Se destapan las cartas de la conectividad rural en Colombia

Este viernes será crucial para la conectividad rural en Colombia. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) seleccionará a los operadores que, durante mínimo diez años, llevarán internet gratuito a 10.000 puntos (principalmente escuelas públicas). El Gobierno lo denomina “el proyecto de conectividad rural más grande en la historia del país” y tiene un presupuesto de $2,1 billones. En el proceso se presentaron diez compañías y consorcios (ver gráfico), que han sido evaluados en los aspectos técnico, financiero y jurídico, para, finalmente y luego de que se destapen las ofertas económicas, adjudicar este viernes.

El Mintic ha explicado que si bien la conectividad llegará a los colegios, para beneficiar a cerca de un millón de estudiantes, desde allí se habilitarán zonas externas de internet para que las comunidades locales también puedan acceder al servicio. La ejecución del proyecto se dividió en dos grandes regiones, según el estudio previo, con el fin de “minimizar y mitigar” riesgos, además de permitir “mayor participación (pluralidad) de agentes del sector”. Una región contempla 16 departamentos y la otra, 17 (Bogotá se cuenta como departamento).

El proyecto es visto como una iniciativa importante para el cierre de la brecha digital en el país. Para la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM), “la instalación de 10.000 centros digitales en 32 departamentos del país favorecerá la conectividad de los ciudadanos de bajos recursos, de entidades públicas y de puestos de salud en zonas apartadas y mejorará el acceso a los servicios de la sociedad de la información”. Asimismo, según uno de los oferentes consultados por este diario, la valoración —en la evaluación— del ofrecimiento de centros, velocidad y plazo adicionales “propicia una sana y responsable competencia”.

Sin embargo, también es cierto que el proceso llega en un momento tan crucial como desafiante. El sector rural, por un lado, viene con un rezago histórico en conectividad y, según las cifras de 2019, los índices de pobreza venían en aumento desde antes de la pandemia. Por otro lado, está el sector de las TIC, que requiere billonarias inversiones anuales y se ha enfrentado en los últimos años a los efectos de la subida del dólar y un entorno —el de la tecnología— que por naturaleza es cambiante. Todo esto, con antecedentes de esfuerzos por la conectividad rural que han dejado varias lecciones.

Quizá la más evidente es la de los Kioscos Vive Digital, iniciativa del Gobierno pasado, que terminaron definitivamente su operación en 2019, al no ser posible “realizar nuevas adiciones a los contratos de aporte a través de los cuales operaron estos espacios”, según el Mintic. “Los recursos asignados permitieron la financiación de la operación y mantuvieron la oferta de acceso universal en zonas rurales apartadas, lo cual fue previsto con el fin de que los entes territoriales continuaran con el desarrollo del proyecto, situación que no se materializó dado (que) estos últimos indicaron que no contaban con los recursos para mantener en funcionamiento”, explica el estudio previo de la licitación.

Ahora, según el Gobierno, garantizar el servicio durante diez años —durante esta y otras dos administraciones—, con la nueva licitación, busca que la conectividad de mínimo 10.000 sedes se convierta en una política de Estado. Según la ministra TIC, Karen Abudinen, la idea es que en los próximos años no solo se mantenga el servicio en los 10.000 centros, sino que las 45.000 sedes educativas públicas que hay en el país queden conectadas. Abudinen explicó que el único compromiso o contraprestación que se espera por parte de los entes territoriales es el pago de los servicios públicos —energía— para que los centros digitales funcionen.

Otro de los llamados de algunos expertos del sector es que no haya traslape, es decir, que obligaciones de cobertura que han resultado de procesos como la subasta de espectro no coincidan con las de ahora, “con el fin de evitar que se dupliquen las inversiones en el proyecto”, en palabras de ACIEM. Al respecto, la ministra TIC le dijo a este diario que puede haber un sitio cubierto, por ejemplo, por la subasta y por la actual licitación, pero que son “dos procesos distintos”: mientras que el primero apuntaba al despliegue de servicios móviles comerciales, este se ocupa de internet fijo de acceso gratuito.

En cuanto a qué tipo de internet se llevará, cada operador puede proponer la tecnología que mejor se adecúe (satelital o terrestre). No obstante, entre las empresas oferentes hay una sensación de que no se incentiva lo suficiente la inversión en infraestructura para que quede instalada a largo plazo, por ejemplo, fibra óptica. ACIEM, por otro lado, también recomendó tener como estándar una velocidad de 25 mbps. En las condiciones, en contraste, esta definición quedó variable según el número de estudiantes. Por ejemplo, las instituciones de menos de cincuenta estudiantes tendrán una velocidad mínima de bajada de 6 mbps. Abudinen insistió en que esto es lo mínimo y que se valorará la oferta de velocidades adicionales.

Este proceso llega en medio de retos coyunturales y luego de asignaciones y adjudicaciones que no han estado exentas de críticas, como la subasta de espectro en la que Partners (Wom) “renunció” a uno de los bloques y la adjudicación del dominio punto co, que también generó controversia por la aplicación de las fórmulas que determinaron al ganador. Según el Mintic, este proceso ha contado con el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría. “Dejar a todo el mundo contento es muy difícil, pero el que más centros, tiempo y velocidad ofrezca será el que podrá tener mayor oportunidad en el proceso. Estoy tranquila porque lo hemos hecho a conciencia”, concluyó la ministra TIC.

Este viernes será crucial para la conectividad rural en Colombia. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) seleccionará a los operadores que, durante mínimo diez años, llevarán internet gratuito a 10.000 puntos (principalmente escuelas públicas). El Gobierno lo denomina “el proyecto de conectividad rural más grande en la historia del país” y tiene un presupuesto de $2,1 billones. En el proceso se presentaron diez compañías y consorcios (ver gráfico), que han sido evaluados en los aspectos técnico, financiero y jurídico, para, finalmente y luego de que se destapen las ofertas económicas, adjudicar este viernes.

El Mintic ha explicado que si bien la conectividad llegará a los colegios, para beneficiar a cerca de un millón de estudiantes, desde allí se habilitarán zonas externas de internet para que las comunidades locales también puedan acceder al servicio. La ejecución del proyecto se dividió en dos grandes regiones, según el estudio previo, con el fin de “minimizar y mitigar” riesgos, además de permitir “mayor participación (pluralidad) de agentes del sector”. Una región contempla 16 departamentos y la otra, 17 (Bogotá se cuenta como departamento).

El proyecto es visto como una iniciativa importante para el cierre de la brecha digital en el país. Para la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM), “la instalación de 10.000 centros digitales en 32 departamentos del país favorecerá la conectividad de los ciudadanos de bajos recursos, de entidades públicas y de puestos de salud en zonas apartadas y mejorará el acceso a los servicios de la sociedad de la información”. Asimismo, según uno de los oferentes consultados por este diario, la valoración —en la evaluación— del ofrecimiento de centros, velocidad y plazo adicionales “propicia una sana y responsable competencia”.

Sin embargo, también es cierto que el proceso llega en un momento tan crucial como desafiante. El sector rural, por un lado, viene con un rezago histórico en conectividad y, según las cifras de 2019, los índices de pobreza venían en aumento desde antes de la pandemia. Por otro lado, está el sector de las TIC, que requiere billonarias inversiones anuales y se ha enfrentado en los últimos años a los efectos de la subida del dólar y un entorno —el de la tecnología— que por naturaleza es cambiante. Todo esto, con antecedentes de esfuerzos por la conectividad rural que han dejado varias lecciones.

Quizá la más evidente es la de los Kioscos Vive Digital, iniciativa del Gobierno pasado, que terminaron definitivamente su operación en 2019, al no ser posible “realizar nuevas adiciones a los contratos de aporte a través de los cuales operaron estos espacios”, según el Mintic. “Los recursos asignados permitieron la financiación de la operación y mantuvieron la oferta de acceso universal en zonas rurales apartadas, lo cual fue previsto con el fin de que los entes territoriales continuaran con el desarrollo del proyecto, situación que no se materializó dado (que) estos últimos indicaron que no contaban con los recursos para mantener en funcionamiento”, explica el estudio previo de la licitación.

Ahora, según el Gobierno, garantizar el servicio durante diez años —durante esta y otras dos administraciones—, con la nueva licitación, busca que la conectividad de mínimo 10.000 sedes se convierta en una política de Estado. Según la ministra TIC, Karen Abudinen, la idea es que en los próximos años no solo se mantenga el servicio en los 10.000 centros, sino que las 45.000 sedes educativas públicas que hay en el país queden conectadas. Abudinen explicó que el único compromiso o contraprestación que se espera por parte de los entes territoriales es el pago de los servicios públicos —energía— para que los centros digitales funcionen.

Otro de los llamados de algunos expertos del sector es que no haya traslape, es decir, que obligaciones de cobertura que han resultado de procesos como la subasta de espectro no coincidan con las de ahora, “con el fin de evitar que se dupliquen las inversiones en el proyecto”, en palabras de ACIEM. Al respecto, la ministra TIC le dijo a este diario que puede haber un sitio cubierto, por ejemplo, por la subasta y por la actual licitación, pero que son “dos procesos distintos”: mientras que el primero apuntaba al despliegue de servicios móviles comerciales, este se ocupa de internet fijo de acceso gratuito.

En cuanto a qué tipo de internet se llevará, cada operador puede proponer la tecnología que mejor se adecúe (satelital o terrestre). No obstante, entre las empresas oferentes hay una sensación de que no se incentiva lo suficiente la inversión en infraestructura para que quede instalada a largo plazo, por ejemplo, fibra óptica. ACIEM, por otro lado, también recomendó tener como estándar una velocidad de 25 mbps. En las condiciones, en contraste, esta definición quedó variable según el número de estudiantes. Por ejemplo, las instituciones de menos de cincuenta estudiantes tendrán una velocidad mínima de bajada de 6 mbps. Abudinen insistió en que esto es lo mínimo y que se valorará la oferta de velocidades adicionales.

Este proceso llega en medio de retos coyunturales y luego de asignaciones y adjudicaciones que no han estado exentas de críticas, como la subasta de espectro en la que Partners (Wom) “renunció” a uno de los bloques y la adjudicación del dominio punto co, que también generó controversia por la aplicación de las fórmulas que determinaron al ganador. Según el Mintic, este proceso ha contado con el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría. “Dejar a todo el mundo contento es muy difícil, pero el que más centros, tiempo y velocidad ofrezca será el que podrá tener mayor oportunidad en el proceso. Estoy tranquila porque lo hemos hecho a conciencia”, concluyó la ministra TIC.