La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos a la Dimayor, a 16 clubes de fútbol profesional colombiano y a 20 personas naturales por presuntos actos anticompetitivos. Así lo confirmó el director de esa entidad, Andrés Barreto, quien agregó que los hechos habrían ocurrido en el mercado de los derechos deportivos de los jugadores del fútbol profesional en el territorio nacional entre 2018 y 2021.
Según la investigación, que arrancó por una denuncia de la Asociación Colombiana de Fútbol (Acolfutpro) que dio a conocer El Espectador en mayo pasado, 10 de los clubes investigados habrían enviado comunicaciones a otros clubes con el fin de impedir la transacción de los derechos deportivos de al menos 16 jugadores entre el año 2018 y lo corrido del 2021. Esa conducta, dice la SIC, habrían limitado la libre competencia en el mercado de los derechos deportivos de los jugadores de fútbol colombiano.
(En contexto: La lupa de la SIC a los contratos del fútbol colombiano)
“Esta Superintendencia identificó comunicaciones emitidas por los clubes investigados, en las que se manifiesta su aprobación frente a un listado de jugadores vetados con los que se restringe la negociación de sus derechos deportivos, en lo que constituiría un acuerdo anticompetitivo entre los clubes por la adquisición de estos derechos”, explicó la SIC a través de un comunicado de prensa.
Sobre la Dimayor, la entidad explicó que siendo el órgano rector de los clubes profesionales “habría tenido conocimiento de la existencia y contenido de listados de jugadores vetados. A pesar de ello y de contar con los mecanismos jurídicos para sancionar estas conductas ante su Comisión Disciplinaria, mantuvo una posición pasiva permitiendo sanciones de facto sobre los jugadores que pretendieron ejercer sus derechos ante los clubes de fútbol investigados”.
Los clubes de fútbol que serán investigados son:
1. Talento Dorado S.A.
2. Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A. - En liquidación oficial
3. Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A
4. Unión Magdalena S.A
5. Asociación Deportivo Pasto
6. Envigado Fútbol Club S.A
7. Tigres Fútbol Club S.A
8. Club Deportes Tolima S.A
9. Once Caldas S.A - En reorganización
10. Deportes Quindío S.A
11. Club Deportes La Equidad Seguro S.A
11. Club Deportes La Equidad Seguros S.A
13. Fortaleza Fútbol Club S.A
14. Leones Fútbol Club S.A
15. Club Deportivo Real Santander S.A
16. Alianza Petrolera F.C. S.A
Lo que puntualmente investigará la SIC es la presunta existencia de un cartel que viola los derechos de los jugadores profesionales al exigir formatos únicos de contrato, crear estatutos que impiden negociar los derechos de imagen colectivos, y construir listas negras de quienes han intentado alegar por sus derechos laborales o negociar su traspaso a otro club sin la autorización del equipo con el que juegan actualmente.
Otro de los reclamos que hizo Acolfuturo a la SIC son las listas negras que supuestamente crean los clubes y son propiciadas por la Dimayor. “En estas listas, que impiden a los jugadores ser contratados, se incluyen quienes buscan la terminación unilateral del contrato. A esto se suma que los clubes les prohíben a los futbolistas que se encuentren en la última temporada de vigencia de su contrato negociar con otro club, salvo que el de origen manifieste su acuerdo o reciba una compensación. Los presidentes envían comunicación a sus pares informando las circunstancias que, en virtud de los acuerdos comunes, impiden que cualquier club profesional contrate a un jugador”, dijo a este diario el abogado Jairo Rubio Escobar, en representación de Acolfutpro Rubio, quien además presentó las pruebas de esas cartas.
Una de ellas es una misiva del 9 de diciembre de 2019, en la que el expresidente del Cúcuta Deportivo, José Augusto Cadena –quien perdió la ficha deportiva por no pagar salarios y es uno de los clubes ahora investigados–, informó a los presidentes de los otros clubes que los jugadores Luis Fernando Miranda y Hárrison Mancilla Mulato “pasaron la carta de renuncia desconociendo que jurídicamente no tenían derecho a pasarla, ya que el Club está cumpliendo todas las obligaciones laborales y contractuales con ellos”, por lo que solicita “abstenerse de hacer cualquier tipo de negociación con algún agente, representante o con el mismo jugador, ya que lo que quieren es dividir el fútbol y sacar ventaja siempre de nosotros los clubes”, se lee en la carta.
Las personas naturales que serán investigadas son:
“En este caso la Superintendencia podrá imponer multas hasta de cien mil salarios mínimos legales por cada infracción al régimen de libre competencia, y de hasta dos mil salarios mínimos mensuales vigentes por cada infracción a quienes colaboren, faciliten, autoricen, ejecuten o toleren las conductas anticompetitivas”, concluyó la entidad en el comunicado de prensa.