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El triunfo del “no” en la consulta popular de Cumaral (Meta), sobre la explotación petrolera en su territorio, es un campanazo de alerta para la industria del crudo en el país. Mientras la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) considera que las consultas populares son un instrumento que se ha politizado, para expertos en medioambiente representan un choque entre la democracia y el desarrollo económico del país. En medio de este debate hay una realidad contundente: a Colombia se le agotan las reservas de hidrocarburos, pues las petroleras apenas alcanzan para un poco más de cinco años y las de gas no tienen un horizonte mayor a este plazo.
Para este año, las empresas petroleras estiman inversiones en exploración por US$4.700 millones. “No es claro que esas inversiones que están programadas se puedan terminar desarrollando si en Colombia continúa esta racha de consultas populares contra la actividad petrolera”, indicó Francisco José Lloreda, presidente de la ACP.
En el país hay unas 20 iniciativas de consultas, que, en visión del gremio, afectarían la extracción de 84.000 barriles de crudo. Las reservas de petróleo son de unos 1.665 millones de barriles. El presidente de la ACP atribuye parte de ese descontento al actual Sistema General de Regalías, proyecto bandera del presidente Santos que buscó irrigar estos recursos a más regiones.
Para la bióloga y directora del Instituto Humboldt, Brigitte Baptiste, “las consultas reflejan la distancia creciente entre las perspectivas locales de desarrollo y bienestar con las del gobierno central”. Y destacó que “estas diferencias se han agudizado por la ineficacia de los mecanismos de participación previstos en la planeación, a menudo letra muerta, la corrupción que ha cooptado muchos de estos espacios y el anquilosamiento del aparato central del gobierno. La conciencia ambiental y la persistente inequidad amplían aún más la brecha”, le dijo a El Espectador, en referencia a las consultas.
Después de la consulta en Cumaral hace fila la de Arbeláez, en Cundinamarca. Tal es la popularidad que ha ganado el mecanismo, que incluso se habla de un boom de consultas populares. Y aquí puede haber un problema, como lo ha señalado la misma Baptiste, pues se privilegia una decisión enteramente local por encima de procesos de concertación colectivos en los cuales se pueda discutir y debatir más ampliamente.
En entrevista con este diario, Germán Arce, ministro de Minas y Energía, manifestó que “hay protestas en regiones en donde están acusando a la industria petrolera de haber acabado fuentes hídricas en las que no se ha tomado la primera muestra”. Y añade: “Creo que el debate en este momento es muy rentable políticamente, pero con poca evidencia científica de lo que se está alegando”.
El presidente de la ACP está de acuerdo con el punto de las motivaciones políticas. “Darle duro a la industria petrolera es fácil y da réditos políticos. Darle duro al concepto de las multinacionales da réditos políticos. Ya veremos cuántos de los que se presentan como desinteresados defensores del ambiente terminan en la (actividad) política”.
Germán Corredor, del Observatorio de Energía y Medio Ambiente de la Universidad Nacional, opina que las consultas populares son “una contradicción entre democracia y desarrollo que el país va a tener que discutir y resolver. Por un lado está el derecho de la gente de opinar sobre sus recursos y, por otro, está la necesidad del país de desarrollar los recursos naturales. Es una discusión complicada. Tendrá que llegar al Congreso un esquema para precisar cuál es el verdadero alcance de las consultas y la comunidad qué puede evitar y qué no”. Las empresas tienen que socializar más con las comunidades o si no “vamos a terminar sin esa actividad (petrolera)”.
Por su parte, la Contraloría General de la República ha advertido que “a partir de 2021 la producción de petróleo no sería suficiente para abastecer las refinerías, lo que implicaría el fin de una época de autoabastecimiento que cumple más de 30 años”.
“El llamado que hacemos es que el país entienda que el petróleo es un proyecto de país y no sólo de un sector en específico y que, al cumplir 100 años, esta industria y sus profesionales seguiremos con el apoyo de todos aportando decididamente al crecimiento sostenible”, destacó el presidente de Acipet, Julio César Vera.
Ante esta advertencia, el ministro de Minas considera importante poder contarle a la gente que un porcentaje muy importante del gasto social del país se financia con la industria de hidrocarburos y de minería. “Casi la mitad de la inversión pública territorial se hace con recursos provenientes de esta industria”.
Lo cierto es que las consultas reflejan un punto de quiebre entre la exploración y explotación de hidrocarburos, la forma como las regiones perciben su propio desarrollo y el despertar de una conciencia ambiental. La manera como se resuelvan estas tensiones tendrá profundas implicaciones económicas y sociales.