Sector de confecciones iría a paro en marzo por cambios en aranceles a prendas

El sector textil y de confecciones tiene planeado unirse a las movilizaciones sociales el próximo 25 de marzo si no logran solucionar sus diferencias con el Gobierno sobre el futuro de los aranceles a las prendas de vestir importadas.

Camilo Andrés Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines (CCCyA) que ya consultó con las bases de su gremio, así como con otros del sector, y están dispuestos “a hacer una movilización ciudadana en contra del presidente Duque por el favorecimiento a un grupo pequeño de importadores, que deja de lado cerca de 70.000 empresas que se encuentran formalmente inscritas en las cámaras de comercio de todo el país”.

El descontento en el sector viene después de la publicación de un borrador de decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit) en el que se delinea cómo quedarían los aranceles a las confecciones, luego de que éstos se cayeran en la Corte Constitucional.

La Corte consideró que en Colombia la política aranceleria debe estar en manos del poder Ejecutivo y no del Legislativo (el Congreso), por lo que procedió a tumbar los artículos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) en los que habían quedado consignados los aranceles que, según la CCCyA, son vitales para proteger la industria y la mano de obra nacional.

La raíz del desacuerdo radica en los cambios que sufrieron los aranceles entre lo que había en el PND y lo que ahora dice el borrador de decreto. En el Plan, los aranceles eran de 37,9 % para las prendas por debajo de los US$20 por kilo y de 10 % para las que estuvieron por encima de este límite.

Actualmente, el decreto habla de arancel de 40 % ad valorem para las prendas por debajo de los US$10 por kilo y de 15 % para las que estén por encima de este precio. Y es en este punto en el que Rodríguez asegura que hay un desbalance porque, argumenta, hay una porción importante de la demanda del consumidor que se ubica entre los US$10 y US$20 en prendas como “blusas, chaquetas y jeans”, por ejemplo.

“El grueso de las importaciones está entre los cero y 30 dólares, ahí se concentra 62 % de las prendas que entran al país”, asegura Rodríguez, quien explica que con el cambio que se introdujo en el borrador del decreto “estaríamos perdiendo entre 200.000 y 300.000 empleos”.

Hasta el momento, el Mincit no tiene una respuesta oficial a los reclamos del gremio. A través de un portavoz, la cartera dijo que “el borrador de decreto está en la página web de Mincomercio surtiendo el proceso de comentarios. Estamos esperando a tener las reacciones al borrador de decreto para tener una discusión más en detalle”.

“Claro, en la propuesta el Gobierno llegó hasta 40 % de aranceles en las prendas hasta los US$10, que es lo máximo permitido por la Organización Mundial del Comercio. Pero la pregunta es qué pasa con lo que hay por encima de los US$10”, cuestiona Rodríguez.

Según el dirigente gremial, la industria nacional emplea a 1’600.000 personas, “74 % de estos puestos son de mujeres víctimas del conflicto y de ellas dependen hasta tres o cuatro personas, así que estaríamos hablando de cerca de siete millones de personas que ven el sector textil y confección una fuente de ingreso para sus hogares”.

El tema de los aranceles es una fuente de tensión entre varios sectores, pues si bien son defendidos por los textileros, no son vistos con buenos ojos desde otras orillas, como la de los comerciantes.

De fondo, todos los actores parecen estar de acuerdo en que el gran problema es el contrabando. Las diferencias aparecen en las medidas para atacarlo, pues de un lado se piensa en aranceles y en otro se habla de políticas para proteger la industria y mejoras en el ataque a las importaciones ilegales.

Por ejemplo, Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), asegura que, aparte de aranceles “hay otros instrumentos. Ya sea a través del Ministerio de Comercio Exterior con derechos compensatorios, derechos antidumping o con la misma DIAN para reforzar el control del ingreso de productos a bajo precio. Ese ejercicio se ha hecho con la industria del calzado”.

El sector textil y de confecciones tiene planeado unirse a las movilizaciones sociales el próximo 25 de marzo si no logran solucionar sus diferencias con el Gobierno sobre el futuro de los aranceles a las prendas de vestir importadas.

Camilo Andrés Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines (CCCyA) que ya consultó con las bases de su gremio, así como con otros del sector, y están dispuestos “a hacer una movilización ciudadana en contra del presidente Duque por el favorecimiento a un grupo pequeño de importadores, que deja de lado cerca de 70.000 empresas que se encuentran formalmente inscritas en las cámaras de comercio de todo el país”.

El descontento en el sector viene después de la publicación de un borrador de decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit) en el que se delinea cómo quedarían los aranceles a las confecciones, luego de que éstos se cayeran en la Corte Constitucional.

La Corte consideró que en Colombia la política aranceleria debe estar en manos del poder Ejecutivo y no del Legislativo (el Congreso), por lo que procedió a tumbar los artículos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) en los que habían quedado consignados los aranceles que, según la CCCyA, son vitales para proteger la industria y la mano de obra nacional.

La raíz del desacuerdo radica en los cambios que sufrieron los aranceles entre lo que había en el PND y lo que ahora dice el borrador de decreto. En el Plan, los aranceles eran de 37,9 % para las prendas por debajo de los US$20 por kilo y de 10 % para las que estuvieron por encima de este límite.

Actualmente, el decreto habla de arancel de 40 % ad valorem para las prendas por debajo de los US$10 por kilo y de 15 % para las que estén por encima de este precio. Y es en este punto en el que Rodríguez asegura que hay un desbalance porque, argumenta, hay una porción importante de la demanda del consumidor que se ubica entre los US$10 y US$20 en prendas como “blusas, chaquetas y jeans”, por ejemplo.

“El grueso de las importaciones está entre los cero y 30 dólares, ahí se concentra 62 % de las prendas que entran al país”, asegura Rodríguez, quien explica que con el cambio que se introdujo en el borrador del decreto “estaríamos perdiendo entre 200.000 y 300.000 empleos”.

Hasta el momento, el Mincit no tiene una respuesta oficial a los reclamos del gremio. A través de un portavoz, la cartera dijo que “el borrador de decreto está en la página web de Mincomercio surtiendo el proceso de comentarios. Estamos esperando a tener las reacciones al borrador de decreto para tener una discusión más en detalle”.

“Claro, en la propuesta el Gobierno llegó hasta 40 % de aranceles en las prendas hasta los US$10, que es lo máximo permitido por la Organización Mundial del Comercio. Pero la pregunta es qué pasa con lo que hay por encima de los US$10”, cuestiona Rodríguez.

Según el dirigente gremial, la industria nacional emplea a 1’600.000 personas, “74 % de estos puestos son de mujeres víctimas del conflicto y de ellas dependen hasta tres o cuatro personas, así que estaríamos hablando de cerca de siete millones de personas que ven el sector textil y confección una fuente de ingreso para sus hogares”.

El tema de los aranceles es una fuente de tensión entre varios sectores, pues si bien son defendidos por los textileros, no son vistos con buenos ojos desde otras orillas, como la de los comerciantes.

De fondo, todos los actores parecen estar de acuerdo en que el gran problema es el contrabando. Las diferencias aparecen en las medidas para atacarlo, pues de un lado se piensa en aranceles y en otro se habla de políticas para proteger la industria y mejoras en el ataque a las importaciones ilegales.

Por ejemplo, Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), asegura que, aparte de aranceles “hay otros instrumentos. Ya sea a través del Ministerio de Comercio Exterior con derechos compensatorios, derechos antidumping o con la misma DIAN para reforzar el control del ingreso de productos a bajo precio. Ese ejercicio se ha hecho con la industria del calzado”.