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Una serie de investigaciones de la Contraloría General de la República concluyen que la desviación de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud administrados por Saludcop puede ascender a más de $150.000 millones.
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Estos hechos llevaron al ente de control a imputar responsabilidad fiscal por $69.978 millones a dos superintendentes de Salud (Gustavo Morales Cobo y Conrado Gómez Vélez) y tres agentes interventores (Guillermo Enrique Grosso Sandoval, Mauricio Castro Forero y Wilson Sánchez Hernández). A todos los presuntos responsables se les decretaron medidas cautelares hasta el final del proceso.
A los exsuperintendentes se les atribuye una conducta gravemente culposa y omisiva por no emitir órdenes y actuaciones inmediatas para corregir y evitar el desvío de dineros, y a los agentes una conducta dolosa o gravemente culposa porque prefirieron realizar estas erogaciones, “extrañas a la finalidad constitucional de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y al objeto social de la EPS”, sobre otras que sí guardaban relación con el aseguramiento en salud y la garantía de la prestación del servicio a los afiliados.
De acuerdo con la indagación preliminar, la EPS sobrepasó el tope de los recursos destinados a gastos de administración, dineros que debían haberse destinado a la prestación de servicios de salud a favor de los afiliados.
La imputación fiscal se suma al hallazgo fiscal por más de $80.631 millones evidenciando en la EPS Saludcoop durante el periodo de intervención a cargo del agente interventor Guillermo Enrique Grosso Sandobal. Su origen es un proceso de responsabilidad fiscal que adelanta la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría, donde figura como entidad afectada el Ministerio de Salud y Protección Social-Fosyga.
La entidad señaló que los recursos, que debían destinarse al aseguramiento del riesgo en salud de los afiliados, habrían sido utilizados para realizar gastos sin relación de causalidad con el tema médico, ni con el objeto social de la EPS.
Se encontraron, por ejemplo, transacciones no autorizadas como pago de créditos a largo plazo obtenidos con entidades financieras, así como patrocinios, honorarios por conceptos de auditoría forense y asesoría técnica, colocación del POS, intereses sobre obligaciones financieras, de mora y sobregiros, pago a vinculados económicos y pagos por contrato de leasing.
“Para la Contraloría, es claro que se produjo una lesión al patrimonio del Sistema General de Seguridad Social en Salud, por el desvío de estos recursos parafiscales puesto que, contrariando su destinación específica, fueron utilizados y aplicados por Saludcoop EPS en conceptos totalmente ajenos al aseguramiento en salud, garantía de la prestación de los servicios de salud a sus afiliados y demás funciones que concede la Ley a las EPS”, señaló la entidad en un comunicado.
Además, la Contraloría adelantó otra indagación preliminar por las irregularidades en la EPS Cafesalud, durante la presidencia de Grosso Sandoval, donde se evidenciaron hallazgos por más de $2.029 millones.
La información fue puesta en conocimiento del Fiscal General de la Nación, Nestor Humberto Martínez.
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La EPS, que atravesó un proceso de intervención entre 2011 y 2013, actualmente se encuentra en liquidación.