Se hundió la tributaria en el Congreso: ¿qué sigue para el presupuesto de 2025?

La ley de financiamiento se hundió en su primer debate en las comisiones económicas conjuntas de Cámara y Senado. Esta puede ser una noticia que, a la vez, no tiene mucho de novedoso.

La ley de financiamiento se hundió en su primer debate en las comisiones económicas conjuntas de Cámara y Senado. Esta puede ser una noticia que, a la vez, no tiene mucho de novedoso.

Lo que pasó en el Congreso este miércoles era una jugada casi que cantada desde que hace unos meses el presupuesto general de 2025 se hundiera en el Legislativo. En ese momento, un abanico amplio de legisladores de oposición (especialmente en el Senado) advirtió que el destino del proyecto no sería bueno en tanto estuviera atado a la ley de financiamiento.

En otras palabras, el presupuesto podría tener una vida propia si no estuviera sobre la mesa el otro proyecto que, aunque no es una reforma tributaria en forma, sí opera como una al introducir modificaciones en impuestos a gran escala por segunda vez en la administración de Gustavo Petro.

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Aquí es clave recordar que la ley de financiamiento, como su nombre lo indica, buscaba aportarle recursos extras al presupuesto de 2025.

En principio, el proyecto perseguía unos $12 billones, pero luego de intensas negociaciones la ponencia que se reveló este martes dejó el horizonte de la iniciativa en poco menos de $10 billones ($9,8 billones, según el Ministerio de Hacienda).

La iniciativa llegó al Legislativo en un momento crítico para el Gobierno, que no ha decretado el presupuesto general para el próximo año y en medio de un cambio de liderazgo en el Ministerio de Hacienda, luego de la renuncia de Ricardo Bonilla y la designación de Diego Guevara como nueva cabeza de la cartera.

Durante el debate, Guevara desmintió que el proyecto afectara “a la clase media: no es la ley que quería ponerles IVA hasta a los huevos de hace unos años. Las reformas tributarias no son solo para tapar huecos fiscales, sino para hacer un balance de redistribución”.

El funcionario invitó a las comisiones a dar un debate serio y de fondo porque, según él, el proyecto permitía la inversión social en el país, pues el presupuesto tiene un largo lastre de inflexibilidades que, en su mayoría, atan recurso a deuda o cumplir obligaciones (como pago de pensiones, entre otros asuntos).

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Sobre la mesa del debate se encontraban dos ponencias negativas, que pedían el archivo de la iniciativa, además de una positiva (apoyada por el Gobierno).

A pesar de las palabras de Guevara, en el momento de votar las ponencias negativas (que se pusieron a consideración de las comisiones al tiempo), las cuatro células votaron a favor de estas, hundiendo así la ley de financiamiento por completo.

Luego de la votación sobrevino el desorden, pues algunos congresistas pidieron reabrir la votación para cambiar sus votos, pues al momento de hacerlo lo hicieron de forma equivocada, según ellos. Estos, sin embargo, eran legisladores que se oponían a la iniciativa. Entonces, de fondo, la votación oficial habría quedado incluso más hacia el hundimiento de la ley de financiamiento.

Efraín Cepeda, Juan Carlos Garcés, Juan Diego Echevarría y Liliana Benavides dejaron como constancia que su intención era votar a favor del archivo del proyecto, pero que lo hicieron de manera contraria porque se confundieron. En algún momento se planteó reabrir la votación, pero la idea se descartó.

Tras la votación que hundió el proyecto, la representante Olga Lucía Velásquez, ponente de la iniciativa, argumentó que las dos ponencias de archivo estaban basadas en la primera versión que presentó el Gobierno (la que buscaba los $12 billones). “La ponencia que radicamos eliminó cinco artículos cuestionados por la ponencia de archivo y traía 13 artículos nuevos que beneficiaban a los colombianos. Me niego a creer que no se haya hablado de los beneficios, que les negamos la posibilidad a más de 260.000 personas naturales y jurídicas, que tienen deudas con la DIAN y con la UGPP, de ponerse al día. Ni siquiera se habló de eso en la ponencia de archivo, porque se habló de una ponencia inexistente. (...) Me llegó al oído que estaban haciendo una polla de si se aprueba o no se aprueba, que si me apuntaba. Qué vergüenza me da, que esto haya sido una rifa, un espectáculo. Lo lamento por la gente que está esperando los beneficios tributarios”.

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¿Qué viene ahora para el presupuesto de 2025?

Lo primero que hay que aclarar es que, de facto, el presupuesto queda desfinanciado en $12 billones, que era el monto inicial por el que se presentó la tributaria en el Congreso. Así las cosas, el presupuesto del próximo año iría por $511 billones, no por los $523 que buscaba el Gobierno originalmente en el Congreso.

“Si el Congreso no aprueba la ley de financiamiento por los rubros que mandó el Gobierno el 1° de enero, empezamos con un decreto de aplazamiento de gasto, como el que se ejecutó este año”, le explicó en su momento a este diario Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana.

Sin embargo, algunos cálculos señalan que el recorte que deberá hacer el Gobierno para cuadrar caja el próximo año excede el horizonte de los $12 billones que buscaba el proyecto original de la ley de financiamiento.

De acuerdo con cálculos de la Unidad de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, el recorte del próximo año podría ascender a unos $40 billones para que el Gobierno se mantenga dentro de los confines de deuda que establece la regla fiscal.

Ahora bien, en dónde se darían exactamente los recortes es un asunto que, en este momento, no se conoce. Esto es potestad del Gobierno. Pero lo que reconocen varios funcionarios es que quitarles los $12 billones de la tributaria a las cuentas del próximo año sí podría detener la inversión en sectores claves, como asignaciones de subsidios en el programa Mi Casa Ya, proyectos para nuevos acueductos o nuevas sedes universitarias, por mencionar algunos.

Por otra parte, programas de asistencia del DPS, como Colombia Mayor y Renta Ciudadana, sí están garantizados y no dependen de la ley de financiamiento, confirmaron.

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De acuerdo con cálculos del Departamento Nacional de Planeación, la caída del proyecto implica reducir la inversión a menos del 4 % del PIB, cuando actualmente se encuentra alrededor del 4,6 %.

Con el hundimiento del proyecto, la presión fiscal sobre el gobierno Petro crece, a la vez que se perdieron oportunidades de seguir nivelando la cancha en términos de equidad y justicia tributaria en algunos al menos.

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