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Uno de los temas destacados en el debate político y económico en Colombia durante 2022 fue la posible reforma pensional. Desde la elección de Gustavo Petro como presidente se anunció que el Gobierno está trabajando en una propuesta para presentarla al Congreso en 2023.
Hasta el momento, de todas esas idas y venidas de anuncios, discursos y declaraciones, hay dos temas que se destacan en la propuesta: se aumentaría la cobertura del sistema con subsidios para aproximadamente tres millones de personas mayores que no tienen una pensión, y pasaríamos a un “sistema de pilares”, en el que todos los trabajadores colombianos estaríamos obligados a contribuir al menos parte de su salario al sistema de reparto de Colpensiones.
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Estos elementos muestran una buena intención por parte del Gobierno, ya que abordan varios de los problemas de diseño del sistema. Tristemente, apenas una de cada cuatro personas mayores accede a una pensión. Si bien son pocos los pensionados, el gasto público en pensiones es similar al promedio de la región, y un porcentaje ínfimo llega a las personas más vulnerables. Además, la competencia entre los regímenes de prima media (Colpensiones) y de ahorro individual (las AFP) hace que personas con historias laborales similares reciban pensiones o devoluciones sustancialmente diferentes dependiendo del régimen al que se encuentren afiliados.
Estas son algunas de las razones que justifican una reforma al sistema de protección social para las personas mayores. Los anuncios del Gobierno sugieren que de aquí en adelante todas las personas contribuyamos a Colpensiones y que aquellos que ganen más de cuatro salarios mínimos (menos del 10 % de los trabajadores formales) contribuyan sobre los primeros cuatro salarios mínimos a Colpensiones y el resto de la contribución a una AFP. Entre las bondades de esta reforma, destacan los anuncios, es que permitiría reducir las necesidades de transferencias del Gobierno Nacional a Colpensiones, liberando recursos para financiar la expansión de un subsidio por medio salario mínimo mensual a tres millones de personas mayores que no reciben una pensión.
Desafortunadamente, esta reforma puede convertirse en un caso en el que buenas intenciones llevan a malos resultados. Hay una serie de inquietudes que, de no ser resueltas apropiadamente, pueden hacer que resulte en un cambio no duradero que no mejore la calidad de vida de los adultos mayores y afecte la estabilidad macroeconómica del país.
La primera inquietud está relacionada con qué tan sostenible es un programa de subsidios a las personas no pensionadas. El problema de las pensiones va más allá de obtener unos años de financiación, se deben garantizar recursos para las generaciones actuales y futuras. Pero los elementos que se conocen de la propuesta no son claros en cómo se podrá mantener esa promesa.
En 2022, aproximadamente tres millones de personas mayores se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. Si se mantiene esta tendencia, tendremos siete millones de personas mayores en situación de vulnerabilidad en 2050 y 10 millones en 2070. Una vez Colpensiones asuma las pensiones de la mayoría de los futuros pensionados, ¿de dónde saldrán los recursos para apoyar a las personas mayores que se encuentran en vulnerabilidad? Un monto de subsidio muy alto, o una fuente de financiación precaria, llevará a que esa promesa de protección económica no se cumpla hacia delante.
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La segunda inquietud que genera aún más debate es el destino del capital acumulado en las cuentas de ahorro individual de las personas que se encuentran actualmente en las AFP. Hasta el momento, se afirma que el capital acumulado no se va a tocar al momento de la reforma. Pero si el sistema de pilares nos cubre a todos y todas, ¿cómo se van a calcular las pensiones cuando las personas lleguen a la edad de retiro?, ¿el capital tendrá que ser pasado a Colpensiones en ese momento?, ¿y las devoluciones de aportes?, ¿el Estado se quedará con los intereses? Estas dimensiones tienen implicaciones directas sobre el bienestar y las fuentes de financiación de las generaciones actuales y pueden afectar aún más la sostenibilidad del sistema.
La tercera inquietud que surge es qué otros cambios institucionales y al mercado de capitales se plantearán para estructurar un sistema integral y una alineación de objetivos de inversión de las AFP con las necesidades de sus afiliados. Desafortunadamente, estos elementos no se discuten lo suficiente y son fundamentales para mejorar la funcionalidad del sistema.
Entre muchas otras, estas inquietudes resaltan la necesidad de mayor transparencia por parte del Gobierno para entender las implicaciones de la reforma.
Las reformas pensionales son impopulares, habrá ganadores y perdedores, por lo que requieren claridad para ganar legitimidad. Esto solo se logra con un ejercicio en el que el Gobierno socialice el alcance de la reforma más allá de una mesa de concertación, aclarando cómo se afectará directamente a las personas a través de sus pensiones e indirectamente a través de los impuestos para financiar los subsidios a las personas no pensionadas.
Cuando pensamos en pensiones, necesitamos balancear el bienestar de las generaciones actuales y futuras. El Gobierno Nacional tiene una oportunidad única de pensar un sistema que perdure en el tiempo y garantice la calidad de vida de las personas mayores. Esta oportunidad va más allá de propuestas de campaña y de posturas ideológicas, ya que nos afecta a nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Ojalá el Gobierno no sea inferior a la responsabilidad histórica que se le avecina.
* Profesor, Facultad de Economía. U. de los Andes.