Transportadores respaldan política de chatarrización
El cobro de una contribución del 15 % para los vehículos nuevos ayudará a controlar la oferta, y las ayudas económicas incentivarán la renovación de camiones de más de 20 años.
Paula Delgado Gómez / @PaulaDelG.
Tanto las organizaciones que agrupan a las empresas transportadoras como las que representan a los camioneros se mostraron satisfechas con el nuevo decreto (1126 de 2019) que oficializa la entrada del nuevo programa de modernización de vehículos de carga pesada que tendrá por nombre “Colombia se mueve sostenible”.
La política, que se comenzará a implementar en los próximos días cuando se divulgue la reglamentación, le apunta a apoyar a los pequeños propietarios (quienes tienen hasta dos vehículos) para que renueven sus camiones de más de diez toneladas, al tiempo que incentiva que el servicio se preste en mejores condiciones de competitividad y sostenibilidad ambiental.
El decreto instaura una contribución para los vehículos nuevos que se vayan a poner en servicio equivalente al 15 % de su valor comercial (sin IVA) para financiar el programa de chatarrización. Estos recursos irán al Fondo Nacional de Modernización del Parque Automotor de Carga, creado con el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene $260.000 millones.
Sin embargo, cuando se trate de un vehículo que entra en lugar de otro que se va a desintegrar (reposición), no se deberá pagar la contribución del 15 %. De esta forma, se incentiva la renovación de vehículos, que es el fin último de la política. “El gran reto no es que entren vehículos nuevos al parque automotor, es que se modernicen cerca de 150.000 vehículos de carga para garantizar mayor eficiencia, mejores indicadores ambientales y un parque automotor que se ajuste a la realidad”, explicó el viceministro.
Frente a la preocupación de los transportadores de que sin el uno a uno haya una sobreoferta de camiones en el país, Ostos enfatizó en que el programa “garantiza que haya una apertura considerada del mercado, pero no permite el exceso de la oferta, porque cada persona que quiera ingresar al parque automotor deberá pagar una contribución que garantice que vamos a sacar otro vehículo a través del fondo de reposición de carga”.
Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística (Colfecar), calificó la alternativa como “loable” y dijo que aunque no tiene las características del “uno a uno”, tampoco implica que la compra sea abierta. El “uno a uno” era la modalidad mediante la cual era necesario desintegrar un vehículo de carga y cancelar su registro para poder ingresar uno nuevo y así controlar la sobreoferta del servicio. Sin embargo, compromisos de Colombia con la OCDE y con Estados Unidos obligaron al país a desmontar este esquema porque restringe la libre competencia.
En ello coincidió Alfonso Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC). “No es que hayamos dejado acabar el uno a uno, antes tenemos más beneficios para los camioneros”, señaló. También dijo que la prioridad es sacar los vehículos de más de veinte años y acceder a nuevas tecnologías “en pro del medio ambiente y del progreso, porque con un carro nuevo se trabaja mejor y se disminuyen los costos”.
Rodríguez, en representación de más de 120 empresas transportadoras, indicó que a pesar de que la contribución del 15 % es una tasa más que deben asumir, conlleva un beneficio, “se revierte al mismo sector” porque nutre el fondo de modernización del parque automotor, cuyos recursos son limitados, “la idea es que no se agoten y tengan una fuente de financiación”. El viceministro celebró que los empresarios sean conscientes de ello y “entiendan que buscamos cubrir la deuda que tiene el país con la renovación de la flota de carga, no cerrar el mercado”.
El Gobierno calcula que recaudará cerca de $350.000 millones por concepto de esta contribución en los próximos cinco años, sin contar la que deberán pagar los vehículos que están mal matriculados para normalizar su situación. Estos recursos se sumarían a los $300.000 millones que se destinaron del presupuesto nacional para el programa de renovación para 2019 y a los $100.000 millones autorizados para 2020.
Cifras del Ministerio de Transporte dan cuenta de que en Colombia hay 119.000 vehículos de transporte de carga pesada (peso bruto vehicular superior a 10,5 toneladas) y de ellos aproximadamente 51.000 vehículos tienen más de veinte años de antigüedad.
Subsidios, créditos y exenciones
El viceministro Ostos contó que el nuevo programa de modernización de vehículos de carga pesada permitirá que quienes quieran desintegrar sus camiones para renovarlos tendrán extensión total de IVA, un monto hasta de $60 millones de ayuda y acceso a créditos blandos mediante Bancóldex con tasas del 10 y 11 % efectivo anual.
“Estamos generando incentivos tan atractivos que va a ser irresistible para los transportadores no ir a desintegrar su vehículo”, aseguró el funcionario. Sumando las ayudas, se estima que cerca del 30 % del valor del vehículo sería financiado por el Gobierno con los recursos del programa, con lo cual los transportadores solo tendrían que poner el 70 %, que “se puede financiar con condiciones asequibles”, según Ostos.
La norma también promueve nuevas tecnologías que generan menor contaminación y permiten una operación más eficiente. Los soportes técnicos del Ministerio de Transporte dan cuenta de que vehículos a gas o que cumplan con la normativa de emisiones Euro 5 emiten entre 80 y 85 % menos material particulado y 30 % menos gases de efecto invernadero. Pero además de beneficiar al medio ambiente, le significan al transportador un ahorro de 30 % en consumo de combustible y mayor productividad.
La unión de los gremios de transportadores, conocida como Dignidad Camionera, calcula que hay al menos 30.00 vehículos listos para iniciar el proceso. “Muchas personas estaban esperando que saliera el decreto, porque se rumoraba que se acabaría el programa de desintegración y los beneficios económicos y que el transporte por carretera iba a desaparecer. Hoy les decimos a los escépticos que eso era mentira y que con el Gobierno llegamos a una buena concertación, porque con este decreto podemos seguir haciendo transporte por Colombia”, destacó Medrano.
Durante la presentación y firma del decreto, el presidente, Iván Duque, aseguró que, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), este nuevo programa es el más ambicioso de la región. “Es una solución estructural que le da confianza al sector transportador, porque tiene en consideración avanzar en la reposición efectiva del parque automotor de carga en armonía con una política ambiental e incentivos económicos”, señaló.
Aunque no se conocen los detalles, se sabe que el proceso de postulación al nuevo programa se podrá realizar en la página del RUNT sin necesidad de intermediarios, “para que los transportadores tengan acceso fácil a este tipo de beneficios y garantizando que haya transparencia, que es lo que no ha habido en los anteriores programas”, refirió Ostos.
La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, resaltó que el nuevo programa es fruto del trabajo articulado que ha venido realizando la cartera con los diferentes gremios del sector en varias mesas nacionales y regionales de trabajo.
Tanto las organizaciones que agrupan a las empresas transportadoras como las que representan a los camioneros se mostraron satisfechas con el nuevo decreto (1126 de 2019) que oficializa la entrada del nuevo programa de modernización de vehículos de carga pesada que tendrá por nombre “Colombia se mueve sostenible”.
La política, que se comenzará a implementar en los próximos días cuando se divulgue la reglamentación, le apunta a apoyar a los pequeños propietarios (quienes tienen hasta dos vehículos) para que renueven sus camiones de más de diez toneladas, al tiempo que incentiva que el servicio se preste en mejores condiciones de competitividad y sostenibilidad ambiental.
El decreto instaura una contribución para los vehículos nuevos que se vayan a poner en servicio equivalente al 15 % de su valor comercial (sin IVA) para financiar el programa de chatarrización. Estos recursos irán al Fondo Nacional de Modernización del Parque Automotor de Carga, creado con el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene $260.000 millones.
Sin embargo, cuando se trate de un vehículo que entra en lugar de otro que se va a desintegrar (reposición), no se deberá pagar la contribución del 15 %. De esta forma, se incentiva la renovación de vehículos, que es el fin último de la política. “El gran reto no es que entren vehículos nuevos al parque automotor, es que se modernicen cerca de 150.000 vehículos de carga para garantizar mayor eficiencia, mejores indicadores ambientales y un parque automotor que se ajuste a la realidad”, explicó el viceministro.
Frente a la preocupación de los transportadores de que sin el uno a uno haya una sobreoferta de camiones en el país, Ostos enfatizó en que el programa “garantiza que haya una apertura considerada del mercado, pero no permite el exceso de la oferta, porque cada persona que quiera ingresar al parque automotor deberá pagar una contribución que garantice que vamos a sacar otro vehículo a través del fondo de reposición de carga”.
Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística (Colfecar), calificó la alternativa como “loable” y dijo que aunque no tiene las características del “uno a uno”, tampoco implica que la compra sea abierta. El “uno a uno” era la modalidad mediante la cual era necesario desintegrar un vehículo de carga y cancelar su registro para poder ingresar uno nuevo y así controlar la sobreoferta del servicio. Sin embargo, compromisos de Colombia con la OCDE y con Estados Unidos obligaron al país a desmontar este esquema porque restringe la libre competencia.
En ello coincidió Alfonso Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC). “No es que hayamos dejado acabar el uno a uno, antes tenemos más beneficios para los camioneros”, señaló. También dijo que la prioridad es sacar los vehículos de más de veinte años y acceder a nuevas tecnologías “en pro del medio ambiente y del progreso, porque con un carro nuevo se trabaja mejor y se disminuyen los costos”.
Rodríguez, en representación de más de 120 empresas transportadoras, indicó que a pesar de que la contribución del 15 % es una tasa más que deben asumir, conlleva un beneficio, “se revierte al mismo sector” porque nutre el fondo de modernización del parque automotor, cuyos recursos son limitados, “la idea es que no se agoten y tengan una fuente de financiación”. El viceministro celebró que los empresarios sean conscientes de ello y “entiendan que buscamos cubrir la deuda que tiene el país con la renovación de la flota de carga, no cerrar el mercado”.
El Gobierno calcula que recaudará cerca de $350.000 millones por concepto de esta contribución en los próximos cinco años, sin contar la que deberán pagar los vehículos que están mal matriculados para normalizar su situación. Estos recursos se sumarían a los $300.000 millones que se destinaron del presupuesto nacional para el programa de renovación para 2019 y a los $100.000 millones autorizados para 2020.
Cifras del Ministerio de Transporte dan cuenta de que en Colombia hay 119.000 vehículos de transporte de carga pesada (peso bruto vehicular superior a 10,5 toneladas) y de ellos aproximadamente 51.000 vehículos tienen más de veinte años de antigüedad.
Subsidios, créditos y exenciones
El viceministro Ostos contó que el nuevo programa de modernización de vehículos de carga pesada permitirá que quienes quieran desintegrar sus camiones para renovarlos tendrán extensión total de IVA, un monto hasta de $60 millones de ayuda y acceso a créditos blandos mediante Bancóldex con tasas del 10 y 11 % efectivo anual.
“Estamos generando incentivos tan atractivos que va a ser irresistible para los transportadores no ir a desintegrar su vehículo”, aseguró el funcionario. Sumando las ayudas, se estima que cerca del 30 % del valor del vehículo sería financiado por el Gobierno con los recursos del programa, con lo cual los transportadores solo tendrían que poner el 70 %, que “se puede financiar con condiciones asequibles”, según Ostos.
La norma también promueve nuevas tecnologías que generan menor contaminación y permiten una operación más eficiente. Los soportes técnicos del Ministerio de Transporte dan cuenta de que vehículos a gas o que cumplan con la normativa de emisiones Euro 5 emiten entre 80 y 85 % menos material particulado y 30 % menos gases de efecto invernadero. Pero además de beneficiar al medio ambiente, le significan al transportador un ahorro de 30 % en consumo de combustible y mayor productividad.
La unión de los gremios de transportadores, conocida como Dignidad Camionera, calcula que hay al menos 30.00 vehículos listos para iniciar el proceso. “Muchas personas estaban esperando que saliera el decreto, porque se rumoraba que se acabaría el programa de desintegración y los beneficios económicos y que el transporte por carretera iba a desaparecer. Hoy les decimos a los escépticos que eso era mentira y que con el Gobierno llegamos a una buena concertación, porque con este decreto podemos seguir haciendo transporte por Colombia”, destacó Medrano.
Durante la presentación y firma del decreto, el presidente, Iván Duque, aseguró que, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), este nuevo programa es el más ambicioso de la región. “Es una solución estructural que le da confianza al sector transportador, porque tiene en consideración avanzar en la reposición efectiva del parque automotor de carga en armonía con una política ambiental e incentivos económicos”, señaló.
Aunque no se conocen los detalles, se sabe que el proceso de postulación al nuevo programa se podrá realizar en la página del RUNT sin necesidad de intermediarios, “para que los transportadores tengan acceso fácil a este tipo de beneficios y garantizando que haya transparencia, que es lo que no ha habido en los anteriores programas”, refirió Ostos.
La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, resaltó que el nuevo programa es fruto del trabajo articulado que ha venido realizando la cartera con los diferentes gremios del sector en varias mesas nacionales y regionales de trabajo.