La Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía realizó un control fiscal y preventivo sobre la nueva Regasificadora del Pacífico en el que identificó una serie de riesgos que incluyen la posibilidad de que las tarifas del servicio aumenten.
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El pronunciamiento, que hace parte de nueva figura de la Contraloría que se llama función de advertencia, se da en el marco de la convocatoria pública para la selección del inversionista que se encargará del proyecto de construcción de la Regasificadora del Pacífico y el Gasoducto Buenaventura-Yumbo.
De acuerdo con el ente de control, con la licitación que corren varios riesgos, “empezando porque el esquema de remuneración establecido implicaría un impacto tarifario para los usuarios de gas en el país, al entrar en operación esta planta en 2024, dado que se verían afectados con un incremento del 32 % en tres años”.
“Si bien es cierto, la planta no se construirá con recursos del presupuesto nacional, no es menos cierto que su esquema de remuneración establecido implicará un efecto tarifario para los consumidores de gas en el país, pues una vez construida la misma se asumirá el pago de ésta, así la misma no se vaya a utilizar si los supuestos del déficit no se presentan. Es decir, estaríamos asumiendo riesgos con alto impacto económico y social al tener un activo improductivo, construido con un buen propósito, pero con escenarios de oferta y demanda que hoy son objeto de diversos repararos”, le dijo el Contralor General, Julián Mauricio Ruiz, al ministro de Minas y Energía, el director de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), y el presidente de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en una carta.
La Contraloría mostró que la propia evaluación de la UPME esboza un escenario de aumentos tarifarios al considerar una franja de posibles incrementos basados en los precios del gas importado.
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“Le preocupa a la CGR el eventual efecto adverso que pueden generar en la política de transición energética los potenciales incrementos en la tarifa para el sector industrial, pues podría ser un incentivo para retornar al consumo de combustibles más baratos, pero más contaminantes, produciendo un desbalance en la relación costo-beneficio en dicho aspecto”, dijo la entidad en un comunicado.
Entre otras alertas, la Contraloría identificó riesgo de connotación económica, riesgo por el licenciamiento ambiental, riesgo de interferencia en el tráfico marítimo y operaciones de navegabilidad en la bahía de Buenaventura, riesgo por los posibles efectos sobre la política de transición energética y riesgo por incertidumbre regulatoria.
El Gobierno dijo en su momento que el proyecto era prioritario para garantizar el suministro de gas en el país, pues se proyecta un alto consumo del combustible y existe una alta posibilidad de que se presente un Fenómeno del Niño considerable en 2024.
La planta de regasificación costará cerca de US$400 millones, el gasoducto US$161 millones y la infraestructura de comprensión US$150 millones, para un valor total de US$711 millones.
Sin embargo, la Contraloría cuestionó que “si el proceso de selección del inversionista se cumpliese sin ningún contratiempo y el proyecto es adjudicado a finales de septiembre de 2021, como aparece en el cronograma, y estimando un tiempo de construcción de la planta de 58 meses, según la UPME, se pondría en operación en julio de 2026, dos años y medio después de presentarse dicho déficit”.
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De hecho, la entidad dice que en el estudio de la UPME “se presentan inconsistencias en el horizonte de autosuficiencia de gas natural del país, pues plantea cerca de 9 años de reservas de gas de producción nacional, es decir hasta cerca del 2030. Sin embargo, expone un déficit de gas que se presentaría a comienzos del 2024, lo que justifica la construcción de la planta”.
Tras conocer el pronunciamiento, Naturgas insistió en que el país debe priorizar la producción local de gas natural, “teniendo en cuenta el gran potencial que tiene el país en costa afuera, yacimientos convencionales, y no convencionales” y aseguró que ven una nueva planta de regasificación como un proyecto “exclusivamente de respaldo al sistema energético”
“Le hemos planteado al Gobierno nacional que, antes de adjudicar la nueva planta de regasificación, se determine la demanda a beneficiar y se encuentren eficiencias económicas que protejan a los usuarios, al sector y le den competitividad al gas natural. Hemos insistido también en la necesidad de reconocer la participación del sector térmico del interior del país en el proyecto, ya que este tendría un uso esperado del 66% de la capacidad”, dijo el presidente (e) del gremio, Andrés Sarmiento.