Tambalea proyecto de ley Uber

Varias cosas quedaron claras durante la audiencia pública que se llevó a cabo este martes en la Cámara de Representantes en torno al debate que ha motivado el funcionamiento de Uber en Colombia desde hace más de tres años. Una de ellas es que el transporte público del país necesita una profunda reforma o que, por lo menos, tiene mucho por mejorar. Así lo reconoció la mayoría de los parlamentarios de la Comisión Sexta, en la que se dio la discusión, e incluso los voceros de taxistas, propietarios y empresarios de este sector que hicieron uso de la palabra.

Representantes a la Cámara, autoridades, voceros de Uber y de los taxistas se dieron cita para debatir el proyecto de ley radicado en esa corporación por iniciativa ciudadana, cuyo portavoz es Gonzalo Araújo, quien se desempeña también como gerente de Asuntos Públicos de Uber. Los promotores de este proyecto recogieron más de tres millones de firmas en todo el país, lo que permitió que la propuesta llegara a debatirse en el Congreso de la República. No obstante, otro punto que quedó claro en la jornada del martes es que el futuro de esta iniciativa no pinta muy bien para quienes la apoyan.

El proyecto, que recibió un concepto favorable por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), busca crear un servicio de transporte privado que pueda ser intermediado por plataformas tecnológicas, como Uber; contempla que para prestarlo es necesaria la autorización “de la autoridad de tránsito competente” y deja la vigilancia en manos de la Superintendencia de Puertos y Transporte. El documento pone en contexto situaciones como que en Colombia “los taxis no solo prestan un servicio de mala calidad, sino también han ayudado a generar inseguridad y abusos contra los usuarios”.

Sin embargo, en la audiencia, el primero en oponerse a la iniciativa fue precisamente el superintendente de Transporte, Javier Jaramillo. Para el funcionario, el proyecto de ley es inviable. Entre otros aspectos, señaló que dar cabida a una plataforma como Uber iría en contra del derecho a la igualdad, pues, como se ha señalado en repetidas ocasiones en este debate, el servicio que se presta a través de Uber –como el de transporte en carros particulares, conocido como Uber X– no cumple con los requisitos a los que están obligados conductores, propietarios y empresarios del sector tradicional.

En el evento público también participaron voceros del gremio de taxistas. Hugo Ospina, presidente de la Asociación de Taxistas, afirmó que su intención no es que se “apague Uber”, sino que se constituya como empresa de taxis, para competir en igualdad de condiciones. Durante los más de tres años de presencia en el país, esta compañía ha defendido su posición de empresa de tecnología y no de transporte.

Los impulsores de la propuesta, que ven en Uber una opción flexible no sólo para transportarse sino para emplearse, han señalado a su favor conceptos como el de un documento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el club de países de las buenas prácticas, al que Colombia quiere pertenecer, y que recomendó que la política pública integre los servicios tradicionales como los taxis con la oferta de las aplicaciones que han ido surgiendo en diferentes parte del mundo, para ampliar las opciones en el mercado, teniendo en cuenta incluso el transporte en carros compartidos.

La ponencia que discutirá la Comisión Sexta de la Cámara, debate aplazado para el miércoles, apunta a que el proyecto sea archivado. Entre los argumentos que expusieron los parlamentarios está que las condiciones de competencia asimétrica se mantendrían y que la informalidad laboral se fomentaría (pues Uber no contrata directamente a ninguno de sus conductores). Los representantes, sin embargo, reconocieron que no sólo el transporte sino múltiples sectores –como el hotelero, el de educación, entre otros– requieren de un esfuerzo legislativo que responda a la disrupción que la tecnología está teniendo en la sociedad.

La coordinadora ponente Martha Patricia Villalba felicitó la iniciativa ciudadana, pero lamentó que no se hubiera “formulado en la debida manera”. Para ella, quedaron en el aire las preocupaciones respecto a la formalidad laboral y la falta de claridad en la tribuación de Uber en el país. “Es un tema complejo. La tarea hay que hacerla, pero bien hecha”, afirmó la representante del Partido de la U, del departamento del Atlántico.

Lo cierto es que si los representantes votan en contra del proyecto, será el fin de esta iniciativa, pues, por ser de origen ciudadano, el Congreso no puede hacerle modificaciones de fondo al documento. “Es muy desafortunado que la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes decidiera ignorar la voz de más de tres millones de colombianos que ejercieron su derecho democrático de proponer nuevas leyes que les aseguren alternativas innovadoras e incluyentes para atender su necesidad diaria de transportarse, y que a la vez son una oportunidad para frenar la congestión, la polución y la escasez de espacio público en las ciudades colombianas", expresó Araújo, vocero del comité promotor del proyecto.

El tema de Uber se ha intentado zanjar a través de un decreto de taxis de lujo por parte del Gobierno, que permite prestar una calidad superior en el servicio, pero en donde solo tienen cabida empresas de transporte y no Uber y otras aplicaciones tal cual existen hoy. A propósito de eso, la SIC, en su concepto favorable al proyecto de ley, señaló: “Exigir que las plataformas tecnológicas presten el servicio exclusivamente a las empresas de transporte y que no lo puedan hacer directamente a los usuarios, podría inhibir el desarrollo de innovaciones disruptivas que faciliten la solución de fallas del mercado".

En una ciudad como Bogotá vehículos en la categoría de transporte de lujo aún no han empezado a rodar y están por definirse asuntos como las tarifas que se cobrarán. Según explicó el secretario de Movilidad de la capital, Juan Pablo Bocarejo, la entidad se encuentra estudiando dos solicitudes que han hecho empresas de transporte interesadas en competir con taxis de lujo.

Luego de que la semana pasada la Corte Constitucional se apartó del enfrentamiento entre el Gobierno (Ministerio de Transporte, principalmente) y las aplicaciones tecnológicas, el país aún está a la espera de la decisión que tome el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que admitió una demanda por parte del Ministerio de Transporte para que Uber sea bloqueada, una petición que no ha sido respaldada por otros actores del Gobierno, como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic). La controversia está lejos de terminar.

Varias cosas quedaron claras durante la audiencia pública que se llevó a cabo este martes en la Cámara de Representantes en torno al debate que ha motivado el funcionamiento de Uber en Colombia desde hace más de tres años. Una de ellas es que el transporte público del país necesita una profunda reforma o que, por lo menos, tiene mucho por mejorar. Así lo reconoció la mayoría de los parlamentarios de la Comisión Sexta, en la que se dio la discusión, e incluso los voceros de taxistas, propietarios y empresarios de este sector que hicieron uso de la palabra.

Representantes a la Cámara, autoridades, voceros de Uber y de los taxistas se dieron cita para debatir el proyecto de ley radicado en esa corporación por iniciativa ciudadana, cuyo portavoz es Gonzalo Araújo, quien se desempeña también como gerente de Asuntos Públicos de Uber. Los promotores de este proyecto recogieron más de tres millones de firmas en todo el país, lo que permitió que la propuesta llegara a debatirse en el Congreso de la República. No obstante, otro punto que quedó claro en la jornada del martes es que el futuro de esta iniciativa no pinta muy bien para quienes la apoyan.

El proyecto, que recibió un concepto favorable por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), busca crear un servicio de transporte privado que pueda ser intermediado por plataformas tecnológicas, como Uber; contempla que para prestarlo es necesaria la autorización “de la autoridad de tránsito competente” y deja la vigilancia en manos de la Superintendencia de Puertos y Transporte. El documento pone en contexto situaciones como que en Colombia “los taxis no solo prestan un servicio de mala calidad, sino también han ayudado a generar inseguridad y abusos contra los usuarios”.

Sin embargo, en la audiencia, el primero en oponerse a la iniciativa fue precisamente el superintendente de Transporte, Javier Jaramillo. Para el funcionario, el proyecto de ley es inviable. Entre otros aspectos, señaló que dar cabida a una plataforma como Uber iría en contra del derecho a la igualdad, pues, como se ha señalado en repetidas ocasiones en este debate, el servicio que se presta a través de Uber –como el de transporte en carros particulares, conocido como Uber X– no cumple con los requisitos a los que están obligados conductores, propietarios y empresarios del sector tradicional.

En el evento público también participaron voceros del gremio de taxistas. Hugo Ospina, presidente de la Asociación de Taxistas, afirmó que su intención no es que se “apague Uber”, sino que se constituya como empresa de taxis, para competir en igualdad de condiciones. Durante los más de tres años de presencia en el país, esta compañía ha defendido su posición de empresa de tecnología y no de transporte.

Los impulsores de la propuesta, que ven en Uber una opción flexible no sólo para transportarse sino para emplearse, han señalado a su favor conceptos como el de un documento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el club de países de las buenas prácticas, al que Colombia quiere pertenecer, y que recomendó que la política pública integre los servicios tradicionales como los taxis con la oferta de las aplicaciones que han ido surgiendo en diferentes parte del mundo, para ampliar las opciones en el mercado, teniendo en cuenta incluso el transporte en carros compartidos.

La ponencia que discutirá la Comisión Sexta de la Cámara, debate aplazado para el miércoles, apunta a que el proyecto sea archivado. Entre los argumentos que expusieron los parlamentarios está que las condiciones de competencia asimétrica se mantendrían y que la informalidad laboral se fomentaría (pues Uber no contrata directamente a ninguno de sus conductores). Los representantes, sin embargo, reconocieron que no sólo el transporte sino múltiples sectores –como el hotelero, el de educación, entre otros– requieren de un esfuerzo legislativo que responda a la disrupción que la tecnología está teniendo en la sociedad.

La coordinadora ponente Martha Patricia Villalba felicitó la iniciativa ciudadana, pero lamentó que no se hubiera “formulado en la debida manera”. Para ella, quedaron en el aire las preocupaciones respecto a la formalidad laboral y la falta de claridad en la tribuación de Uber en el país. “Es un tema complejo. La tarea hay que hacerla, pero bien hecha”, afirmó la representante del Partido de la U, del departamento del Atlántico.

Lo cierto es que si los representantes votan en contra del proyecto, será el fin de esta iniciativa, pues, por ser de origen ciudadano, el Congreso no puede hacerle modificaciones de fondo al documento. “Es muy desafortunado que la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes decidiera ignorar la voz de más de tres millones de colombianos que ejercieron su derecho democrático de proponer nuevas leyes que les aseguren alternativas innovadoras e incluyentes para atender su necesidad diaria de transportarse, y que a la vez son una oportunidad para frenar la congestión, la polución y la escasez de espacio público en las ciudades colombianas", expresó Araújo, vocero del comité promotor del proyecto.

El tema de Uber se ha intentado zanjar a través de un decreto de taxis de lujo por parte del Gobierno, que permite prestar una calidad superior en el servicio, pero en donde solo tienen cabida empresas de transporte y no Uber y otras aplicaciones tal cual existen hoy. A propósito de eso, la SIC, en su concepto favorable al proyecto de ley, señaló: “Exigir que las plataformas tecnológicas presten el servicio exclusivamente a las empresas de transporte y que no lo puedan hacer directamente a los usuarios, podría inhibir el desarrollo de innovaciones disruptivas que faciliten la solución de fallas del mercado".

En una ciudad como Bogotá vehículos en la categoría de transporte de lujo aún no han empezado a rodar y están por definirse asuntos como las tarifas que se cobrarán. Según explicó el secretario de Movilidad de la capital, Juan Pablo Bocarejo, la entidad se encuentra estudiando dos solicitudes que han hecho empresas de transporte interesadas en competir con taxis de lujo.

Luego de que la semana pasada la Corte Constitucional se apartó del enfrentamiento entre el Gobierno (Ministerio de Transporte, principalmente) y las aplicaciones tecnológicas, el país aún está a la espera de la decisión que tome el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que admitió una demanda por parte del Ministerio de Transporte para que Uber sea bloqueada, una petición que no ha sido respaldada por otros actores del Gobierno, como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic). La controversia está lejos de terminar.