Sector cebollero bajo presión: ¿cómo avanzan las soluciones con los gremios?
El contrabando y los precios internacionales amenazan a los productores de cebolla. Nuevas políticas de crédito y controles fronterizos buscan rescatar al sector.
El sector cebollero enfrenta una encrucijada. Contrabando, precios bajos y falta de financiamiento adecuado amenazan la sostenibilidad de la actividad para la economía rural.
En respuesta, el Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Agricultura y de Comercio, avanzó en una serie de diálogos y acciones que buscan estabilizar el mercado, proteger a los productores locales y fomentar la soberanía alimentaria.
Las amenazas del contrabando y la competencia desleal
El panorama es preocupante. Según voceros del gremio cebollero, el contrabando y las prácticas desleales en el comercio internacional han impactado los ingresos de los agricultores.
Los precios en las centrales mayoristas no son competitivos, y la entrada de cebolla importada, presuntamente subsidiada, acentúa la crisis.
En este contexto, el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, invitó a los productores a presentar formalmente una solicitud para investigar si las importaciones están siendo subsidiadas, lo que podría justificar la aplicación de medidas de defensa comercial. Incluso se mencionó la necesidad de evaluar el impacto del lavado de activos en la cadena productiva.
“Nuestro propósito es lograr mayor productividad y una competencia equilibrada para alcanzar la soberanía alimentaria que nos hemos propuesto”, dijo Reyes.
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Por su parte, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, destacó la importancia de fortalecer el acceso al crédito para los agricultores. En línea con las políticas del Gobierno, el énfasis está en la agricultura campesina, familiar, comunitaria y étnica.
Para ello, se diseñará una política que impulse el crédito asociativo y garantías específicas para ciclos productivos. “Vamos a revisar este año en la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. Necesitamos fortalecer que se coloque más por la banca pública”, subrayó.
Finagro y el Banco Agrario tendrán un papel central, junto con la banca pública, en ofrecer financiamiento más accesible. Además, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario revisará las directrices para asegurar que estas medidas comiencen a implementarse antes de finalizar el año.
Recomendado: Déficit de gas puede llegar a 70 % en 2030: ¿cuáles son las alternativas?
Paula Cepeda, gerente encargada del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), anunció cambios importantes para fortalecer la logística y el control en el comercio de cebolla. Entre las medidas más relevantes se encuentra la implementación de guías de movilización fronteriza en formato digital, prevista para los próximos cuatro meses.
Asimismo, se están revisando protocolos de límites residuales y adecuando laboratorios cercanos a las fronteras para garantizar un control más eficiente, con un cronograma que apunta a avances en el primer semestre de 2025.
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¿Qué se ha dialogado por ahora?
En octubre, una mesa de trabajo reunió a los principales actores de la cadena productiva y entidades gubernamentales. Se acordaron estrategias como el fortalecimiento del control fronterizo para frenar el ingreso de cebolla extranjera, la apertura de nuevos mercados y la facilitación de créditos agropecuarios destinados a mejorar la competitividad del sector.
Estas acciones buscaron no solo mitigar los efectos de las importaciones desleales provenientes de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), sino también garantizar incentivos sostenibles para la producción nacional.
El 3 de diciembre, las mesas técnicas evaluaron los avances, destacando la implementación de un decreto de salvaguarda que restringe las importaciones de cebolla roja desde Perú y los operativos conjuntos liderados por la Polfa, el ICA y la DIAN en la frontera de Rumichaca.
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Paralelamente, se reforzaron las inspecciones en centrales de abasto para garantizar el cumplimiento normativo y se promovieron subsidios para agroinsumos, reduciendo los costos de producción.
Estas medidas, complementadas con un plan de ordenamiento productivo, han buscado estabilizar precios y proteger los ingresos de los agricultores.
La próxima reunión, programada antes de fin de año, evaluará los avances y definirá estrategias para garantizar que las acciones implementadas comiencen a dar resultados concretos en 2025.
La crisis del sector cebollero no solo pone en riesgo a miles de familias campesinas, sino que también plantea un desafío para la soberanía alimentaria de Colombia.
Las acciones del Gobierno buscan mitigar los impactos a corto y mediano plazo, pero la efectividad de estas dependerá de su implementación rigurosa y del compromiso de todos los actores involucrados.
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El sector cebollero enfrenta una encrucijada. Contrabando, precios bajos y falta de financiamiento adecuado amenazan la sostenibilidad de la actividad para la economía rural.
En respuesta, el Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Agricultura y de Comercio, avanzó en una serie de diálogos y acciones que buscan estabilizar el mercado, proteger a los productores locales y fomentar la soberanía alimentaria.
Las amenazas del contrabando y la competencia desleal
El panorama es preocupante. Según voceros del gremio cebollero, el contrabando y las prácticas desleales en el comercio internacional han impactado los ingresos de los agricultores.
Los precios en las centrales mayoristas no son competitivos, y la entrada de cebolla importada, presuntamente subsidiada, acentúa la crisis.
En este contexto, el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, invitó a los productores a presentar formalmente una solicitud para investigar si las importaciones están siendo subsidiadas, lo que podría justificar la aplicación de medidas de defensa comercial. Incluso se mencionó la necesidad de evaluar el impacto del lavado de activos en la cadena productiva.
“Nuestro propósito es lograr mayor productividad y una competencia equilibrada para alcanzar la soberanía alimentaria que nos hemos propuesto”, dijo Reyes.
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Por su parte, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, destacó la importancia de fortalecer el acceso al crédito para los agricultores. En línea con las políticas del Gobierno, el énfasis está en la agricultura campesina, familiar, comunitaria y étnica.
Para ello, se diseñará una política que impulse el crédito asociativo y garantías específicas para ciclos productivos. “Vamos a revisar este año en la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. Necesitamos fortalecer que se coloque más por la banca pública”, subrayó.
Finagro y el Banco Agrario tendrán un papel central, junto con la banca pública, en ofrecer financiamiento más accesible. Además, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario revisará las directrices para asegurar que estas medidas comiencen a implementarse antes de finalizar el año.
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Paula Cepeda, gerente encargada del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), anunció cambios importantes para fortalecer la logística y el control en el comercio de cebolla. Entre las medidas más relevantes se encuentra la implementación de guías de movilización fronteriza en formato digital, prevista para los próximos cuatro meses.
Asimismo, se están revisando protocolos de límites residuales y adecuando laboratorios cercanos a las fronteras para garantizar un control más eficiente, con un cronograma que apunta a avances en el primer semestre de 2025.
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¿Qué se ha dialogado por ahora?
En octubre, una mesa de trabajo reunió a los principales actores de la cadena productiva y entidades gubernamentales. Se acordaron estrategias como el fortalecimiento del control fronterizo para frenar el ingreso de cebolla extranjera, la apertura de nuevos mercados y la facilitación de créditos agropecuarios destinados a mejorar la competitividad del sector.
Estas acciones buscaron no solo mitigar los efectos de las importaciones desleales provenientes de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), sino también garantizar incentivos sostenibles para la producción nacional.
El 3 de diciembre, las mesas técnicas evaluaron los avances, destacando la implementación de un decreto de salvaguarda que restringe las importaciones de cebolla roja desde Perú y los operativos conjuntos liderados por la Polfa, el ICA y la DIAN en la frontera de Rumichaca.
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Paralelamente, se reforzaron las inspecciones en centrales de abasto para garantizar el cumplimiento normativo y se promovieron subsidios para agroinsumos, reduciendo los costos de producción.
Estas medidas, complementadas con un plan de ordenamiento productivo, han buscado estabilizar precios y proteger los ingresos de los agricultores.
La próxima reunión, programada antes de fin de año, evaluará los avances y definirá estrategias para garantizar que las acciones implementadas comiencen a dar resultados concretos en 2025.
La crisis del sector cebollero no solo pone en riesgo a miles de familias campesinas, sino que también plantea un desafío para la soberanía alimentaria de Colombia.
Las acciones del Gobierno buscan mitigar los impactos a corto y mediano plazo, pero la efectividad de estas dependerá de su implementación rigurosa y del compromiso de todos los actores involucrados.
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