Luego de que el Ministerio de Transporte determinara a través de una circular que quienes reincidan en la prestación de servicios ilegales de transporte se enfrentan a la suspensión de su licencia por 25 años, la plataforma Uber salió al paso y pidió ser “escuchada”.
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Resaltó, a través de un comunicado, que “procura continuamente ser una opción de autoempleo para miles de colombianos”, unos 88.000 que “pagan IVA a través de la plataforma”. Al tiempo, aseguró, busca ser una alternativa de transporte para los ciudadanos.
En materia tributaria, afirmó que en 2018 Uber “pagará 44.000 millones de pesos en impuestos al Gobierno Nacional”.
La sanción de los 25 años, según Uber, “afectaría a estas familias y a esos socios conductores que aportan y cumplen con las obligaciones tributarias del Estado. Esto es un motivo más para que entre todos construyamos la mejor alternativa posible a la falta de reglamentación de este servicio”.
La compañía manifestó estar abierta abiertos y en búsqueda de” soluciones para que se reglamente la operación del servicio de transporte privado que los socios conductores prestan a través de plataformas tecnológicas”.
La principal discrepancia entre el Gobierno y Uber ha estado en que esta última se considera una empresa de tecnología –que conecta a conductores con usuarios–, por lo que hasta el momento no se ha constituido como empresa de transporte habilitada ante las autoridades.
La plataforma añadió en el comunicado que tiene un compromiso para ofrecer su “apoyo para avanzar en la modernización y eficiencia de los modelos tradicionales de transporte”.
“Estamos y seguiremos comprometidos con Colombia. Reiteramos la necesidad de ser escuchados y nivelar la cancha”.