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Hace casi cinco meses, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mintic) caducó el contrato con el que pretendía llevar internet a las zonas más apartadas del país. La medida se tomó en contra de la unión temporal Centros Poblados por incumplir lo pactado y presentar documentos falsos que le permitieron quedarse con el negocio.
Dicha unión temporal recibió un anticipo por $70.000 millones. El escandalo sacudió la cartera a tal punto que Karen Abudinen, entonces ministra, renunció al cargo.
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Ahora la Contraloría vinculó a la firma Intec de la Costa SAS, socio de la Unión Temporal Centros Poblados, a un proceso de responsabilidad fiscal por más de $1.337 millones por irregularidades en la construcción de un puente militar sobre el río San Jorge, en la vereda La Solera, municipio Caimito (Sucre). El anticipo de $1.253 millones que se le entregó al contratista está perdido.
Intec de la Costa SAS aparece como integrante del Consorcio Puente San Jorge 2019, con una participación del 80 %. El Consorcio tiene un contrato con el municipio de Caimito por $2.507 millones para adelantar las obras complementarias del puente. Sin embargo, desde hace tiempo se han denunciado varias presuntas irregularidades.
La misma Alcaldía de Caimito denunció una supuesta falsedad en los documentos de conformación de este consorcio. De hecho, por una denuncia que recibió la Contraloría se adelantó auditoría en Caimito sobre el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones. En esta se determinó un presunto hallazgo fiscal y su traslado dio lugar a la apertura de este proceso de responsabilidad fiscal por parte de la Gerencia Departamental de la Contraloría en Sucre.
El hallazgo tiene que ver con deficiencias en la ejecución del contrato, especialmente en la inversión del anticipo de obra. Cuando se hizo la auditoría, en la cuenta bancaria que abrió el contratista no estaba el total del anticipo que debía estar, pese a que no había avance en la obra. Un ingeniero civil que visitó la construcción a principios de 2020 la encontró abandonada.
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Pero además del mal manejo del anticipo, la Contraloría determinó que las pólizas del contrato suscrito por el Consorcio Puente San Jorge 2019 “están vencidas y no se constituyeron correctamente para los riesgos de cumplimiento del mismo y de buen manejo y correcta inversión del anticipo”.
De acuerdo con los hallazgos del órgano de control, el entonces secretario de Planeación del municipio de Caimito (que para la fecha de los hechos investigados era el supervisor del contrato de obra pública y del de interventoría) habría tenido incidencia directa en el vencimiento del plazo del contrato de obra “al suscribir un acta de suspensión sin estar facultado para ello, situación que, a su vez, condujo al vencimiento del período de vigencia de los amparos constituidos en la respectiva póliza de seguro de cumplimiento”.
Todavía hay más. La obra inició sin el trámite de los respectivos permisos de Ocupación de Cause y permiso de Aprovechamiento Forestal; tampoco está soportada la procedencia legal de los materiales de construcción que se utilizaron.
Daño patrimonial
En el proceso de responsabilidad fiscal que abrió la Contraloría, el presunto daño patrimonial se deriva de las deficiencias detectadas en la estructuración y ejecución del contrato.
A esto se suma el perjuicio derivado del incumplimiento del contrato de interventoría, pues -dice la Contraloría- “claramente desatendió sus obligaciones contractuales y legales, al abstenerse de verificar que el contrato de obra cumpliera con todos los requisitos y condiciones necesarias para su ejecución, además de pasar inadvertidas las deficiencias en las garantías constituidas por el Consorcio Puente San Jorge 2019″.
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Como si fuera poco, el contrato de interventoría también posee deficiencias en las pólizas de seguro para los riesgos de cumplimiento del contrato y de buen manejo y correcta inversión del anticipo.
La Contraloría vinculó, como presuntos responsables fiscales al entonces alcalde de Caimito, Víctor Miguel Ricardo Vega; el entonces secretario de planeación, Kevin Ricardo Caly; Intec de la Costa SAS; Dialco Construcciones SAS, integrante del consocio con participación del 20 %; Walter David Sánchez, representante legal del Consorcio Puente San Jorge 2019; Covilco LTDA, integrante de Consorcio Interpuentes 2019 con participación del 50 % (contratista ejecutor del contrato de interventoría) y a Javier José Pereira, integrante del Consorcio Interpuentes 2019 con 50 % de participación.
El proceso de responsabilidad fiscal se abrió por una cuantía inicial estimada de más de 1.337 millones ($1.337.790.621,50), correspondiente al valor de los pagos realizados a los contratistas de obra y de interventoría.
Lupa a los contratos de socios de Centros Poblados
La Contraloría afirma que ha puesto su lupa sobre los contratos que han tenido las firmas que hacen parte de la unión temporal Centros Poblados desde 2014.
Además de Intec de la Costa SAS, son socios de ese unión temporal Omega Buildings Constructora SAS, ICM Ingenieros SAS y Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería Seguridad e Innovación (FUNTICS, ahora Novotic).