Sin ley de financiamiento, ¿qué gastos recortaría el Gobierno en 2025?
En el horizonte de lo previsto y lo esperado, se vislumbran recortes en el presupuesto de inversión para el próximo año, teniendo en cuenta que -como lo dijo el Gobierno en repetidas oportunidades- los rubros de deuda y funcionamiento son “inflexibles”.
Tras el hundimiento de la ley de financiamiento en su primer debate en las comisiones económicas conjuntas de Cámara y Senado, se abre un nuevo escenario económico para el país, que obligará al ejecutivo a replantear estrategias fiscales de cara al Presupuesto General de 2025.
Lo primero que hay que aclarar es que, de facto, el presupuesto queda desfinanciado en $12 billones, que era el monto inicial por el que se presentó la tributaria en el Congreso. Así las cosas, el presupuesto del próximo año iría por $511 billones, no por los $523 que buscaba el Gobierno originalmente en el Congreso.
En el horizonte de lo previsto y lo esperado, se vislumbran recortes en el presupuesto de inversión para el próximo año, teniendo en cuenta que -como lo dijo el Gobierno en repetidas oportunidades- los rubros de deuda y funcionamiento son “inflexibles”.
En una reciente declaración a medios de comunicación, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, explicó que la ley de financiamiento buscaba completar el presupuesto de inversión, “porque los rubros de funcionamiento y deuda son completamente inflexibles, y para el próximo año tenemos un rubro de deuda mayor que el de inversión”.
Durante el debate en las comisiones económicas del Congreso, los señalamientos de una baja ejecución del Gobierno en el presupuesto de este año se escucharon constantemente y este, precisamente, fue el argumento con el que los congresistas de oposición castigaron la ley de financiamiento.
El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, aseguró que el Gobierno debería ejecutar los $97 billones disponibles en las carteras, en lugar de buscar imponerles a los colombianos nuevos impuestos: “Una reforma tributaria hoy es nociva”.
Por su parte, el director de Planeación Nacional, Alexander López, indicó que los $97 billones sin ejecutar, de los que habla Cepeda, no serían más que una falsedad: “han construido una red de mentiras”.
“Es mi deber aclarar que, $28 billones son los anunciados para recorte presupuestal, $42 billones pertenecen a funcionamiento, el cual contiene la transferencia del SGP que está próximo a girarse a las regiones, el aseguramiento en salud y el pago de pensiones. $14 billones corresponden al servicio de la deuda y lo restante corresponde a inversión”, dijo López.
Un escenario sin ley de financiamiento
El nuevo escenario que abre el hundimiento de la ley de financiamiento es incierto, pues hasta no tener el decreto del Presupuesto General de 2025 (que deberá ser expedido antes de que termine este año) no se conocerá a ciencia cierta de qué manera (y en qué rubros) el Gobierno tendrá que apretarse el cinturón.
Sin embargo, en el terreno de lo especulativo, el gabinete del presidente Petro se ha referido a varios de los gastos que tendrían que recortarse.
En la mañana de este jueves, Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, alertó sobre las repercusiones que tendría el hundimiento de la ley de financiamiento en los costos de energía.
El ministro lamentó que “ni siquiera se haya dado la discusión de esta ley”, que -en palabras de Camacho- buscaba aliviar la carga de la opción tarifaria, especialmente en los usuarios de la región Caribe, trasladando esa deuda al presupuesto nacional. En una entrevista con Blu Radio, el minminas señaló que algunas de las soluciones que contemplaba el Gobierno para atacar los altos costos de la energía quedan en el aire sin la ley de financiamiento.
Así mismo, el ministro dejó en claro que este fracaso legislativo de la iniciativa del Gobierno afecta la transición energética, pues la ley de financiamiento contenía varios incentivos, como bonos fiscales e incentivos tributarios para inversiones en proyectos de energías renovables. Según Camacho, el proyecto contemplaba exenciones de IVA y deducciones del impuesto de renta para proyectos renovables.
“El hundimiento de la reforma afecta la posibilidad de seguir avanzando en proyectos de generación de energías limpias, lo cual tiene un impacto directo en la reactivación económica y en los compromisos ambientales de Colombia”, le dijo Andrés Camacho a Blu Radio.
Por su parte, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López, advirtió que el hundimiento del proyecto traerá consecuencias como reducción en subsidios de vivienda de interés social (Mi Casa Ya) y menor presupuesto para construcción de acueductos. Entre las alertas de López también resaltan recortes en las carteras de Cultura, Igualdad, Interior, Ambiente, Ciencia o Deporte.
Incluso, el director del DNP señaló que entidades como la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría tendrán menos recursos para la protección de los derechos humanos.
“26 de 31 sectores no van a tener recursos para avanzar en los compromisos. Es un golpe a la inversión social”, aseveró López.
Sobre la vivienda, cabe resaltar que el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el próximo año contempla un recorte en torno al 39 % para la cartera de vivienda y, puntualmente, una reducción del 18 % para el Fonvivienda. Así las cosas, los recursos con los cuales dispondría el Fonvivienda sólo permitirían garantizar 20.500 subsidios de Mi Casa Ya de los 50.000 prometidos por el Gobierno.
María Clara Rodríguez, jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Vivienda, le dijo a este diario en septiembre que el “hueco” que tendrían los subsidios de vivienda para el próximo año sería de $1,9 billones.
“Tenemos un faltante de $1,9 billones para seguir cumpliendo con los programas que viene ejecutando el Ministerio, entre ellos, toda la oferta habitacional: subsidios de adquisición (Mi Casa Ya), de mejoramiento de vivienda, el programa de autoconstrucción”, manifestó Rodríguez.
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Tras el hundimiento de la ley de financiamiento en su primer debate en las comisiones económicas conjuntas de Cámara y Senado, se abre un nuevo escenario económico para el país, que obligará al ejecutivo a replantear estrategias fiscales de cara al Presupuesto General de 2025.
Lo primero que hay que aclarar es que, de facto, el presupuesto queda desfinanciado en $12 billones, que era el monto inicial por el que se presentó la tributaria en el Congreso. Así las cosas, el presupuesto del próximo año iría por $511 billones, no por los $523 que buscaba el Gobierno originalmente en el Congreso.
En el horizonte de lo previsto y lo esperado, se vislumbran recortes en el presupuesto de inversión para el próximo año, teniendo en cuenta que -como lo dijo el Gobierno en repetidas oportunidades- los rubros de deuda y funcionamiento son “inflexibles”.
En una reciente declaración a medios de comunicación, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, explicó que la ley de financiamiento buscaba completar el presupuesto de inversión, “porque los rubros de funcionamiento y deuda son completamente inflexibles, y para el próximo año tenemos un rubro de deuda mayor que el de inversión”.
Durante el debate en las comisiones económicas del Congreso, los señalamientos de una baja ejecución del Gobierno en el presupuesto de este año se escucharon constantemente y este, precisamente, fue el argumento con el que los congresistas de oposición castigaron la ley de financiamiento.
El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, aseguró que el Gobierno debería ejecutar los $97 billones disponibles en las carteras, en lugar de buscar imponerles a los colombianos nuevos impuestos: “Una reforma tributaria hoy es nociva”.
Por su parte, el director de Planeación Nacional, Alexander López, indicó que los $97 billones sin ejecutar, de los que habla Cepeda, no serían más que una falsedad: “han construido una red de mentiras”.
“Es mi deber aclarar que, $28 billones son los anunciados para recorte presupuestal, $42 billones pertenecen a funcionamiento, el cual contiene la transferencia del SGP que está próximo a girarse a las regiones, el aseguramiento en salud y el pago de pensiones. $14 billones corresponden al servicio de la deuda y lo restante corresponde a inversión”, dijo López.
Un escenario sin ley de financiamiento
El nuevo escenario que abre el hundimiento de la ley de financiamiento es incierto, pues hasta no tener el decreto del Presupuesto General de 2025 (que deberá ser expedido antes de que termine este año) no se conocerá a ciencia cierta de qué manera (y en qué rubros) el Gobierno tendrá que apretarse el cinturón.
Sin embargo, en el terreno de lo especulativo, el gabinete del presidente Petro se ha referido a varios de los gastos que tendrían que recortarse.
En la mañana de este jueves, Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, alertó sobre las repercusiones que tendría el hundimiento de la ley de financiamiento en los costos de energía.
El ministro lamentó que “ni siquiera se haya dado la discusión de esta ley”, que -en palabras de Camacho- buscaba aliviar la carga de la opción tarifaria, especialmente en los usuarios de la región Caribe, trasladando esa deuda al presupuesto nacional. En una entrevista con Blu Radio, el minminas señaló que algunas de las soluciones que contemplaba el Gobierno para atacar los altos costos de la energía quedan en el aire sin la ley de financiamiento.
Así mismo, el ministro dejó en claro que este fracaso legislativo de la iniciativa del Gobierno afecta la transición energética, pues la ley de financiamiento contenía varios incentivos, como bonos fiscales e incentivos tributarios para inversiones en proyectos de energías renovables. Según Camacho, el proyecto contemplaba exenciones de IVA y deducciones del impuesto de renta para proyectos renovables.
“El hundimiento de la reforma afecta la posibilidad de seguir avanzando en proyectos de generación de energías limpias, lo cual tiene un impacto directo en la reactivación económica y en los compromisos ambientales de Colombia”, le dijo Andrés Camacho a Blu Radio.
Por su parte, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López, advirtió que el hundimiento del proyecto traerá consecuencias como reducción en subsidios de vivienda de interés social (Mi Casa Ya) y menor presupuesto para construcción de acueductos. Entre las alertas de López también resaltan recortes en las carteras de Cultura, Igualdad, Interior, Ambiente, Ciencia o Deporte.
Incluso, el director del DNP señaló que entidades como la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría tendrán menos recursos para la protección de los derechos humanos.
“26 de 31 sectores no van a tener recursos para avanzar en los compromisos. Es un golpe a la inversión social”, aseveró López.
Sobre la vivienda, cabe resaltar que el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el próximo año contempla un recorte en torno al 39 % para la cartera de vivienda y, puntualmente, una reducción del 18 % para el Fonvivienda. Así las cosas, los recursos con los cuales dispondría el Fonvivienda sólo permitirían garantizar 20.500 subsidios de Mi Casa Ya de los 50.000 prometidos por el Gobierno.
María Clara Rodríguez, jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Vivienda, le dijo a este diario en septiembre que el “hueco” que tendrían los subsidios de vivienda para el próximo año sería de $1,9 billones.
“Tenemos un faltante de $1,9 billones para seguir cumpliendo con los programas que viene ejecutando el Ministerio, entre ellos, toda la oferta habitacional: subsidios de adquisición (Mi Casa Ya), de mejoramiento de vivienda, el programa de autoconstrucción”, manifestó Rodríguez.
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