Sistemas pensionales sostenibles, un reto mundial

En Colombia, las pensiones son un asunto espinoso, entre otras cosas por lo complejo que resulta discutir la necesidad de reformarlas. No es sino mencionar la reciente campaña presidencial para entender que es un tema que se discute con pinzas. Aunque la discusión sobre éstas fue recurrente, pocos se aventuraron a explicar qué cambios le harían al sistema, y cuando lo hicieron afirmando que aumentarían la edad de jubilación, a los pocos días tuvieron que retractarse, como le pasó a Sergio Fajardo.

Pero las dificultades que enfrentan las pensiones en los próximos años no son un tema que sólo inquieta a Colombia. Alrededor del mundo ya se está dando la discusión de cómo mantener sostenible el sistema, es decir, lograr que uno o varios de sus factores, como aportes económicos, cobertura y edad de jubilación, entre otros, no amenacen su correcto equilibrio. Así las cosas, qué soluciones hay a este y otros retos y, cómo está el sistema pensional colombiano frente al de otros países.

Un buen punto de partida es comparar el sistema pensional colombiano con el de otras naciones. De acuerdo con el Índice Global de Pensiones de Melbourne de 2017, publicado por el Centro Australiano de Estudios Financieros y la firma de consultoría Mercer, Colombia, en materia pensional, es el país número 14 de 30 que fueron evaluados. En esa clasificación, el país se encuentra en la misma categoría que Alemania y Reino Unido.

Esto no quiere decir que estos tres sistemas sean iguales, sino que, según el índice, pertenecen a la categoría C+, en la que están las naciones que tienen “algunos elementos positivos, pero que también presentan importantes riesgos”. Eso sí, coinciden en un problema: la sostenibilidad. David Cuervo, director Wealth de Mercer en Colombia, explica que, en Alemania, por ejemplo, “a pesar de tener un beneficio adecuado, si no se hacen reformas rápidas, en los próximos años tendrán problemas en esta materia”.

Un documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre las pensiones sociales y la pobreza en América Latina indica que la población de esta región está envejeciendo a un ritmo acelerado, sin embargo, la cobertura relativa de los programas previsionales contributivos se ha mantenido casi estancada en las últimas décadas, a pesar de varios intentos de reformas (para 2016 alcanzaba sólo al 29,2 % de los 45 millones de adultos mayores de 65 años).

En trabajos comparativos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) analizó la relación entre el gasto público comprometido en pagos de pensiones, sus parámetros, la tasa de beneficios otorgados y su sostenibilidad en el mediano plazo para concluir que el compromiso del Estado viene en aumento dada la escasa posibilidad de ingreso en la vejez, la nueva expectativa de vida y el mayor ingreso de la población.

Conscientes de esta realidad, y preocupados por la sostenibilidad fiscal, desde el año 2000, en diferentes países, se han implementado ajustes y reformas institucionales, calificadas por expertos como “inéditas en su intensidad y velocidad”, para brindar alguna clase de protección a esta población a través de programas contributivos, no contributivos o asistenciales. Sin embargo, el avance de la economía informal, particularmente en América Latina, desde la década de los 80, ha impedido subsanar la situación y todos los esfuerzos han mostrado poco impacto.

A nivel regional, y teniendo en cuenta que los países que aparecen en el índice de Mercer son Chile, Colombia, Brasil, México y Argentina, el reto también va dirigido al sostenimiento en el tiempo de manera adecuada. Cuervo explica que Chile, en comparación con los otros cuatro, es sostenible, porque sus beneficios no son altos, lo contrario a lo que ocurre en Colombia.

Chile fue el país pionero en la adopción de un modelo de ahorro administrado por los fondos privados, es decir, un sistema de contribución definida en el que cada trabajador tiene una cuenta individual donde ahorra para su vejez a lo largo de su vida, o lo que en Colombia llamamos Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS).

Sin embargo, en 2008 fue necesaria una reforma porque la cobertura pensional era muy baja (50 % no alcanzaba el beneficio), tanto por la baja afiliación como por la dificultad de que los afiliados mantuvieran sus aportes. La nueva política incentivó el ahorro e implementó pensiones solidarias para las personas más pobres, además se mejoró la competencia entre las administradoras de fondos de pensiones.

En los últimos años los ciudadanos han pedido permanentemente en las calles que desaparezca este modelo que “recauda más del doble de lo que paga”, pues, mientras las ganancias de los fondos de pensiones son millonarias, la mayoría de sus afiliados no alcanzan a obtener una pensión y quienes la consiguen denuncian que es considerablemente baja frente a sus últimos salarios (alrededor de 34 %).

Por su parte, Brasil, México y Argentina encuentran retos en ser sostenibles por distintos motivos. En el caso del primero, porque desde hace años, específicamente desde la década de los 30, no se hace una reforma estructural. En cuanto a México, porque, por unos cambios recientes en la forma en que se administran los ahorros, el Estado destina recursos a subsidiar las pensiones de menor cuantía, lo que deriva en un problema de sostenibilidad, sin contar con que es uno de los países con peor cobertura de la región (20 %, según la Cepal). Y con Argentina la situación se debe a que la expresidenta Cristina Fernández nacionalizó los fondos de pensiones y adoptó esos recursos para programas sociales.

Un caso particular es el de Perú, especialmente porque Colombia se basó en su experiencia para diseñar el Sistema General de Pensiones vigente. En el vecino país operan en paralelo el beneficio definido y la contribución definida, es decir, las administradoras privadas y el régimen público compiten entre sí con condiciones diferentes.

Los expertos han advertido que, si bien la pensión pública es insostenible, también es necesario buscar mejoras en la pensión que gestionan las administradoras, especialmente porque sólo hay cuatro fondos de pensiones privados, una estructura calificada como oligopolio. El reto está en sacar adelante una reforma cuando las tasas de evasión e informalidad impiden aumentar la cobertura.

Según un estudio de la Universidad Eafit, el problema está en que ambos países adoptaron el esquema de fondos privados, pero mantuvieron el antiguo régimen público, acompañado de ajustes en las edades, tasas de reemplazo y densidades de cotización. La investigación concluye que el sistema no es sostenible en el largo plazo, tal como quedó demostrado en Estados Unidos y algunos países de Europa occidental que atravesaron la misma transición.

Conseguir el dinero necesario para que los sistemas pensionales sigan funcionando es todo un reto, incluso para los países que no están en el índice de Mercer. Quizás el caso más extremo en la actualidad es el de Nicaragua, que desde abril está sumido en fuertes protestas. El 16 de ese mes, el gobierno de Daniel Ortega aprobó una reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social para aumentar los aportes de los empleados (del 6,25 al 7 %) y de las empresas (del 19 al 22,5 %), y para que los jubilados aporten un 5 % de sus pensiones.

Pero, lejos de ser una medida exitosa, la decisión de Ortega generó, además del rechazo de los empresarios, una serie de protestas que no han parado y en las que las personas exigen la salida de quien es su jefe de Estado desde 2007. Las protestas, que han sido fuertemente reprimidas por las autoridades y por grupos paramilitares, han dejado, hasta el momento, un saldo de más de 300 muertos, en su mayoría civiles.

Ajustes que son necesarios

Si bien la organización institucional de los sistemas de seguridad social ayuda a equilibrar las cargas, son la evolución demográfica, la dinámica del mercado laboral y hasta la productividad de la economía las que dan claves sobre los compromisos que se deben asumir en torno a los sistemas pensionales del futuro, bajo los principios de sostenibilidad, equidad y cobertura.

“En el estándar internacional uno debería estar pensando en vivir pensionado unos 15 años. Lo que está sucediendo es que si me pensiono a los 62, voy a tener casi el mismo tiempo de vida laboral activa en retiro, y eso, desde el punto de vista económico, es insostenible”, explica Cuervo, antes de dar una cifra reveladora: “el promedio de edad de retiro está sobre los 62, pero ya hay países donde la pensión es entre los 67 y 70 años”.

Además, en un estudio de seguridad financiera, también realizado por Mercer, se explica otro motivo de preocupación: la falta de preparación de las personas para los años de jubilación. De acuerdo con dicha medición, que se realizó en 12 países, siete regiones y contó con la participación de 7.000 adultos mayores de 18 años, el 68 % de los encuestados no esperan jubilarse. Aun así, las personas, señala la investigación, “no toman las acciones necesarias. Son varios los factores que afectan la capacidad de ahorro e inversión, como el estrés, la asequibilidad, el acceso y la confianza en las inversiones, además de la edad, el género y la esperanza de vida”.

Y es con esos dos aspectos, el de la edad y el de los ahorros, que se empiezan a discutir las soluciones necesarias para alcanzar una sostenibilidad adecuada en los sistemas pensionales (en el índice de Mercer ninguno alcanza la categoría A, que es la más alta). Para lograrlo, cuenta Cuervo, en todos los países ha surgido la discusión de reformar los sistemas.

“Todos los países tienen esa discusión hoy por hoy sobre el tipo de reforma, si hacerla paramétrica —que tiene un efecto pequeño, pues ajusta la sostenibilidad pero no soluciona de lleno el problema— o estructural, que sea fundacional. Esa es una discusión que está vigente en Perú, Colombia, Nicaragua y Brasil”, concluye Cuervo.

En general, estudios como el de Mercer dejan ver que todos los países afrontan problemas en su aparato pensional, por lo que casos como el de Colombia no son aislados. Básicamente todos afrontan esta incertidumbre: cómo hacer para que los ingresos de los pensionados sean suficientes para su subsistencia, sin que esto signifique una eventual quiebra del sistema.

En Colombia, las pensiones son un asunto espinoso, entre otras cosas por lo complejo que resulta discutir la necesidad de reformarlas. No es sino mencionar la reciente campaña presidencial para entender que es un tema que se discute con pinzas. Aunque la discusión sobre éstas fue recurrente, pocos se aventuraron a explicar qué cambios le harían al sistema, y cuando lo hicieron afirmando que aumentarían la edad de jubilación, a los pocos días tuvieron que retractarse, como le pasó a Sergio Fajardo.

Pero las dificultades que enfrentan las pensiones en los próximos años no son un tema que sólo inquieta a Colombia. Alrededor del mundo ya se está dando la discusión de cómo mantener sostenible el sistema, es decir, lograr que uno o varios de sus factores, como aportes económicos, cobertura y edad de jubilación, entre otros, no amenacen su correcto equilibrio. Así las cosas, qué soluciones hay a este y otros retos y, cómo está el sistema pensional colombiano frente al de otros países.

Un buen punto de partida es comparar el sistema pensional colombiano con el de otras naciones. De acuerdo con el Índice Global de Pensiones de Melbourne de 2017, publicado por el Centro Australiano de Estudios Financieros y la firma de consultoría Mercer, Colombia, en materia pensional, es el país número 14 de 30 que fueron evaluados. En esa clasificación, el país se encuentra en la misma categoría que Alemania y Reino Unido.

Esto no quiere decir que estos tres sistemas sean iguales, sino que, según el índice, pertenecen a la categoría C+, en la que están las naciones que tienen “algunos elementos positivos, pero que también presentan importantes riesgos”. Eso sí, coinciden en un problema: la sostenibilidad. David Cuervo, director Wealth de Mercer en Colombia, explica que, en Alemania, por ejemplo, “a pesar de tener un beneficio adecuado, si no se hacen reformas rápidas, en los próximos años tendrán problemas en esta materia”.

Un documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre las pensiones sociales y la pobreza en América Latina indica que la población de esta región está envejeciendo a un ritmo acelerado, sin embargo, la cobertura relativa de los programas previsionales contributivos se ha mantenido casi estancada en las últimas décadas, a pesar de varios intentos de reformas (para 2016 alcanzaba sólo al 29,2 % de los 45 millones de adultos mayores de 65 años).

En trabajos comparativos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) analizó la relación entre el gasto público comprometido en pagos de pensiones, sus parámetros, la tasa de beneficios otorgados y su sostenibilidad en el mediano plazo para concluir que el compromiso del Estado viene en aumento dada la escasa posibilidad de ingreso en la vejez, la nueva expectativa de vida y el mayor ingreso de la población.

Conscientes de esta realidad, y preocupados por la sostenibilidad fiscal, desde el año 2000, en diferentes países, se han implementado ajustes y reformas institucionales, calificadas por expertos como “inéditas en su intensidad y velocidad”, para brindar alguna clase de protección a esta población a través de programas contributivos, no contributivos o asistenciales. Sin embargo, el avance de la economía informal, particularmente en América Latina, desde la década de los 80, ha impedido subsanar la situación y todos los esfuerzos han mostrado poco impacto.

A nivel regional, y teniendo en cuenta que los países que aparecen en el índice de Mercer son Chile, Colombia, Brasil, México y Argentina, el reto también va dirigido al sostenimiento en el tiempo de manera adecuada. Cuervo explica que Chile, en comparación con los otros cuatro, es sostenible, porque sus beneficios no son altos, lo contrario a lo que ocurre en Colombia.

Chile fue el país pionero en la adopción de un modelo de ahorro administrado por los fondos privados, es decir, un sistema de contribución definida en el que cada trabajador tiene una cuenta individual donde ahorra para su vejez a lo largo de su vida, o lo que en Colombia llamamos Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS).

Sin embargo, en 2008 fue necesaria una reforma porque la cobertura pensional era muy baja (50 % no alcanzaba el beneficio), tanto por la baja afiliación como por la dificultad de que los afiliados mantuvieran sus aportes. La nueva política incentivó el ahorro e implementó pensiones solidarias para las personas más pobres, además se mejoró la competencia entre las administradoras de fondos de pensiones.

En los últimos años los ciudadanos han pedido permanentemente en las calles que desaparezca este modelo que “recauda más del doble de lo que paga”, pues, mientras las ganancias de los fondos de pensiones son millonarias, la mayoría de sus afiliados no alcanzan a obtener una pensión y quienes la consiguen denuncian que es considerablemente baja frente a sus últimos salarios (alrededor de 34 %).

Por su parte, Brasil, México y Argentina encuentran retos en ser sostenibles por distintos motivos. En el caso del primero, porque desde hace años, específicamente desde la década de los 30, no se hace una reforma estructural. En cuanto a México, porque, por unos cambios recientes en la forma en que se administran los ahorros, el Estado destina recursos a subsidiar las pensiones de menor cuantía, lo que deriva en un problema de sostenibilidad, sin contar con que es uno de los países con peor cobertura de la región (20 %, según la Cepal). Y con Argentina la situación se debe a que la expresidenta Cristina Fernández nacionalizó los fondos de pensiones y adoptó esos recursos para programas sociales.

Un caso particular es el de Perú, especialmente porque Colombia se basó en su experiencia para diseñar el Sistema General de Pensiones vigente. En el vecino país operan en paralelo el beneficio definido y la contribución definida, es decir, las administradoras privadas y el régimen público compiten entre sí con condiciones diferentes.

Los expertos han advertido que, si bien la pensión pública es insostenible, también es necesario buscar mejoras en la pensión que gestionan las administradoras, especialmente porque sólo hay cuatro fondos de pensiones privados, una estructura calificada como oligopolio. El reto está en sacar adelante una reforma cuando las tasas de evasión e informalidad impiden aumentar la cobertura.

Según un estudio de la Universidad Eafit, el problema está en que ambos países adoptaron el esquema de fondos privados, pero mantuvieron el antiguo régimen público, acompañado de ajustes en las edades, tasas de reemplazo y densidades de cotización. La investigación concluye que el sistema no es sostenible en el largo plazo, tal como quedó demostrado en Estados Unidos y algunos países de Europa occidental que atravesaron la misma transición.

Conseguir el dinero necesario para que los sistemas pensionales sigan funcionando es todo un reto, incluso para los países que no están en el índice de Mercer. Quizás el caso más extremo en la actualidad es el de Nicaragua, que desde abril está sumido en fuertes protestas. El 16 de ese mes, el gobierno de Daniel Ortega aprobó una reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social para aumentar los aportes de los empleados (del 6,25 al 7 %) y de las empresas (del 19 al 22,5 %), y para que los jubilados aporten un 5 % de sus pensiones.

Pero, lejos de ser una medida exitosa, la decisión de Ortega generó, además del rechazo de los empresarios, una serie de protestas que no han parado y en las que las personas exigen la salida de quien es su jefe de Estado desde 2007. Las protestas, que han sido fuertemente reprimidas por las autoridades y por grupos paramilitares, han dejado, hasta el momento, un saldo de más de 300 muertos, en su mayoría civiles.

Ajustes que son necesarios

Si bien la organización institucional de los sistemas de seguridad social ayuda a equilibrar las cargas, son la evolución demográfica, la dinámica del mercado laboral y hasta la productividad de la economía las que dan claves sobre los compromisos que se deben asumir en torno a los sistemas pensionales del futuro, bajo los principios de sostenibilidad, equidad y cobertura.

“En el estándar internacional uno debería estar pensando en vivir pensionado unos 15 años. Lo que está sucediendo es que si me pensiono a los 62, voy a tener casi el mismo tiempo de vida laboral activa en retiro, y eso, desde el punto de vista económico, es insostenible”, explica Cuervo, antes de dar una cifra reveladora: “el promedio de edad de retiro está sobre los 62, pero ya hay países donde la pensión es entre los 67 y 70 años”.

Además, en un estudio de seguridad financiera, también realizado por Mercer, se explica otro motivo de preocupación: la falta de preparación de las personas para los años de jubilación. De acuerdo con dicha medición, que se realizó en 12 países, siete regiones y contó con la participación de 7.000 adultos mayores de 18 años, el 68 % de los encuestados no esperan jubilarse. Aun así, las personas, señala la investigación, “no toman las acciones necesarias. Son varios los factores que afectan la capacidad de ahorro e inversión, como el estrés, la asequibilidad, el acceso y la confianza en las inversiones, además de la edad, el género y la esperanza de vida”.

Y es con esos dos aspectos, el de la edad y el de los ahorros, que se empiezan a discutir las soluciones necesarias para alcanzar una sostenibilidad adecuada en los sistemas pensionales (en el índice de Mercer ninguno alcanza la categoría A, que es la más alta). Para lograrlo, cuenta Cuervo, en todos los países ha surgido la discusión de reformar los sistemas.

“Todos los países tienen esa discusión hoy por hoy sobre el tipo de reforma, si hacerla paramétrica —que tiene un efecto pequeño, pues ajusta la sostenibilidad pero no soluciona de lleno el problema— o estructural, que sea fundacional. Esa es una discusión que está vigente en Perú, Colombia, Nicaragua y Brasil”, concluye Cuervo.

En general, estudios como el de Mercer dejan ver que todos los países afrontan problemas en su aparato pensional, por lo que casos como el de Colombia no son aislados. Básicamente todos afrontan esta incertidumbre: cómo hacer para que los ingresos de los pensionados sean suficientes para su subsistencia, sin que esto signifique una eventual quiebra del sistema.