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En medio de la emergencia sanitaria y económica sin precedentes que causó la propagación del Covid-19, se cumplen dos años de otro hecho histórico que marcó a Colombia: la crisis de Hidroituango. El país tiene todavía muy presente las imágenes de las diferentes tragedias que provocó: la presa al borde del colapso, la dramática evacuación de más de 25.000 personas, el Río Cauca a punto de secarse, el retraso de un proyecto que iba a generar cerca del 17 % de la energía del país y las pérdidas billonarias.
Recordando la tragedia
El proyecto hidroeléctrico Ituango (Hidroituango) es la presa más grande de Colombia, con un costo de US$2.800 millones (casi $8 billones para la tasa de cambio de hace dos años). Tiene tres grandes socios: el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) con el 50,7%, Empresas Públicas de Medellín (EPM) con el 46,3%, y el Departamento de Antioquia tiene un 2,1%. Antes de la contingencia, las obras tenían un 87 % de avance y estaba planeado entrar en operación para diciembre de 2018, con una capacidad de generar el 17 % de la energía eléctrica del país.
La emergencia comenzó el 28 de abril de 2018 con el taponamiento de uno de los túneles de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD). Debido a la contingencia el nivel del embalse comenzó a crecer de forma significativa al punto que inundó vías y hasta colapsó el puente de Pescadero. Para intentar frenar el incremento del embalse, el 10 de mayo de ese año se tomó la decisión de inundar el cuarto de máquinas para evacuar el agua y así ganar tiempo.
Sin embargo, al poco tiempo la emergencia se agudizó: el 12 de mayo el destaponamiento de uno de los túneles provocó una crecida del río Cauca, afectando seriamente a los habitantes de Puerto Valdivia. Luego, el 16 de mayo se presentó una fuerte fuga de agua dentro de uno de los túneles galerías que conecta con el cuarto de máquinas.
El 16 de mayo fue también el día que se ordenó la evacuación de los municipios río abajo: Valdivia (y su corregimiento Puerto Valdivia), Cáceres, Tarazá, Nechí, y Caucasia entre otros. Se trata de miles de familia que tuvieron que ser reubicadas a albergues temporales. (Lee el reportaje sobre este drama: Un vaivén llamado Hidroituango)
Mientras tanto, en Hidroituango se libraba una carrera para evitar una tragedia aún mayor: si el embalse superaba la presa, que aún estaba sin terminar, el agua podría debilitar la estructura hasta el punto del colapso. Por esto, en las semanas siguientes el país siguió de cerca los reportes de los avances en las obras: finalmente el 24 de mayo se logró alcanzar la cota 410, la altura necesaria para evacuar el agua por el vertedero (aún sin terminar) y así frenar el avance del embalse. (Lee también: Celebración a medias por Hidroituango)
Pero fue hasta el 1 de junio que se anunció la culminación del vertedero, que permitió desde entonces evacuar de forma controlada el agua del embalse por medio de sus cuatro compuertas. Se trató del hito que comenzó a reducir el nivel de riesgo para los municipios ríos abajo, y las familias pudieron regresar en los meses siguientes.
Sin embargo, una nueva emergencia se dio en enero de 2019 luego que se reportara un socavón y se tuvo que acelerar el cierre de compuertas de la casa de máquinas. La decisión redujo el caudal del Río Cauca en hasta 80 %. Lo que además de provocar una tragedia ambiental, afectó una vez más a los municipios aledaños que dependen en gran parte de la pesca.
Se puede decir que la emergencia no terminó hasta julio de 2019, mes en el que se levantó la alerta roja para Puerto Valdivia. De esta manera, la contingencia dejó un saldo de destrucción de 70 casas y la afectación de otras 162, y llevó a la evacuación de cerca de 25.000 personas. Y esto sin tener en cuenta el efecto de las billonarias pérdidas, y de las investigaciones que generó. (Lee también: ¿En qué van las obras de Hidroituango?)
Las investigaciones
En marzo de 2019 se conoció el informe causa raíz realizado por la firma noruego-chilena Skava Consulting, empresa contratada por EPM para llevar a cabo un análisis que encontrara las razones por las que colapsó el túnel en Hidroituango el 28 de abril de 2018. (Lee la noticia completa aquí)
Según Skava, la "causa física" sería la "erosión progresiva" de una zona de debilidad de la roca en el piso del túnel de desviación del río Cauca, puesto en operación en 2017 y el único que en abril del año pasado estaba habilitado para evacuar el caudal. La firma agregó que esta zona, erosionada por el paso del agua, no fue "tratada" ni "protegida" por una deficiencia en el diseño durante la etapa de asesoría. Una diferencia en las presiones del agua que por allí corría ocasionó una socavación y el posterior colapso de roca y materia orgánica.
En el último año también han surgido diferentes investigaciones de los entes de control sobre la crisis de Hidroituango. Tal vez, el más llamativo es el informe de la Contraloría de septiembre de 2019 que advierte que el proyecto tardaría 35 años en ser rentable. En el documento se indica que la presa tiene un valor negativo de $5,7 billones y no es claro cuánto tardaría en recuperarse la inversión.
En total, la actuación especial de la Contraloría llegó a seis hallazgos: cuatro de carácter administrativo y dos con incidencia fiscal. Sobre estos últimos, el primero tiene que ver con el lucro cesante que implica la no entrada en operación del proyecto (que estaba prevista para 2018), calculado en $1,1 billones (cifra que sigue creciendo todos los días mientras no entre en operación el proyecto), y el segundo, por "Ineficiencia e Ineficacia en la Gestión Fiscal - Destrucción de valor del proyecto", calculado en $2,9 billones
De hecho, "los auditores de la Contraloría cuantificaron en cerca de $839.454 millones la afectación patrimonial que trajo la decisión de permitir el paso del Río Cauca por la casa de máquinas y las consiguientes situaciones que ocasionó: daños en la infraestructura y equipos, así como afectaciones ambientales y sociales". (Lee la noticia completa aquí)
Otra sanción importante se dio en enero de 2020: la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) impuso una multa de $5.509 millones al proyecto Hidroituango por comenzar la construcción de la Galería Auxiliar de Desviación (que provocó la emergencia del 28 de abril de 2018) sin la respectiva aprobación ambiental. De hecho, se encontró que las obras iniciaron 13 meses antes de la recibir la licencia (desde agosto de 2015).
Otros hechos relevantes
En septiembre de 2019 Mapfre informó que otorgará la cobertura bajo la póliza “Todo riesgo construcción y montaje” a Empresas Públicas de Medellín (EPM) por la contingencia en Hidroituango.
Por esto, en diciembre de 2019 Mapfe le entregó US$150 millones a EPM, y podría recibir más pagos. La póliza establece un límite asegurado por US$2.556 millones para cobertura de daños materiales de infraestructura y equipos, y de US$628 millones para cubrir el lucro cesante derivado del retraso en la entrada en operación.
En 2020 se destaca es el cambio de las directivas de EPM: el 2 de enero de 2020, el alcalde Daniel Quintero designó a Álvaro Guillermo Rendón como nuevo gerente general de Empresas Públicas de Medellín en reemplazó de Jorge Londoño, el funcionario que estuvo al frente de toda la emergencia de Hidroituango.
Rendón, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, fue personero del municipio de Envigado, secretario general de Findeter (1998-2000) y Auditor General de la República (2000-2002).
Luego de dos años de la emergencia, las obras de reparación han venido avanzando. Por ejemplo, ya se evacuó el agua del cuarto de máquinas y comenzaron las obras en esta parte del proyecto. También ya está terminada la presa y se habilitó la vía de entrada del municipio de Ituango. Además, EPM mantiene la promesa que hizo hace más de un año: desde el 2021 Hidroituango podrá suministrarle energía a Colombia, con al menos dos de las ocho turbinas de 300 MW.