Tras la venta de Isagén el sector eléctrico quedó privatizado

Más de 15 mil millones de acciones de Isagén que pertenecían al Estado fueron vendidas a Brookfield por $6,49 billones. Este fue el precio mínimo fijado por el Gobierno para enajenar su participación en una de las generadoras de energía más importantes de Colombia.

“Colombia es un mercado atractivo de largo plazo, con una fuerza laboral calificada y una perspectiva de alto crecimiento. Isagén representa la segunda inversión para Brookfield en el país desde 2012, cuando adquirimos Ebsa. En los últimos 20 años hemos adquirido y desarrollado aproximadamente 8.000 megavatios de activos de generación hídrica y eólica en seis diferentes países y en tres diferentes continentes”, dijo el representante del fondo canadiense, Carlos Castro, al finalizar la operación.

Más allá de la férrea oposición que tuvo el proceso, que terminó con un solo oferente, también queda en evidencia un posible problema para la expansión del sistema eléctrico en el largo plazo y por lo tanto un reto para quienes se encargan de fijar el marco regulatorio. El Estado pasó de ser propietario de cerca del 29 % de la capacidad instalada a poseer poco más del 4 %. Es decir, este recurso prácticamente fue privatizado.

Geselca (que en abril terminará su contrato de generación con Termobarranquilla por 900 MW), Urrá (hidroeléctrica que genera alrededor de 340 MW) y Gensa (el primer generador térmico a carbón del país), junto con otras pequeñas generadoras, son los activos del sistema eléctrico propiedad del Estado. En este listado no se incluye EPM por tratarse una empresa municipal.

Como ya había advertido el director del Observatorio de Energía de la Universidad Nacional, Germán Corredor, esto implica una posible afectación al desarrollo e investigación de nuevas fuentes de energía, pues las compañías del Estado, como Isagén, llevaban esta bandera.

Sin embargo, el viceministro de Energía, Manuel Maiguashca, no comulga con esta posición. “Lo que hace viable el esquema es la regulación, no que haya empresas públicas o privadas. Uno desarrolla nuevas fuentes de energía según el recurso que exista y lo que existe hoy en Colombia es fundamentalmente agua y carbón. Nada tiene que ver la propiedad con los desarrollos”.

Como están las cosas, sin Isagén y con las últimas decisiones, que dicen algunos inversionistas dejaron la regulación “patas arriba”, el Gobierno tendrá la responsabilidad de generar mayores incentivos para este fin.

El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, aseguró que “no importa la propiedad, sino la regulación para atraer nuevos inversionistas. Las reglas de juego tienen que ser claras para que haya generación. El Estado tiene que tener el marco claro y robusto para poder invertir, y cuando haya problemas, debe hacer acompañamiento”.

Planteada la problemática anterior, también está otra no menos importante y es tener claridad sobre lo que va a suceder con los recursos que Brookfield deberá desembolsar antes del 27 de enero. A propósito de esas dudas, al finalizar el inusual proceso de subasta con apenas un oferente, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, explicó que esos recursos irán a la Financiera de Desarrollo de Nacional, a través del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (Fondes), para la financiación de los proyectos de infraestructura, que cuestan $47 billones.

“Tenemos que vigilar celosamente la utilización de estos recursos, por eso me propongo consultar y mantener informados al grupo de exministros de Hacienda que representan a todas las tendencias políticas para que sepan cómo se hace cada una de las inversiones. Los recursos de Isagén son un tesoro para que crezca en beneficio de los colombianos”, manifestó.

Estos recursos, contó a este diario Clemente del Valle, presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, serán un medio de apalancamiento para financiar a las firmas que hayan ganado las adjudicaciones de las vías (ver entrevista página 3).

No obstante, desde diferentes orillas —Procuraduría, partidos políticos, organizaciones civiles y sindicatos— se argumentó el mal negocio que representó la enajenación de la participación de Isagén. Pero el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Simón Gaviria, concluyó que “se vendió muy bien”. De acuerdo con el funcionario, la Nación hubiera tardado hasta 45 años en recaudar lo que pagó Brookfield por Isagén. “Esto, porque los ingresos que recibíamos por Isagén eran $145 mil millones anuales”.

Dudas sobre Brookfield

Este fondo canadiense tiene inversiones por US$225 mil millones en el sector eléctrico, bienes raíces e infraestructura. Ha sido investigado por supuestos pagos de sobornos para obtener permisos de construcción en Brasil. Aunque El Espectador ha tratado de comunicarse con voceros del fondo de inversión, hasta el momento no ha sido posible.

Más de 15 mil millones de acciones de Isagén que pertenecían al Estado fueron vendidas a Brookfield por $6,49 billones. Este fue el precio mínimo fijado por el Gobierno para enajenar su participación en una de las generadoras de energía más importantes de Colombia.

“Colombia es un mercado atractivo de largo plazo, con una fuerza laboral calificada y una perspectiva de alto crecimiento. Isagén representa la segunda inversión para Brookfield en el país desde 2012, cuando adquirimos Ebsa. En los últimos 20 años hemos adquirido y desarrollado aproximadamente 8.000 megavatios de activos de generación hídrica y eólica en seis diferentes países y en tres diferentes continentes”, dijo el representante del fondo canadiense, Carlos Castro, al finalizar la operación.

Más allá de la férrea oposición que tuvo el proceso, que terminó con un solo oferente, también queda en evidencia un posible problema para la expansión del sistema eléctrico en el largo plazo y por lo tanto un reto para quienes se encargan de fijar el marco regulatorio. El Estado pasó de ser propietario de cerca del 29 % de la capacidad instalada a poseer poco más del 4 %. Es decir, este recurso prácticamente fue privatizado.

Geselca (que en abril terminará su contrato de generación con Termobarranquilla por 900 MW), Urrá (hidroeléctrica que genera alrededor de 340 MW) y Gensa (el primer generador térmico a carbón del país), junto con otras pequeñas generadoras, son los activos del sistema eléctrico propiedad del Estado. En este listado no se incluye EPM por tratarse una empresa municipal.

Como ya había advertido el director del Observatorio de Energía de la Universidad Nacional, Germán Corredor, esto implica una posible afectación al desarrollo e investigación de nuevas fuentes de energía, pues las compañías del Estado, como Isagén, llevaban esta bandera.

Sin embargo, el viceministro de Energía, Manuel Maiguashca, no comulga con esta posición. “Lo que hace viable el esquema es la regulación, no que haya empresas públicas o privadas. Uno desarrolla nuevas fuentes de energía según el recurso que exista y lo que existe hoy en Colombia es fundamentalmente agua y carbón. Nada tiene que ver la propiedad con los desarrollos”.

Como están las cosas, sin Isagén y con las últimas decisiones, que dicen algunos inversionistas dejaron la regulación “patas arriba”, el Gobierno tendrá la responsabilidad de generar mayores incentivos para este fin.

El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, aseguró que “no importa la propiedad, sino la regulación para atraer nuevos inversionistas. Las reglas de juego tienen que ser claras para que haya generación. El Estado tiene que tener el marco claro y robusto para poder invertir, y cuando haya problemas, debe hacer acompañamiento”.

Planteada la problemática anterior, también está otra no menos importante y es tener claridad sobre lo que va a suceder con los recursos que Brookfield deberá desembolsar antes del 27 de enero. A propósito de esas dudas, al finalizar el inusual proceso de subasta con apenas un oferente, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, explicó que esos recursos irán a la Financiera de Desarrollo de Nacional, a través del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (Fondes), para la financiación de los proyectos de infraestructura, que cuestan $47 billones.

“Tenemos que vigilar celosamente la utilización de estos recursos, por eso me propongo consultar y mantener informados al grupo de exministros de Hacienda que representan a todas las tendencias políticas para que sepan cómo se hace cada una de las inversiones. Los recursos de Isagén son un tesoro para que crezca en beneficio de los colombianos”, manifestó.

Estos recursos, contó a este diario Clemente del Valle, presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, serán un medio de apalancamiento para financiar a las firmas que hayan ganado las adjudicaciones de las vías (ver entrevista página 3).

No obstante, desde diferentes orillas —Procuraduría, partidos políticos, organizaciones civiles y sindicatos— se argumentó el mal negocio que representó la enajenación de la participación de Isagén. Pero el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Simón Gaviria, concluyó que “se vendió muy bien”. De acuerdo con el funcionario, la Nación hubiera tardado hasta 45 años en recaudar lo que pagó Brookfield por Isagén. “Esto, porque los ingresos que recibíamos por Isagén eran $145 mil millones anuales”.

Dudas sobre Brookfield

Este fondo canadiense tiene inversiones por US$225 mil millones en el sector eléctrico, bienes raíces e infraestructura. Ha sido investigado por supuestos pagos de sobornos para obtener permisos de construcción en Brasil. Aunque El Espectador ha tratado de comunicarse con voceros del fondo de inversión, hasta el momento no ha sido posible.