¿Sobreoferta o no?: La hora del diálogo en el sector lácteo

Las efectos económicos de la pandemia se convirtieron en catalizador de la necesidad de diálogo en el sector lácteo. Los retos que este enfrenta, durante años, han motivado normas, estudios y discusiones. Sin embargo, la urgencia e incertidumbre que implica la emergencia sanitaria han llevado a que los participantes de la actividad láctea una vez más se sienten a dialogar, esta vez, con la expectativa de encontrar soluciones efectivas para el corto plazo y, quizá, esbozar medidas más profundas para el futuro.

El gremio de la industria láctea, Asoleche, sostiene que en lo corrido de 2020 ha habido un aumento del 7 % en el acopio de leche, en comparación con el mismo período de 2019. Eso se ha sumado a la caída en el consumo que ha evidenciado como consecuencia del cierre de canales de venta como los hoteles y restaurantes e instituciones como colegios y universidades, según explicó Juan Sebastián Bargans, presidente de Asoleche. Lo anterior, de acuerdo con el gremio, ha generado una “sobreoferta”.

Sin embargo, voceros de los productores afirmaron que dicha sobreoferta no existe. El pasado 9 de julio, la Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac) aseguró que la industria estaba ejerciendo “presiones indebidas” sobre ellos, el “eslabón más débil de la cadena”, como bajar el precio y el volumen de leche que les compran, con el argumento de que hay sobreoferta. Según Javier Ardila, gerente de Analac, ese argumento no es cierto, pues, ante las presiones que denuncian, productores como él han podido encontrar empresas diferentes que les compren la leche. Si hubiera sobreoferta, nadie se las compraría, explicó.

Según Asoleche, ha habido una caída del 17 % en el volumen vendido por la industria (en leche, leches saborizadas y bebidas lácteas), aunque Ardila señaló que eso puede ser producto de comparar marzo (cuando la gente se abasteció en gran medida en vísperas del confinamiento) con mayo (mes en el que el desempleo y las consecuencias del cierre de sectores ya se habían empezado a sentir). No obstante, los efectos de la crisis sobre el empleo y la capacidad de consumo son precisamente lo que para Bargans es preocupante y requiere medidas para evitar que la leche que no pueda “absorber” la industria se eche a perder, más aún cuando hay familias pasando hambre.

Óscar Cubillos, jefe de la oficina de planeación de Fedegán, concuerda con que en Colombia no hay sobreoferta ni enlechada, sino un problema en el consumo que hay que resolver, precisamente, por el lado del consumo. Apunta, entonces, a posibles soluciones como aumentar los ingresos de los hogares en estratos 1 y 2, que son los que tienen más dificultad para adquirir productos como la leche. También, bajar el precio al consumidor, sin afectar el precio que se paga al productor, reduciendo el margen de ganancia de los intermediarios.

Para el gerente de Analac, por otro lado, que una empresa como Alpina (que prefirió no comentar para este artículo) se “enleche” no significa que las demás estén en las mismas condiciones. Ardila agregó que, para él, lo sucedido es realmente un intento por sacar adelante un esquema de venta para los excedentes de la producción lechera, que se pagarían a precios más bajos, en detrimento del ingreso del productor.

A raíz de estas discrepancias, los ministerios de Agricultura y de Comercio se reunieron con gremios de la producción, como Analac y Fedegán, y representantes de los procesadores, como Asoleche. Según el viceministro de Asuntos Agropecuarios, Juan Gonzalo Botero, el acuerdo al que llegaron fue llevar a cabo una mesa técnica que se reunirá el próximo miércoles “para evaluar la situación del sector y que se definan apoyos para corto, mediano y largo plazo”.

A la pregunta de si Colombia está “enlechada”, el viceministro afirmó que el problema está “localizado” principalmente en Cundinamarca y en relación con una empresa (Alpina). Bargans, por su parte, comentó que no considera que la problemática sea solo de una compañía. “Cada una, dependiendo de su estructura comercial, se habrá visto más o menos afectada que otra”, aseguró el presidente de Asoleche. Se refiere a que los hogares pueden estar dejando de comprar productos que, en comparación con la leche, son más costosos, como el yogur. También que la afectación depende de cuáles sean los principales canales de comercialización. “Si son institucionales, el golpe es durísimo”, añadió. Se estima, según Asoleche, una caída en ventas del canal institucional del 80 % por cierres de restaurantes, colegios, hoteles, entre otros.

En todo caso, para el viceministro Botero esta coyuntura es una “oportunidad” para analizar el sector y discutir medidas. Tanto productores como industriales resaltaron la buena voluntad de los ministerios en esta tarea. A corto plazo, Asoleche habla, por ejemplo, de la necesidad de aumentar las capacidades de pulverización de leche, lo que facilitaría su almacenamiento. Asimismo, se refiere a mirar la posibilidad de exportar, algo que sería retador teniendo en cuenta que hay otros países que tienen “precios más competitivos”.

El debate del precio mínimo

Un reciente estudio de Fedesarrollo, financiado por Alpina, llegó a la conclusión de que sería conveniente desmontar el precio mínimo para el productor que rige en Colombia, entre otras cosas, porque en unos años se liberarán por completo las importaciones de leche de Europa y Estados Unidos. Para Ardila, de todas formas, hoy hay 17 acuerdos comerciales vigentes con otros países, de lo cuales se podría traer “toda la leche que quieran”, pero no ha sido así.

Cubillos destacó que la Resolución 017 de 2012 (que establece el precio mínimo) es la única garantía que tienen los productores para que se les pague un precio justo y que no tenerlo podría traer efectos económicos y sociales negativos, más aún en esta coyuntura. En un sentido similar, el viceministro Botero indicó que desmontar ese precio tendría “consecuencias para el productor”, por lo que ese tipo de propuestas deben “analizarse muy bien”.

A largo plazo, para Analac, encontrar medidas y políticas que contribuyan a la competitividad del sector requeriría que otras entidades, como Hacienda, la DIAN y hasta las autoridades ambientales se sienten a la mesa. Esto se debe a que, según Ardila, el “costo país” en Colombia es alto por factores como los precios de los insumos, los impuestos que deben pagar y las dificultades que tienen para acceder a mecanismos como la devolución del IVA. Es decir, habría que mirar los nudos o ineficiencias en toda la cadena, para que cuando se hable de competitividad, como dice Cubillos, literalmente se deje de “echarle la culpa a la vaca”.

Las efectos económicos de la pandemia se convirtieron en catalizador de la necesidad de diálogo en el sector lácteo. Los retos que este enfrenta, durante años, han motivado normas, estudios y discusiones. Sin embargo, la urgencia e incertidumbre que implica la emergencia sanitaria han llevado a que los participantes de la actividad láctea una vez más se sienten a dialogar, esta vez, con la expectativa de encontrar soluciones efectivas para el corto plazo y, quizá, esbozar medidas más profundas para el futuro.

El gremio de la industria láctea, Asoleche, sostiene que en lo corrido de 2020 ha habido un aumento del 7 % en el acopio de leche, en comparación con el mismo período de 2019. Eso se ha sumado a la caída en el consumo que ha evidenciado como consecuencia del cierre de canales de venta como los hoteles y restaurantes e instituciones como colegios y universidades, según explicó Juan Sebastián Bargans, presidente de Asoleche. Lo anterior, de acuerdo con el gremio, ha generado una “sobreoferta”.

Sin embargo, voceros de los productores afirmaron que dicha sobreoferta no existe. El pasado 9 de julio, la Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac) aseguró que la industria estaba ejerciendo “presiones indebidas” sobre ellos, el “eslabón más débil de la cadena”, como bajar el precio y el volumen de leche que les compran, con el argumento de que hay sobreoferta. Según Javier Ardila, gerente de Analac, ese argumento no es cierto, pues, ante las presiones que denuncian, productores como él han podido encontrar empresas diferentes que les compren la leche. Si hubiera sobreoferta, nadie se las compraría, explicó.

Según Asoleche, ha habido una caída del 17 % en el volumen vendido por la industria (en leche, leches saborizadas y bebidas lácteas), aunque Ardila señaló que eso puede ser producto de comparar marzo (cuando la gente se abasteció en gran medida en vísperas del confinamiento) con mayo (mes en el que el desempleo y las consecuencias del cierre de sectores ya se habían empezado a sentir). No obstante, los efectos de la crisis sobre el empleo y la capacidad de consumo son precisamente lo que para Bargans es preocupante y requiere medidas para evitar que la leche que no pueda “absorber” la industria se eche a perder, más aún cuando hay familias pasando hambre.

Óscar Cubillos, jefe de la oficina de planeación de Fedegán, concuerda con que en Colombia no hay sobreoferta ni enlechada, sino un problema en el consumo que hay que resolver, precisamente, por el lado del consumo. Apunta, entonces, a posibles soluciones como aumentar los ingresos de los hogares en estratos 1 y 2, que son los que tienen más dificultad para adquirir productos como la leche. También, bajar el precio al consumidor, sin afectar el precio que se paga al productor, reduciendo el margen de ganancia de los intermediarios.

Para el gerente de Analac, por otro lado, que una empresa como Alpina (que prefirió no comentar para este artículo) se “enleche” no significa que las demás estén en las mismas condiciones. Ardila agregó que, para él, lo sucedido es realmente un intento por sacar adelante un esquema de venta para los excedentes de la producción lechera, que se pagarían a precios más bajos, en detrimento del ingreso del productor.

A raíz de estas discrepancias, los ministerios de Agricultura y de Comercio se reunieron con gremios de la producción, como Analac y Fedegán, y representantes de los procesadores, como Asoleche. Según el viceministro de Asuntos Agropecuarios, Juan Gonzalo Botero, el acuerdo al que llegaron fue llevar a cabo una mesa técnica que se reunirá el próximo miércoles “para evaluar la situación del sector y que se definan apoyos para corto, mediano y largo plazo”.

A la pregunta de si Colombia está “enlechada”, el viceministro afirmó que el problema está “localizado” principalmente en Cundinamarca y en relación con una empresa (Alpina). Bargans, por su parte, comentó que no considera que la problemática sea solo de una compañía. “Cada una, dependiendo de su estructura comercial, se habrá visto más o menos afectada que otra”, aseguró el presidente de Asoleche. Se refiere a que los hogares pueden estar dejando de comprar productos que, en comparación con la leche, son más costosos, como el yogur. También que la afectación depende de cuáles sean los principales canales de comercialización. “Si son institucionales, el golpe es durísimo”, añadió. Se estima, según Asoleche, una caída en ventas del canal institucional del 80 % por cierres de restaurantes, colegios, hoteles, entre otros.

En todo caso, para el viceministro Botero esta coyuntura es una “oportunidad” para analizar el sector y discutir medidas. Tanto productores como industriales resaltaron la buena voluntad de los ministerios en esta tarea. A corto plazo, Asoleche habla, por ejemplo, de la necesidad de aumentar las capacidades de pulverización de leche, lo que facilitaría su almacenamiento. Asimismo, se refiere a mirar la posibilidad de exportar, algo que sería retador teniendo en cuenta que hay otros países que tienen “precios más competitivos”.

El debate del precio mínimo

Un reciente estudio de Fedesarrollo, financiado por Alpina, llegó a la conclusión de que sería conveniente desmontar el precio mínimo para el productor que rige en Colombia, entre otras cosas, porque en unos años se liberarán por completo las importaciones de leche de Europa y Estados Unidos. Para Ardila, de todas formas, hoy hay 17 acuerdos comerciales vigentes con otros países, de lo cuales se podría traer “toda la leche que quieran”, pero no ha sido así.

Cubillos destacó que la Resolución 017 de 2012 (que establece el precio mínimo) es la única garantía que tienen los productores para que se les pague un precio justo y que no tenerlo podría traer efectos económicos y sociales negativos, más aún en esta coyuntura. En un sentido similar, el viceministro Botero indicó que desmontar ese precio tendría “consecuencias para el productor”, por lo que ese tipo de propuestas deben “analizarse muy bien”.

A largo plazo, para Analac, encontrar medidas y políticas que contribuyan a la competitividad del sector requeriría que otras entidades, como Hacienda, la DIAN y hasta las autoridades ambientales se sienten a la mesa. Esto se debe a que, según Ardila, el “costo país” en Colombia es alto por factores como los precios de los insumos, los impuestos que deben pagar y las dificultades que tienen para acceder a mecanismos como la devolución del IVA. Es decir, habría que mirar los nudos o ineficiencias en toda la cadena, para que cuando se hable de competitividad, como dice Cubillos, literalmente se deje de “echarle la culpa a la vaca”.