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El Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (Mintic) adjudicó este miércoles la operación de más de 14.000 centros rurales conectados a Internet por más de 10 años a Claro y a la Unión Temporal Centros Poblados. Inicialmente, el proceso contemplaba mínimo 10.000 sitios, pero la oferta de más centros era uno de los componentes para valorar. Al final, se lograron compromisos para cubrir 14.745 en los 32 departamentos.
El proceso se dividió en dos regiones. Claro, con un puntaje de 100 puntos (de 100 posibles), obtuvo la región A, conformada por los departamentos Antioquia, San Andrés, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Vaupés. Este proponente ofreció 2800 centros conectados adicionales, por 18 meses adicionales y 6 mbps adicionales (la velocidad mínima era incialmente de 6 mbps, por lo que dicho valor quedaría en 12 mbps), para un total de 7.468 centros conectados por 11,5 años y un valor de $1,06 billones.
La región B, compuesta por Arauca, Cundinamarca (incluida Bogotá), Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada, con un puntaje también de 100 puntos, fue adjudicada a la Unión Temporal Centros Poblados. Esta, a su vez, está conformada por cuatro integrantes (Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación; ICM Ingenieros; Intec de la Costa y Omega Buildings Constructora). El proponente ofreció 2526 centros adicionales, por 18 meses adicionales y 6 mbps adicionales (es decir, 12 mbps como mínimo), para un total de 7.277 centros conectados durante 11,5 años, por un valor de $1,07 billones.
El proyecto de estos más de 14.000 centros busca llevar conectividad de Internet a zonas rurales, especialmente a escuelas oficiales, con acceso a la red por parte de las comunidades rurales.
La audiencia de adjudicación de este proceso, que se inició el pasado 27 de noviembre, concluyó este miércoles, 9 de diciembre. Esto, luego de que se resolviera la recusación en contra de la ministra TIC, Karen Abudinen, y de la secretaria general del Ministerio, Adriana Meza, por un supuesto conflicto de interés producto de que un asesor de la ministra era, a su vez, apoderado de uno de los proponentes. El consejo de ministros negó la recusación, en tanto que el Mintic sostuvo que el apoderado en cuestión, Camilo Valencia, no ejerció ninguna función relacionada con contratación, así como tampoco tuvo acceso privilegiado a documentos ni información del proceso o su estructuración.
Sin embargo, la Procuraduría inició indagación preliminar por este caso, para determinar si hubo conductas indebidas o no.
De los 10 proponentes, ocho quedaron habilitados para participar. Red Iris y China Great Wall quedaron fuera de la competencia por aspectos asociados a la acreditación de su situación de control y traducciones oficiales de los documentos, respectivamente.