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La Agencia Internacional de Energía (IEA, por su sigla en inglés) publicó la primera revisión de las políticas energéticas de Colombia, el informe analiza los logros y desafíos que tiene el país para garantizar “un futuro energético sostenible”.
El documento destaca que Colombia es líder en la formulación de políticas de transición energética. De hecho, dice que es un ejemplo de un país petrolero comprometido con la acción climática, ya que existe un plan a largo plazo para la descarbonización y una política de diversificación energética.
Puntualmente, con el Plan Energético Nacional 2020-2050, dice la Agencia, el país inició el camino para diversificar sus recursos energéticos y en la COP26 Colombia puso sobre la mesa su plan para ser carbono neutro y la meta de reducir en 51 % las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2030. El organismo asegura que las metas se reflejan en los planes a largo plazo, como la Estrategia E2050, la Ley de Transición Energética y la Ley de Acción Climática.
La Agencia dice que el país tiene un sistema sólido de planes de gestión del cambio climático con objetivos asignados a cada sector; que la Ley de Transición Energética amplió los beneficios fiscales para la eficiencia energética y que Ecopetrol está apoyando el cambio con inversiones en tecnología para energía limpia. Además, dice el informe, el 2023 es un punto de inflexión en la política de transición energética, teniendo en cuenta que el Gobierno busca alejarse del modelo de una industria extractiva y dependiente de las exportaciones de petróleo y carbón para pasar a una economía de energía limpia diversificada, con inversiones en “fuentes de energía renovables, minerales críticos e hidrógeno”.
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El organismo señala que en 2021 la energía renovable representó el 25 % del suministro energético y el 29 % del consumo final en Colombia, un dato que está por encima del promedio de la IEA (14 %), también representó el 75 % de la generación eléctrica (frente al promedio de la IEA que es del 30 %). Destaca, entre otras cosas, que el Gobierno sigue expandiendo la energía renovable no convencional; que el potencial de energías renovables en La Guajira puede ayudar a avanzar en cerrar la brecha de acceso y que en el país se podría impulsar la producción de hidrógeno.
Este año se está actualizando el Plan Nacional Energético (PEN), en línea con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, la Agencia considera que esta es “una oportunidad” para tener coherencia en la planificación de políticas, establecer objetivos claros e identificar cuánto se necesita invertir en investigación, desarrollo e innovación energética. La IEA sostiene que el país requiere “planificación del sistema eléctrico, nuevas redes y regulación para acompañar el cambio del mercado energético actual dominado por la energía hidroeléctrica a un diseño de mercado más flexible y diverso”. Para reducir las emisiones, el organismo considera necesario prestar atención a la eficiencia energética y apoyar una energía limpia asequible; así mismo, dejar clara la hoja de ruta para las nuevas tecnologías, por ejemplo la geotermia.
Teniendo en cuenta la desigualdad de ingresos en Colombia, la falta de acceso a energía en algunas zonas y la pobreza, se han desarrollado mecanismos de subsidio y fijación de precios para la gasolina, el diésel, la electricidad, el gas natural y el gas licuado de petróleo. Según el organismo, “estos acuerdos deben estructurarse” para no desalentar la eficiencia energética e impulsar la adopción de energía limpia. La EIA dice que apoya “la agenda de Colombia para una transición energética justa” y que la experiencia de la Comisión Global sobre Transiciones Centradas en las Personas deja aprendizajes útiles que se pueden implementar.
Por otro lado, indica que la transición implica aumentar inversiones en energía limpia, pero también compensar la disminución de ingresos por exportaciones de petróleo, gas y carbón. El sector petrolero ha aportado el 13% de los ingresos totales del gobierno en los últimos diez años, por ende el organismo dice que la dependencia de estos ingresos deberá tenerse en cuenta en el proceso.
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La Agencia reconoce que el Gobierno busca crear un fondo con las regalías e impuestos del sector de los combustibles fósiles para financiar iniciativas de energía limpia y señala que el país puede aprovechar su sector minero para “diversificarse hacia nuevos minerales”. Para aprovechar el potencial, es necesario que las actividades mineras cumplan con altos estándares ambientales, sociales y de gobernanza y generar beneficios para las comunidades que resultan afectadas.
“La seguridad del suministro debería ser una prioridad para el gobierno durante la transición”, dice el informe. De ahí que es necesario garantizar la resiliencia de los suministros de electricidad, gas natural y petróleo del país.
¿Qué le recomienda la Agencia Internacional de Energía al Gobierno?
Estas son las recomendaciones clave del informe:
📍 Definir la visión de la política de transición energética y establecer las acciones necesarias para conciliar el crecimiento energético asequible y seguro necesario para el desarrollo económico del país con el objetivo de cero emisiones netas.
📍 Garantizar la coherencia de las políticas, metas y ambiciones dispuestas en leyes, decretos y planes de política sectoriales en materia de energía y cambio climático, y realizar un seguimiento del avance de la transición energética.
📍 Establecer una hoja de ruta de seguridad energética a mediano y largo plazo, definiendo acciones específicas para asegurar el petróleo, el gas, la electricidad y los minerales críticos necesarios para la transición.
📍 Desarrollar una estrategia de transición energética centrada en las personas junto con los territorios y la industria, incluyendo pautas sociales; programas de reciclaje y apoyo al acceso a la energía, el empleo y las oportunidades de desarrollo económico que surjan del despliegue de energía limpia a nivel local.
📍 Mejorar el compromiso y la cooperación entre los departamentos gubernamentales nacionales, regionales y territoriales y el sector privado para que las comunidades reciban beneficios tangibles de la expansión de proyectos esenciales.
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