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Sin ir muy lejos, en los últimos dos años países como Venezuela, Argentina, Ecuador, Brasil y México se han quedado sin energía. Las razones son varias: las sequías, a raíz de la crisis climática; la falta de inversión y mantenimiento de redes y plantas de generación, y la migración a matrices más limpias de manera acelerada, así como una demanda que va en aumento.
Expertos en la materia, incluso, han hablado de una “crisis energética” que golpea a la región, lo que ha hecho que Colombia también revise con cuidado su propia situación, pese a que el país no se apaga hace más de tres décadas. El último apagón que tuvo Colombia se dio entre 1992 y 1993. Estuvo relacionado con factores similares a los que se han visto en la región: problemas financieros de las empresas eléctricas, retrasos en la construcción de nuevos proyectos hidroeléctricos, sobreestimación de la capacidad e infraestructura del sector y, sí, una contingencia climática extrema.
El fenómeno de El Niño afectó los embalses de manera intensa en aquel momento y el país no podía contar con el parque térmico para atender la demanda de energía. Por eso tuvo que vivir racionamiento de energía en horario nocturno (inicialmente entre las 5 p.m. y las 9 p.m.), crear un plan de mejoramiento del parque térmico e incluso cambios en la hora oficial. Quienes lo vivieron habrán de recordarlo por la expresión coloquial La “Hora Gaviria”, que fue como se conoció informalmente a la decisión del Gobierno de César Gaviria (1990-1994) de adelantar una hora los relojes en el país.
Juan Manuel Santos, en ese entonces ministro de Comercio Exterior, le propuso el cambio de hora al presidente César Gaviria y al Congreso, y al final el superintendente de Industria y Comercio, Jorge Orlando Montealegre, emitió la respectiva resolución. Fue así como, el 2 de mayo de 1992, Santos se encargó de ajustar los dos relojes oficiales que se encontraban en la sede del Instituto Colombiano de Normas Técnicas (Icontec), y el país saltó, en un parpadeo, de las 12 p.m. a la 1 a.m.
La medida pretendía que las operaciones comerciales iniciaran más temprano y se redujera el consumo de energía al aprovechar una hora más de la luz del día. Para esa misma época también se presentaron racionamientos en Venezuela y Ecuador, países que revivieron la crítica situación hace apenas un año y que en las últimas tres décadas suman 12 y nueve apagones, respectivamente.
Pero, ¿por qué Colombia no ha tenido que vivir de nuevo una experiencia semejante? Milton Montoya, director del Departamento de Derecho Minero- Energético de la Universidad Externado, explica que el país ha logrado que su parque de generación vaya creciendo conforme aumenta la demanda y que lo ha hecho a partir de señales regulatorias y de política pública. “Desde la Constitución de 1991, y las leyes 142 y 143 de 1994, se definió un modelo en el cual hay una separación de actividades como la generación, la distribución, la transmisión y la comercialización (…). Colombia ha sido capaz de diversificar su matriz energética, de forma en que es una matriz de generación muy limpia, aunque no lo suficiente aún”, comenta Montoya.
¿Estamos del otro lado? Si bien el sistema depende en buena parte del nivel de los embalses, cuando estos bajan hay alternativas de dónde apoyarse. Montoya explica que, por ejemplo, se produce electricidad con un 69 % con fundamento en recurso hídrico y casi 30 % con generación térmica basada en gas natural y carbono. “Todavía la participación de las energías alternativas o no convencionales, como la fotovoltaica o la eólica, es marginal, aunque la primera ha tenido un crecimiento muy importante este año y se espera que lo siga haciendo los próximos años”, añade.
Este incremento está respaldado por el desarrollo de proyectos renovables enfocados en la tecnología solar. Pero - aun con esos ajustes- Colombia no está del todo exenta del riesgo de racionamientos o apagones como los de reciente aparición en otros países latinos.
“Nuestro balance energético está demasiado ajustado, la oferta de generación está muy justa con la demanda que estamos teniendo y con la que va a haber en los siguientes dos o tres años. En los últimos dos no hemos sido capaces de que entren en Colombia proyectos de generación importantes que puedan aumentar nuestra capacidad efectiva de generación, y no hemos desarrollado proyectos que le brinden al país confiabilidad que nos puede dar, por ejemplo, la energía térmica. Adicionalmente, no hemos expandido nuestra capacidad en hidroeléctricas de mediano o gran tamaño desde Hidroituango”, explica Montoya.
Según cifras de XM, el país cuenta con una capacidad efectiva neta de 21,337 megavatios (MW), de los cuales 13,207 vienen de la energía hidráulica y el resto corresponde a energía térmica, solar y cogenerador.
Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, va por una línea similar, al señalar que la posibilidad de enfrentarnos a nuevos racionamientos respondería, más allá de las consecuencias del fenómeno de El Niño, “que el país ha podido soportar”, a la crisis financiera de las empresas comercializadoras de la energía por la deuda que tiene con ellas la nación (por los subsidios de energía y opción tarifaria), la escasez de gas natural y, reitera, la estrechez de la oferta (240 GW h/ día ) y la demanda (226 GW h/día ).
Por eso destaca que, pese a que el sector energético colombiano puede verse a la fecha como un caso de éxito, si se tiene en cuenta que países como Brasil, México y Chile han sufrido siete, seis y tres apagones, respectivamente, “el atraso en la marcha de los proyectos, tanto de generación como transmisión, tienen al sistema en el más alto grado de estrés”.
Al respecto, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgén) considera que, para afrontar este panorama, es necesario un plan de acción en el que se desarrolle una nueva subasta de expansión, pues las subastas de reconfiguración buscan cubrir el déficit hasta 2027, pero se necesitarán más a partir de 2028. Asimismo, que se den señales de política pública estables para atraer mayor inversión y reducir la incertidumbre que, explican, se ha generado por intentos intervencionistas del sector.
“Es clave que se tomen medidas para que puedan entrar en operación los proyectos que se encuentran atrasados por problemas ajenos a las empresas. Para esto es importante contar con acompañamiento constante del Gobierno Nacional, considerando las dificultades que se presentan en términos de conflictividad social, consultas previas y licenciamiento ambiental”, añade Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén.
Atravesar una crisis energética como la que conocieron los colombianos en 1992 y 1993 no solo pondría en apuros el parque energético de Colombia que, hasta el momento, se ha mostrado por encima de otros en la región y que, incluso, se ubicó décimo entre 126 países destacados por el desempeño de su arquitectura energética en un reporte del Foro Económico Mundial.
También representaría un impacto estimado de más de $200.000 millones la hora, si se da entre las 6 p.m. y las 12 m., $1,1 billones diarios o $35 billones al mes, según un estudio realizado por Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá.
Creg ha ejecutado un 77,5 % del presupuesto
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) hizo su rendición de cuentas para 2024. Durante el año contó con un presupuesto aproximado de $47.700 millones. De ese total, $32.900 millones fueron destinados a gastos de funcionamiento y $14.700 millones a inversión. Con corte a noviembre ejecutó un 77,5 % del presupuesto; el monto de inversión se habría destinado a la modernización del marco regulatorio, el fortalecimiento de la gobernanza de las tecnologías y el desempeño institucional.
Tarifa de energía llegó a históricos en 2024
La Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energías Industriales y Comerciales (Asoenergía) alertó que el país termina 2024 con las tarifas de energía más altas de los últimos 30 años, por lo que pidió una política clara para la gestión del marco legal y regulatorio, que garantice tarifas eficientes para el sector y los usuarios.
“La subida de los precios de la energía no es sostenible para los usuarios, impactando gravemente los precios de los contratos tanto para la demanda regulada como para la demanda no regulada, y finalmente las tarifas y los productos finales de consumo (…). No es aceptable seguir escuchando anuncios de los proveedores anunciando mayores tarifas energéticas, y al Gobierno haciendo esfuerzos no reflejados en los resultados materiales”, comentó Sandra Fonseca, directora ejecutiva de Asoenergía.
Entre las medidas que ha anunciado el Gobierno está la fijación de un tope tarifario a los precios de la electricidad que se negocian en la bolsa del mercado de energía colombiano.
