo evidente que dicha noticia respondía a las reiteradas manifestaciones de gobernadores, Acemi, asociaciones de hospitales y distintas sociedades médicas y científicas, frente a la grave crisis por la que viene atravesando el sector de la salud desde hace más de cuatro años.

El 21 de septiembre de 2005 se llevó a cabo una reunión entre representantes de varias EPS con el Presidente y el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, para expresar la gran preocupación frente a las deudas morosas que el Fosyga tenía con ellas por los servicios no POS. El Presidente le solicitó al Ministro que solucionara el problema rápidamente y que diseñara un mecanismo de pago similar al de la compensación, para que dichas cuentas pudieran pagarse. Se ordenó una reunión de seguimiento en tres meses para revisar los avances. Nada de esto se cumplió.

Un encuentro similar y con idénticos resultados se realizó el 5 de septiembre de 2006 con el Ministro; el viceministro técnico, Ramiro Guerrero, y la ministra consejera, Cecilia Álvarez Correa, en la que solicitaron un análisis jurídico para establecer un proceso más expedito de recobros, que se envió de inmediato y que nunca recibió respuesta ni comentarios.

El 21 de febrero de 2007 el Consejo de Estado emitió una sentencia frente a una acción popular, en la cual les dio la orden al Fosyga y al Ministerio de pagarles a las EPS las deudas en mora por servicios no POS dentro de los dos meses siguientes. Ministerio y Fosyga se dieron a la tarea de presentar recursos, por lo que la sentencia entró en firme hasta el mes de septiembre, de forma que el Gobierno debería haberla cumplido en noviembre de ese año, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido.

Estos dineros represados hicieron que clínicas y médicos sufrieran las consecuencias y se agravaran las diferencias entre los participantes del sistema de salud, porque la falta de recursos y la ausencia de claridad sobre qué servicios y medicamentos estaban incluidos en el POS hicieron que la crisis se profundizara. Ante la situación, la Ministra Consejera convocó en diciembre de 2007 a un “taller” con todos los actores del sistema, el cual fue coordinado por la doctora Beatriz Londoño, para realizar un diagnóstico del sector y proponer fórmulas de solución que debían ejecutarse de manera inmediata para evitar un colapso. El diagnóstico fue el mismo de hoy, así como las soluciones planteadas, pero nunca se llevaron a cabo.

El 31 de julio de 2008 la Corte Constitucional expidió la Sentencia T-760 y le impuso al Gobierno más de veinte órdenes para salvaguardar derechos fundamentales de los ciudadanos: lograr la universalidad, igualar el POS de los dos regímenes, pagar las deudas morosas a las EPS en plazos perentorios, diseñar mecanismos de recobro y pagos expeditos, agilizar el flujo de recursos, entre otras, la mayoría de las cuales inexplicablemente siguen sin cumplirse.

El 16 de enero de 2009 el Presidente realizó un Consejo Comunal de Salud, en el cual los gobernadores de Córdoba y Cauca le plantearon la necesidad de incrementar las rentas departamentales para dirigirlas al pago de las deudas por los no POS, y en ese sentido propusieron una modificación a los impuestos sobre los juegos de suerte y azar. En ese evento asistentes de todos los sectores expusieron nuevamente la problemática del sector, que es la misma que ha dado origen a la declaratoria de emergencia.

En la asamblea de la ANDI de agosto de 2009, con la presencia del minprotección, se trató como tema central la crisis del sistema. Quedó clara la preocupación por la falta de voluntad del Gobierno para cumplir sus compromisos, reflejada en que los recursos que maneja el Fosyga (por más de $6 billones) están invertidos a más de un año en TES. Las principales conclusiones, según el presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas, fueron la grave situación del sector, la necesidad de redefinir y actualizar el POS, la urgencia de mejorar el flujo de recursos, la mejora de la calidad de información del sistema, la agilidad del Fosyga en los pagos a las EPS y el establecimiento de unas reglas de juego claras para que exista seguridad jurídica.

Si todas estas oportunidades y acciones se hubieran llevado a cabo en su momento, ahora no hubiera sido necesaria una declaratoria de Emergencia Social.

Cuando el 18 de noviembre de 2009 el presidente Álvaro Uribe anunció ante la cumbre de gobernadores la necesidad de declarar el estado de Emergencia Social para conjurar la crisis del sistema de salud, muchos nos mostramos sorprendidos. ¿Se había presentado acaso una situación inesperada que ponía en riesgo la salud de la población? Rápidamente se hizo evidente que dicha noticia respondía a las reiteradas manifestaciones de gobernadores, Acemi, asociaciones de hospitales y distintas sociedades médicas y científicas, frente a la grave crisis por la que viene atravesando el sector de la salud desde hace más de cuatro años.

El 21 de septiembre de 2005 se llevó a cabo una reunión entre representantes de varias EPS con el Presidente y el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, para expresar la gran preocupación frente a las deudas morosas que el Fosyga tenía con ellas por los servicios no POS. El Presidente le solicitó al Ministro que solucionara el problema rápidamente y que diseñara un mecanismo de pago similar al de la compensación, para que dichas cuentas pudieran pagarse. Se ordenó una reunión de seguimiento en tres meses para revisar los avances. Nada de esto se cumplió.

Un encuentro similar y con idénticos resultados se realizó el 5 de septiembre de 2006 con el Ministro; el viceministro técnico, Ramiro Guerrero, y la ministra consejera, Cecilia Álvarez Correa, en la que solicitaron un análisis jurídico para establecer un proceso más expedito de recobros, que se envió de inmediato y que nunca recibió respuesta ni comentarios.

El 21 de febrero de 2007 el Consejo de Estado emitió una sentencia frente a una acción popular, en la cual les dio la orden al Fosyga y al Ministerio de pagarles a las EPS las deudas en mora por servicios no POS dentro de los dos meses siguientes. Ministerio y Fosyga se dieron a la tarea de presentar recursos, por lo que la sentencia entró en firme hasta el mes de septiembre, de forma que el Gobierno debería haberla cumplido en noviembre de ese año, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido.

Estos dineros represados hicieron que clínicas y médicos sufrieran las consecuencias y se agravaran las diferencias entre los participantes del sistema de salud, porque la falta de recursos y la ausencia de claridad sobre qué servicios y medicamentos estaban incluidos en el POS hicieron que la crisis se profundizara. Ante la situación, la Ministra Consejera convocó en diciembre de 2007 a un “taller” con todos los actores del sistema, el cual fue coordinado por la doctora Beatriz Londoño, para realizar un diagnóstico del sector y proponer fórmulas de solución que debían ejecutarse de manera inmediata para evitar un colapso. El diagnóstico fue el mismo de hoy, así como las soluciones planteadas, pero nunca se llevaron a cabo.

El 31 de julio de 2008 la Corte Constitucional expidió la Sentencia T-760 y le impuso al Gobierno más de veinte órdenes para salvaguardar derechos fundamentales de los ciudadanos: lograr la universalidad, igualar el POS de los dos regímenes, pagar las deudas morosas a las EPS en plazos perentorios, diseñar mecanismos de recobro y pagos expeditos, agilizar el flujo de recursos, entre otras, la mayoría de las cuales inexplicablemente siguen sin cumplirse.

El 16 de enero de 2009 el Presidente realizó un Consejo Comunal de Salud, en el cual los gobernadores de Córdoba y Cauca le plantearon la necesidad de incrementar las rentas departamentales para dirigirlas al pago de las deudas por los no POS, y en ese sentido propusieron una modificación a los impuestos sobre los juegos de suerte y azar. En ese evento asistentes de todos los sectores expusieron nuevamente la problemática del sector, que es la misma que ha dado origen a la declaratoria de emergencia.

En la asamblea de la ANDI de agosto de 2009, con la presencia del minprotección, se trató como tema central la crisis del sistema. Quedó clara la preocupación por la falta de voluntad del Gobierno para cumplir sus compromisos, reflejada en que los recursos que maneja el Fosyga (por más de $6 billones) están invertidos a más de un año en TES. Las principales conclusiones, según el presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas, fueron la grave situación del sector, la necesidad de redefinir y actualizar el POS, la urgencia de mejorar el flujo de recursos, la mejora de la calidad de información del sistema, la agilidad del Fosyga en los pagos a las EPS y el establecimiento de unas reglas de juego claras para que exista seguridad jurídica.

Si todas estas oportunidades y acciones se hubieran llevado a cabo en su momento, ahora no hubiera sido necesaria una declaratoria de Emergencia Social.