Tenemos que hablar de otra economía: los temas de la pospandemia

Cuando se habla de los temas urgentes de la economía colombiana usualmente suelen aparecer en la agenda de los economistas asuntos de competitividad y las siempre nombradas reforma laboral y reforma pensional.

Aún en tiempos de pandemia, estas discusiones siguen siendo protagónicas y muchos insisten en que los caminos de flexibilización, austeridad y finanzas públicas balanceadas son la solución incluso en los tiempos impensables del COVID-19.

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Pero en paralelo a estos debates hay otros temas claves que deberían estar más presentes en la agenda económica para los tiempos venideros después de esta crisis. Entre estos están el crecimiento económico en una perspectiva de transición a una economía baja en carbono, trabajo garantizado y renta básica, y el panorama de la desigualdad y la pobreza.

Recuperar una senda de crecimiento es importante, pero esta no puede seguir siendo soportada en los períodos de bonanza de commodities y en sectores generadores de combustibles fósiles que en un siglo, seguramente, serán parte de la historia ante la urgencia de hacer un tránsito a economías con bajas emisiones de carbono.

La gran dependencia de la producción minera y petrolera en temas vitales para el país como los ingresos fiscales y la tasa de cambio no se puede desconocer: claramente, la transición a otro tipo de locomotoras para el PIB nacional no es un asunto de inmediatez. Sin embargo, si no se plantea conversación urgente sobre la importancia de buscar otros sectores que impulsen el PIB llegaremos a 2050 rezagados, una vez más, en las tendencias globales de consumo y producción.

Y es que pensar en economías con bajas emisiones en gases efecto invernadero (GEI) no es un asunto romántico que frene el desarrollo: según datos de Naciones Unidas, el impulso de inversiones en energías renovables puede cuadruplicar el número de trabajos en términos globales dentro de los próximos treinta años. Adicionalmente, la transición hacia economías verdes puede tener efectos significativos en el PIB global.

Entonces, cada vez que se hable de recuperación económica en los años venideros hay que hacer un fuerte énfasis en transición energética y crecimiento verde. Y aquí hay un peligro de perspectiva a evitar, el popular canto de sirena de un mejor mercado de los combustibles fósiles y los minerales, pues es muy posible que después de la pandemia haya un último boom en los precios de las materias primas, impulsado por una recuperación de la economía global en el corto plazo. Pero esto no puede ser visto, de nuevo, como un triunfo de las cifras del PIB, sino, más bien como una oportunidad para financiar la transición y el desarrollo de otros sectores, como industrias verdes y tendencias agroecológicas para la agricultura.

De fondo, acá estamos hablando de hacer transformaciones complejas y necesarias, en vez de seguir surfeando la ola de los éxitos del corto plazo, que sirven para sacar titulares, pero no para impulsar a todo un país hacia el futuro.

Unos nuevos patrones de crecimiento no pueden reposar completamente en las lógicas del mercado y aquí es claro que se necesita un gran impulso estatal. En esta línea, la CEPAL ha propuesto recientemente la idea de un big push ambiental. Esta es una idea basada en la vieja propuesta de Rosenstein y Rodan en la que para superar la trampa de bajo crecimiento y baja productividad, propia de muchas economías emergentes, se requiere una serie de inversiones articuladas en áreas que permitan superar dificultades de coordinación, que a su vez obstaculizan la diversificación y la absorción de nuevas tecnologías de una manera sostenible y coherente con la transición económica.

Un segundo punto en la agenda, que deberá venir interrelacionado con el primero que hemos mencionado, es la creación de fuentes de ingresos mínimos mediante el diseño de rentas básicas y trabajos garantizados en los que el Gobierno juega un rol de empleador de último recurso.

Los trabajos garantizados (TG) pueden circunscribirse en las lógicas de trabajos verdes que sean consistentes con la transición a economías bajas en carbono. Hoy por hoy, las dinámicas de huertas urbanas, recuperación de cuencas hídricas y protección de bosques y selvas pueden ser fuentes de empleo en el país rural e incluso en el urbano. Un buen ejemplo de amplias dimensiones podría ser un programa distrital y público de empleo encaminado a la recuperación del río Bogotá.

Por supuesto que este tipo de trabajos también requerirán tecnología, pero en simultánea trabajadores en programas TG pueden apoyar el proceso con salarios mínimos mientras consiguen mejores oportunidades en otro tipos de empleos. Por otro lado, estas iniciativas podrían no ser necesariamente antagonistas con las de renta básicos, que a la luz de lo que tenemos hoy sería una dinámica de universalización de transferencias condicionadas.

Con cifras de desempleo históricas en Colombia que en muy pocas ocasiones han estado por debajo de los dos dígitos, pensar en políticas de pleno empleo es un tema determinante y los programas de TG son una alternativa para este fin.

Lea también: Ley de emprendimiento fue aprobada en la Cámara de Representantes

Hasta este punto usted se estará preguntando ¿y cómo financiamos todas esas propuestas? En las condiciones actuales básicamente solo se miraría a los impuestos o la deuda que, siguiendo la receta tradicional, ha aumentado al 53 % del PIB con la pandemia. Sin embargo, muy seguramente en los próximos años y como hace casi un siglo en la gran depresión, la macroeconomía puede tomar otro rumbo en el que los bancos centrales vuelvan a tener un rol más activo y mancomunado con el Gobierno, de esta forma mecanismos directos de financiación y compra de títulos en el mercado primario permitirán financiar esfuerzos en la línea de crecimiento con bajas emisiones y trabajos garantizados.

Como lo hemos mencionado antes, estos cambios no son sencillos y requerirán consensos globales y negociaciones con los principales conglomerados financieros del mundo, pero estas medidas pueden llegar a ser atractivas incluso para la sostenibilidad en el tiempo de ellos. Lo que hoy puede pasar por herejía en economía, en el futuro pueden ser ideas dominantes y por eso el país, y el nuevo gobierno de 2022, debe hacer parte de estas conversaciones cuando los esfuerzos globales converjan en esa dirección.

Finalmente, uno de los temas urgentes y que se ha aplazado por casi un siglo es la dinámica distributiva junto con los altos índices de desigualdad. Este tema había sido eclipsado en los últimos años por la tendencia positiva en la lucha contra la pobreza en el mundo; de hecho, muchos economistas hoy afirman sin mayor reflexión que lo que importa es la pobreza y no la desigualdad. Economistas de la corriente principal, como Gregory Mankiw, argumentan en defensa del top 1 % de los más ricos. Sin embargo, con el robusto trabajo de Thomas Piketty y las altas cifras de desigualdad en países del norte, como Estados Unidos, esta se ha vuelto al menú de los debates globales.

En Colombia, los gobiernos han privilegiado la lucha contra la pobreza que claramente se vio retroalimentada por los recursos de las materias primas y los programas de transferencias tipo Familias en Acción. Este tipo de iniciativas se volvieron fortines políticos y a la vez soportes en la lucha contra la pobreza. Sin embargo, las tendencias decrecientes en pobreza también han sido cuestionadas por los cambios en metodologías y la creación de categorías como población vulnerable, que permitió sacar estadísticamente a muchos colombianos de la pobreza.

A pesar de los avances importantes de este siglo, la pobreza muestra de nuevo una tendencia creciente, la cual se debe trabajar de la mano de la desigualdad. Luchar contra la pobreza únicamente con transferencias condicionadas no garantiza un patrón de estabilidad ni mejor calidad de vida en el tiempo: estas deberían ser medidas auxiliares a programas de trabajo garantizado, que permitan mejorar la distribución. Incluso en una perspectiva tradicional de los impuestos, los programas de TG se podrían financiar con impuestos a las empresas y ciudadanos de altos ingresos, alterando la dinámica distributiva.

En conclusión, hay temas urgentes y que si bien parecen distantes o a veces románticos, deben estar en la agenda, pues de su discusión y factibilidad depende el futuro ambiental y social de un país que pretende integrarse mejor con las dinámicas de sostenibilidad global.

* Profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Colombia.

Cuando se habla de los temas urgentes de la economía colombiana usualmente suelen aparecer en la agenda de los economistas asuntos de competitividad y las siempre nombradas reforma laboral y reforma pensional.

Aún en tiempos de pandemia, estas discusiones siguen siendo protagónicas y muchos insisten en que los caminos de flexibilización, austeridad y finanzas públicas balanceadas son la solución incluso en los tiempos impensables del COVID-19.

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Pero en paralelo a estos debates hay otros temas claves que deberían estar más presentes en la agenda económica para los tiempos venideros después de esta crisis. Entre estos están el crecimiento económico en una perspectiva de transición a una economía baja en carbono, trabajo garantizado y renta básica, y el panorama de la desigualdad y la pobreza.

Recuperar una senda de crecimiento es importante, pero esta no puede seguir siendo soportada en los períodos de bonanza de commodities y en sectores generadores de combustibles fósiles que en un siglo, seguramente, serán parte de la historia ante la urgencia de hacer un tránsito a economías con bajas emisiones de carbono.

La gran dependencia de la producción minera y petrolera en temas vitales para el país como los ingresos fiscales y la tasa de cambio no se puede desconocer: claramente, la transición a otro tipo de locomotoras para el PIB nacional no es un asunto de inmediatez. Sin embargo, si no se plantea conversación urgente sobre la importancia de buscar otros sectores que impulsen el PIB llegaremos a 2050 rezagados, una vez más, en las tendencias globales de consumo y producción.

Y es que pensar en economías con bajas emisiones en gases efecto invernadero (GEI) no es un asunto romántico que frene el desarrollo: según datos de Naciones Unidas, el impulso de inversiones en energías renovables puede cuadruplicar el número de trabajos en términos globales dentro de los próximos treinta años. Adicionalmente, la transición hacia economías verdes puede tener efectos significativos en el PIB global.

Entonces, cada vez que se hable de recuperación económica en los años venideros hay que hacer un fuerte énfasis en transición energética y crecimiento verde. Y aquí hay un peligro de perspectiva a evitar, el popular canto de sirena de un mejor mercado de los combustibles fósiles y los minerales, pues es muy posible que después de la pandemia haya un último boom en los precios de las materias primas, impulsado por una recuperación de la economía global en el corto plazo. Pero esto no puede ser visto, de nuevo, como un triunfo de las cifras del PIB, sino, más bien como una oportunidad para financiar la transición y el desarrollo de otros sectores, como industrias verdes y tendencias agroecológicas para la agricultura.

De fondo, acá estamos hablando de hacer transformaciones complejas y necesarias, en vez de seguir surfeando la ola de los éxitos del corto plazo, que sirven para sacar titulares, pero no para impulsar a todo un país hacia el futuro.

Unos nuevos patrones de crecimiento no pueden reposar completamente en las lógicas del mercado y aquí es claro que se necesita un gran impulso estatal. En esta línea, la CEPAL ha propuesto recientemente la idea de un big push ambiental. Esta es una idea basada en la vieja propuesta de Rosenstein y Rodan en la que para superar la trampa de bajo crecimiento y baja productividad, propia de muchas economías emergentes, se requiere una serie de inversiones articuladas en áreas que permitan superar dificultades de coordinación, que a su vez obstaculizan la diversificación y la absorción de nuevas tecnologías de una manera sostenible y coherente con la transición económica.

Un segundo punto en la agenda, que deberá venir interrelacionado con el primero que hemos mencionado, es la creación de fuentes de ingresos mínimos mediante el diseño de rentas básicas y trabajos garantizados en los que el Gobierno juega un rol de empleador de último recurso.

Los trabajos garantizados (TG) pueden circunscribirse en las lógicas de trabajos verdes que sean consistentes con la transición a economías bajas en carbono. Hoy por hoy, las dinámicas de huertas urbanas, recuperación de cuencas hídricas y protección de bosques y selvas pueden ser fuentes de empleo en el país rural e incluso en el urbano. Un buen ejemplo de amplias dimensiones podría ser un programa distrital y público de empleo encaminado a la recuperación del río Bogotá.

Por supuesto que este tipo de trabajos también requerirán tecnología, pero en simultánea trabajadores en programas TG pueden apoyar el proceso con salarios mínimos mientras consiguen mejores oportunidades en otro tipos de empleos. Por otro lado, estas iniciativas podrían no ser necesariamente antagonistas con las de renta básicos, que a la luz de lo que tenemos hoy sería una dinámica de universalización de transferencias condicionadas.

Con cifras de desempleo históricas en Colombia que en muy pocas ocasiones han estado por debajo de los dos dígitos, pensar en políticas de pleno empleo es un tema determinante y los programas de TG son una alternativa para este fin.

Lea también: Ley de emprendimiento fue aprobada en la Cámara de Representantes

Hasta este punto usted se estará preguntando ¿y cómo financiamos todas esas propuestas? En las condiciones actuales básicamente solo se miraría a los impuestos o la deuda que, siguiendo la receta tradicional, ha aumentado al 53 % del PIB con la pandemia. Sin embargo, muy seguramente en los próximos años y como hace casi un siglo en la gran depresión, la macroeconomía puede tomar otro rumbo en el que los bancos centrales vuelvan a tener un rol más activo y mancomunado con el Gobierno, de esta forma mecanismos directos de financiación y compra de títulos en el mercado primario permitirán financiar esfuerzos en la línea de crecimiento con bajas emisiones y trabajos garantizados.

Como lo hemos mencionado antes, estos cambios no son sencillos y requerirán consensos globales y negociaciones con los principales conglomerados financieros del mundo, pero estas medidas pueden llegar a ser atractivas incluso para la sostenibilidad en el tiempo de ellos. Lo que hoy puede pasar por herejía en economía, en el futuro pueden ser ideas dominantes y por eso el país, y el nuevo gobierno de 2022, debe hacer parte de estas conversaciones cuando los esfuerzos globales converjan en esa dirección.

Finalmente, uno de los temas urgentes y que se ha aplazado por casi un siglo es la dinámica distributiva junto con los altos índices de desigualdad. Este tema había sido eclipsado en los últimos años por la tendencia positiva en la lucha contra la pobreza en el mundo; de hecho, muchos economistas hoy afirman sin mayor reflexión que lo que importa es la pobreza y no la desigualdad. Economistas de la corriente principal, como Gregory Mankiw, argumentan en defensa del top 1 % de los más ricos. Sin embargo, con el robusto trabajo de Thomas Piketty y las altas cifras de desigualdad en países del norte, como Estados Unidos, esta se ha vuelto al menú de los debates globales.

En Colombia, los gobiernos han privilegiado la lucha contra la pobreza que claramente se vio retroalimentada por los recursos de las materias primas y los programas de transferencias tipo Familias en Acción. Este tipo de iniciativas se volvieron fortines políticos y a la vez soportes en la lucha contra la pobreza. Sin embargo, las tendencias decrecientes en pobreza también han sido cuestionadas por los cambios en metodologías y la creación de categorías como población vulnerable, que permitió sacar estadísticamente a muchos colombianos de la pobreza.

A pesar de los avances importantes de este siglo, la pobreza muestra de nuevo una tendencia creciente, la cual se debe trabajar de la mano de la desigualdad. Luchar contra la pobreza únicamente con transferencias condicionadas no garantiza un patrón de estabilidad ni mejor calidad de vida en el tiempo: estas deberían ser medidas auxiliares a programas de trabajo garantizado, que permitan mejorar la distribución. Incluso en una perspectiva tradicional de los impuestos, los programas de TG se podrían financiar con impuestos a las empresas y ciudadanos de altos ingresos, alterando la dinámica distributiva.

En conclusión, hay temas urgentes y que si bien parecen distantes o a veces románticos, deben estar en la agenda, pues de su discusión y factibilidad depende el futuro ambiental y social de un país que pretende integrarse mejor con las dinámicas de sostenibilidad global.

* Profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Colombia.