Se calienta el debate por la banda de 700 MHz

“Si un agricultor tiene un pedazo de tierra, un par de semillas y un arado, puede subsistir; pero si a eso se le suma el acceso a conectividad de banda ancha, el agricultor tiene una puerta abierta al mundo, puede aprender, compartir experiencias, expandir su negocio y mejorar su calidad de vida”. Esas fueron las palabras con las que Cristian Gómez, jefe de políticas de espectro del gobierno de Nueva Zelanda y consultor internacional de desarrollo en telecomunicaciones, inauguró un foro diseñado para que los distintos operadores del sector en Colombia expresaran sus posturas frente a la subasta de las bandas de 700 MHz y 1900 MHz que está organizando el Ministerio de Telecomunicaciones.

Según Gómez, la forma más efectiva de reducir la brecha digital en el mundo y de proveer cobertura 4G de alta velocidad para las zonas no urbanas es la implementación de la banda de 700 MHz, porque esta es la única que ofrece, al mismo tiempo, grandes coberturas, altas velocidades y pocas interferencias.

“La adopción de la banda, su rápida asignación y su implementación contribuyen al aumento del PIB y representan nuevas oportunidades económicas para zonas rurales alejadas y son una oportunidad para mejorar la infraestructura de internet móvil”. Así lo demuestran los resultados y las proyecciones macroeconómicas de la implementación de la banda en la región de Asia Pacífico: de 2014 a 2020 aportará US$959 billones al PIB, generará 2,7 millones de nuevos empleos y producirá 1,4 millones de nuevas iniciativas de negocio.

Si a todos estos factores se les suma el hecho de que la banda de 700 MHz ayuda a reducir los costos de operación de los prestadores de servicio, porque no necesita mucha inversión en infraestructura, se puede entender por qué su adjudicación ha generado discordia y desconfianza entre los principales operadores de telecomunicaciones del país.

La posición de Claro Colombia es contundente. Si bien reconoce la importancia de este proceso de subasta en el desarrollo del sector, asegura que el Gobierno Nacional todavía tiene muchas tareas pendientes para garantizar el éxito del proceso. “Reiteramos nuestra preocupación por la doble condición del Estado colombiano, como regulador y como competidor”, afirmó el representante de la empresa.

El origen de esta acusación es que el Gobierno tiene una participación del 30 % en Colombia Telecomunicaciones (la misma Telefónica o Movistar) y, sobre todo, que la nación está evaluando la posibilidad de capitalizar la empresa con una cuantía superior a $1,2 billones con el fin de eliminar el riesgo fiscal del Mintic de tener que asumir el pago del vacío pensional de la extinta Telecom. “El Gobierno está en ambos extremos de la ecuación. por un lado define las reglas de la subasta y por el otro evalúa capitalizar a uno de los operadores interesados en el proceso de selección”, añadió la compañía.

Frente a esta denuncia, el viceministro general del Mintic, Juan Sebastián Rozo, aseguró que la participación del Estado en Colombia Telecomunicaciones es un hecho claro y público y que es el Ministerio de Hacienda y no el Mintic el que está al frente de las decisiones relacionadas con la compañía. Rozo reiteró que el proceso de adjudicación de la banda de 700 MHz será totalmente transparente y garantizará reglas de juego claras para todos los operadores. “Avanzamos en la apertura formal del proceso de adjudicación, vamos a llevar el debate al Congreso y esperamos que en el segundo semestre de 2017 ya hayamos terminado el proceso y el país pueda disfrutar de las ventajas de conectividad que trae la implementación de la banda”, añadió Rozo.

El vocero de Movistar sostuvo que el principal problema del sector es la posición de dominio y la concentración del mercado en un solo operador. “El Gobierno no ha tomado las medidas necesarias para reducir este fenómeno. El proceso de la subasta debería tener en cuenta que Claro tiene más del 60 % de los ingresos, los clientes y el tráfico y esa concentración tan evidente es dañina para la competencia, la calidad del servicio y el beneficio de los usuarios. Esta es la gran falla del mercado”.

Sin embargo, uno de los operadores que se opusieron con más fuerza a que el proceso de adjudicación se realice en estos momentos fue Tigo Une. Su presidente, Marcelo Cataldo, afirmó que la situación macroeconómica de Colombia no es la mejor para realizar esta subasta. Hizo un llamado para que el Gobierno ayude a reducir la concentración. “Necesitamos una cancha equilibrada para competir. Nos vamos a quedar en Colombia, en 2016 invertimos más de $1 billón, pero necesitamos más equidad. Hay un operador dominante que influye en los precios del mercado y eso afecta la decisión de los clientes”.

Finalmente, Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, celebró la pluralidad del debate y reconoció que es urgente realizar la subasta de la bandas de 700 MHz. “Este proceso de adjudicación es importantísimo para el mercado de telecomunicaciones y para todos los colombianos, se tiene que dar este año. Esto va a representar un dinero muy significativo para el país, cálculos preliminares dicen que podría generar $400.000 millones para la nación”.

“Si un agricultor tiene un pedazo de tierra, un par de semillas y un arado, puede subsistir; pero si a eso se le suma el acceso a conectividad de banda ancha, el agricultor tiene una puerta abierta al mundo, puede aprender, compartir experiencias, expandir su negocio y mejorar su calidad de vida”. Esas fueron las palabras con las que Cristian Gómez, jefe de políticas de espectro del gobierno de Nueva Zelanda y consultor internacional de desarrollo en telecomunicaciones, inauguró un foro diseñado para que los distintos operadores del sector en Colombia expresaran sus posturas frente a la subasta de las bandas de 700 MHz y 1900 MHz que está organizando el Ministerio de Telecomunicaciones.

Según Gómez, la forma más efectiva de reducir la brecha digital en el mundo y de proveer cobertura 4G de alta velocidad para las zonas no urbanas es la implementación de la banda de 700 MHz, porque esta es la única que ofrece, al mismo tiempo, grandes coberturas, altas velocidades y pocas interferencias.

“La adopción de la banda, su rápida asignación y su implementación contribuyen al aumento del PIB y representan nuevas oportunidades económicas para zonas rurales alejadas y son una oportunidad para mejorar la infraestructura de internet móvil”. Así lo demuestran los resultados y las proyecciones macroeconómicas de la implementación de la banda en la región de Asia Pacífico: de 2014 a 2020 aportará US$959 billones al PIB, generará 2,7 millones de nuevos empleos y producirá 1,4 millones de nuevas iniciativas de negocio.

Si a todos estos factores se les suma el hecho de que la banda de 700 MHz ayuda a reducir los costos de operación de los prestadores de servicio, porque no necesita mucha inversión en infraestructura, se puede entender por qué su adjudicación ha generado discordia y desconfianza entre los principales operadores de telecomunicaciones del país.

La posición de Claro Colombia es contundente. Si bien reconoce la importancia de este proceso de subasta en el desarrollo del sector, asegura que el Gobierno Nacional todavía tiene muchas tareas pendientes para garantizar el éxito del proceso. “Reiteramos nuestra preocupación por la doble condición del Estado colombiano, como regulador y como competidor”, afirmó el representante de la empresa.

El origen de esta acusación es que el Gobierno tiene una participación del 30 % en Colombia Telecomunicaciones (la misma Telefónica o Movistar) y, sobre todo, que la nación está evaluando la posibilidad de capitalizar la empresa con una cuantía superior a $1,2 billones con el fin de eliminar el riesgo fiscal del Mintic de tener que asumir el pago del vacío pensional de la extinta Telecom. “El Gobierno está en ambos extremos de la ecuación. por un lado define las reglas de la subasta y por el otro evalúa capitalizar a uno de los operadores interesados en el proceso de selección”, añadió la compañía.

Frente a esta denuncia, el viceministro general del Mintic, Juan Sebastián Rozo, aseguró que la participación del Estado en Colombia Telecomunicaciones es un hecho claro y público y que es el Ministerio de Hacienda y no el Mintic el que está al frente de las decisiones relacionadas con la compañía. Rozo reiteró que el proceso de adjudicación de la banda de 700 MHz será totalmente transparente y garantizará reglas de juego claras para todos los operadores. “Avanzamos en la apertura formal del proceso de adjudicación, vamos a llevar el debate al Congreso y esperamos que en el segundo semestre de 2017 ya hayamos terminado el proceso y el país pueda disfrutar de las ventajas de conectividad que trae la implementación de la banda”, añadió Rozo.

El vocero de Movistar sostuvo que el principal problema del sector es la posición de dominio y la concentración del mercado en un solo operador. “El Gobierno no ha tomado las medidas necesarias para reducir este fenómeno. El proceso de la subasta debería tener en cuenta que Claro tiene más del 60 % de los ingresos, los clientes y el tráfico y esa concentración tan evidente es dañina para la competencia, la calidad del servicio y el beneficio de los usuarios. Esta es la gran falla del mercado”.

Sin embargo, uno de los operadores que se opusieron con más fuerza a que el proceso de adjudicación se realice en estos momentos fue Tigo Une. Su presidente, Marcelo Cataldo, afirmó que la situación macroeconómica de Colombia no es la mejor para realizar esta subasta. Hizo un llamado para que el Gobierno ayude a reducir la concentración. “Necesitamos una cancha equilibrada para competir. Nos vamos a quedar en Colombia, en 2016 invertimos más de $1 billón, pero necesitamos más equidad. Hay un operador dominante que influye en los precios del mercado y eso afecta la decisión de los clientes”.

Finalmente, Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, celebró la pluralidad del debate y reconoció que es urgente realizar la subasta de la bandas de 700 MHz. “Este proceso de adjudicación es importantísimo para el mercado de telecomunicaciones y para todos los colombianos, se tiene que dar este año. Esto va a representar un dinero muy significativo para el país, cálculos preliminares dicen que podría generar $400.000 millones para la nación”.