Sobre la mesa hay nueva propuesta para proyecto que aumenta transferencias al SGP

Este martes continuará la discusión, en el sexto de ocho debates, del proyecto que aumenta las transferencias al Sistema General de Participaciones (SGP).

El SGP es el mecanismo mediante el cual el Gobierno transfiere recursos a municipios, distritos y departamentos para atender, principalmente, necesidades en educación, salud y agua potable y saneamiento básico. En la práctica, la reforma busca que lleguen más recursos a las regiones.

La ponencia para el debate en la plenaria del Senado planteaba que el SGP creciera como porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación hasta llegar a 46,5 % (actualmente, está cerca de 20 %) en 10 años, pero tras las advertencias del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), de ANIF, Fedesarrollo, Corficolombiana, Asobancaria, exministros e incluso del Departamento Nacional de Planeación y del mismo Minhacienda, que señalaron que el proyecto podría generar una crisis fiscal, el Gobierno logró un acuerdo con varias bancadas para que el aumento llegue a 39,5 % en un periodo de 12 años.

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La propuesta de 46,5 % generó preocupación. José Ignacio López, presidente del centro de estudios económicos ANIF, explicó a este diario que el proyecto, tal como estaba, implicaría que casi todo el presupuesto del Gobierno sea inflexible porque el 83 % de los ingresos en 2036 estarían comprometidos para estas transferencias, el pago de intereses y las pensiones. “El Gobierno, de facto, sería casi una caja de transferencias: recibiría, pagaría y quedaría sin margen para hacer inversión social, subsidios, proyectos de inversión, incluso para su funcionamiento. Casi que no habría espacio para pagar la Policía”.

En un concepto del 11 de octubre (que no fue favorable), el Departamento Nacional de Planeación dijo que “se pondría en riesgo la financiación de los sectores de justicia, defensa y seguridad, la financiación de los derechos de los ciudadanos en salud, el pilar solidario y los compromisos con más de 2,5 millones de pensionados que gozan de estas prestaciones”.

Ariel Ávila, ponente de la iniciativa, explicó este lunes en la plenaria que en el acuerdo con varias bancadas, tras un trabajo con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Interior, además de bajar el porcentaje y aumentar los años de transición, hay otros puntos: el acto legislativo no podrá entrar en vigencia sin que se apruebe una ley de competencias; se reducirá a seis meses la presentación de dicha ley para que el Congreso tenga un año y medio para discutirla; se incluirá la financiación de mínimo dos años de escolaridad de educación preescolar y de educación superior con la concurrencia del Gobierno y se establecerá como principal objetivo el cierre de brechas.

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Si bien ya bajó la apuesta (al pasar de 46,5 % a 39,5 %) todavía hay dudas de si es suficiente para garantizar que el proyecto sea sostenible. Ávila argumentó que los recursos del SGP sin reforma en 2028 llegarían a $108,4 billones y con la reforma para ese año serían $110,8 billones. “La transición no será de un golpe, será una transición suave”.

La senadora Angélica Lozano, de Alianza Verde, defenderá una proposición para que el porcentaje se fije en 37 %, la misma cifra que propuso la Misión de Descentralización. Otros senadores manifestaron preocupación de que primero se aumenten los recursos para las regiones y luego se discuta la ley para transferirles nuevas funciones.

Carlos Amaya, gobernador de Boyacá y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, argumentó en la plenaria que los municipios y departamentos ya han asumido nuevas funciones, pero sin recibir más dinero. “No estamos pidiendo nada nuevo ni reclamando nuevos recursos, pedimos que se cumpla lo que se pactó en la Constitución de 1991″, aseguró.

En este punto, todos los sectores coinciden en que es necesario aumentar los recursos para las regiones, el debate está en cómo hacerlo de manera sostenible.

Se espera que este martes siga la discusión en sexto debate de esta iniciativa que cuenta con el visto bueno del presidente Gustavo Petro. Como es un acto legislativo, es decir, una reforma a la Constitución, el proyecto debe pasar por ocho debates.

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Este martes continuará la discusión, en el sexto de ocho debates, del proyecto que aumenta las transferencias al Sistema General de Participaciones (SGP).

El SGP es el mecanismo mediante el cual el Gobierno transfiere recursos a municipios, distritos y departamentos para atender, principalmente, necesidades en educación, salud y agua potable y saneamiento básico. En la práctica, la reforma busca que lleguen más recursos a las regiones.

La ponencia para el debate en la plenaria del Senado planteaba que el SGP creciera como porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación hasta llegar a 46,5 % (actualmente, está cerca de 20 %) en 10 años, pero tras las advertencias del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), de ANIF, Fedesarrollo, Corficolombiana, Asobancaria, exministros e incluso del Departamento Nacional de Planeación y del mismo Minhacienda, que señalaron que el proyecto podría generar una crisis fiscal, el Gobierno logró un acuerdo con varias bancadas para que el aumento llegue a 39,5 % en un periodo de 12 años.

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La propuesta de 46,5 % generó preocupación. José Ignacio López, presidente del centro de estudios económicos ANIF, explicó a este diario que el proyecto, tal como estaba, implicaría que casi todo el presupuesto del Gobierno sea inflexible porque el 83 % de los ingresos en 2036 estarían comprometidos para estas transferencias, el pago de intereses y las pensiones. “El Gobierno, de facto, sería casi una caja de transferencias: recibiría, pagaría y quedaría sin margen para hacer inversión social, subsidios, proyectos de inversión, incluso para su funcionamiento. Casi que no habría espacio para pagar la Policía”.

En un concepto del 11 de octubre (que no fue favorable), el Departamento Nacional de Planeación dijo que “se pondría en riesgo la financiación de los sectores de justicia, defensa y seguridad, la financiación de los derechos de los ciudadanos en salud, el pilar solidario y los compromisos con más de 2,5 millones de pensionados que gozan de estas prestaciones”.

Ariel Ávila, ponente de la iniciativa, explicó este lunes en la plenaria que en el acuerdo con varias bancadas, tras un trabajo con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Interior, además de bajar el porcentaje y aumentar los años de transición, hay otros puntos: el acto legislativo no podrá entrar en vigencia sin que se apruebe una ley de competencias; se reducirá a seis meses la presentación de dicha ley para que el Congreso tenga un año y medio para discutirla; se incluirá la financiación de mínimo dos años de escolaridad de educación preescolar y de educación superior con la concurrencia del Gobierno y se establecerá como principal objetivo el cierre de brechas.

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Si bien ya bajó la apuesta (al pasar de 46,5 % a 39,5 %) todavía hay dudas de si es suficiente para garantizar que el proyecto sea sostenible. Ávila argumentó que los recursos del SGP sin reforma en 2028 llegarían a $108,4 billones y con la reforma para ese año serían $110,8 billones. “La transición no será de un golpe, será una transición suave”.

La senadora Angélica Lozano, de Alianza Verde, defenderá una proposición para que el porcentaje se fije en 37 %, la misma cifra que propuso la Misión de Descentralización. Otros senadores manifestaron preocupación de que primero se aumenten los recursos para las regiones y luego se discuta la ley para transferirles nuevas funciones.

Carlos Amaya, gobernador de Boyacá y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, argumentó en la plenaria que los municipios y departamentos ya han asumido nuevas funciones, pero sin recibir más dinero. “No estamos pidiendo nada nuevo ni reclamando nuevos recursos, pedimos que se cumpla lo que se pactó en la Constitución de 1991″, aseguró.

En este punto, todos los sectores coinciden en que es necesario aumentar los recursos para las regiones, el debate está en cómo hacerlo de manera sostenible.

Se espera que este martes siga la discusión en sexto debate de esta iniciativa que cuenta con el visto bueno del presidente Gustavo Petro. Como es un acto legislativo, es decir, una reforma a la Constitución, el proyecto debe pasar por ocho debates.

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