Tras no lograr conciliación, EPM continuará con demanda por $9,9 billones por Hidroituango

Este viernes concluyó, sin éxito, la conciliación entre EPM y los contratistas de Hidroituango. Por esta razón Empresas Públicas de Medellín, según anunció el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, avanzará en la demanda por $9,9 billones contra los diseñadores, constructores e interventores del proyecto hidroeléctrico.

Lea de contexto: EPM inicia acciones legales de $9,9 billones por emergencia en Hidroituango

La pretensión económica, la más alta de la historia por parte de una entidad pública, es consecuencia de la emergencia desatada en el proyecto en abril de 2018, contingencia que puso en riesgo la estabilidad del proyecto, representó costos multimillonarios, un lucro cesante y un retraso en la puesta en marcha del proyecto (que estaba prevista para noviembre de 2018 inicialmente).

La conciliación, a instancias de la Procuraduría General de la Nación, tenía cinco meses de plazo que, cumplidos, dejan la puerta abierta para que ahora EPM continúa con su demanda judicial.

La contraparte involucrada en el proceso está compuesta por Consorcio Generación Ituango, constituido por las sociedades Integral Ingeniería de Consulta SA y Geotécnicas Solingral SA; Consorcio CCC Ituango, constituido por Constructora Camargo Correa SA, Conconcreto SA y Coninsa Ramón H. SA; Consorcio Ingetec Sedic, compuesto por las sociedades Ingetec SA y Sedic SA; y Seguros Generales Suramericana y Chubb seguros.

A través de su cuenta de Twitter, el alcalde Quintero, felicitó a EPM por su “valor y responsabilidad” al seguir con el debido proceso legal para “recuperar” los recursos públicos.

Vale la pena que el anuncio del inicio de las acciones legales contra los contratistas de Hidroituango motivó en agosto pasado la renuncia de la junta directiva de EPM. Los hoy exmiembros indicaron que si bien es necesario proteger el patrimonio de la empresa, la junta directiva no conoció ni participó en el análisis para adelantar las acciones legales contra contratistas y compañías de seguros del proyecto.

Acto seguido, también en agosto, los constructores, CCC Ituango, conformado por las empresas colombianas Conconcreto y Coninsa Ramón y la brasileña Construções e Comércio Camargo Corrêa, se defendieron argumentando que no hubo fallas que pudieran recaer sobre sus obligaciones contractuales; por esta razón, no solo hizo un llamado a que EPM retirara sus acusaciones, sino que también criticó que el grupo empresarial fuera más allá del ámbito de la controversia judicial e hiciera estos señalamientos “de manera pública y ostentosa”.

Le recomendamos: Constructor de Hidroituango le pide a EPM retirar demanda en su contra

Días después, el alcalde entregó a la Fiscalía un informe hecho por la firma Advanta sobre la emergencia ocurrida en Hidroituango en 2018. Según el funcionario dicho documento, que endilga responsabilidades alrededor del colapso del túnel de la hidroeléctrica, fue ocultado por la administración anterior.

Lea: “Hubo un plan para desestabilizar a EPM”: alcalde de Medellín

Más recientemente, en diciembre pasado, tras un año de investigaciones, la Contraloría General profirió 28 imputaciones a personas y contratistas por su presunta responsabilidad en la contingencia de 2018.

Según dijo Carlos Felipe Córdoba, contralor general, “las fallas en la hidroeléctrica son el resultado de una cadena de errores desde la planeación, diseño y ejecución”. Estos errores han tenido, a juicio de la entidad, tres grandes consecuencias: que el proyecto no está generando energía eléctrica, que ya estaba contratada para 2018 y por lo cual habría un lucro cesante de $1,1 billones.

Lea más sobre esto: Fajardo, Ramos y Gaviria, entre los imputados por Hidroituango

De los imputados, 10 recusaron a la contralora delegada que lleva el caso y la sala fiscal de la entidad, en particular, y a la Contraloría, en general.

A pesar de estas controversias, en diciembre pasado EPM informó que amplió los contratos de asesoría, interventoría y construcción en Hidroituango hasta diciembre de 2021. Lo que implica que tres contratistas actuales, con los que EPM tiene las disputas legales, seguirán participando del proyecto.

Lea más sobre esto: EPM amplió los contratos de asesoría, interventoría y construcción de Hidroituango

Este viernes concluyó, sin éxito, la conciliación entre EPM y los contratistas de Hidroituango. Por esta razón Empresas Públicas de Medellín, según anunció el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, avanzará en la demanda por $9,9 billones contra los diseñadores, constructores e interventores del proyecto hidroeléctrico.

Lea de contexto: EPM inicia acciones legales de $9,9 billones por emergencia en Hidroituango

La pretensión económica, la más alta de la historia por parte de una entidad pública, es consecuencia de la emergencia desatada en el proyecto en abril de 2018, contingencia que puso en riesgo la estabilidad del proyecto, representó costos multimillonarios, un lucro cesante y un retraso en la puesta en marcha del proyecto (que estaba prevista para noviembre de 2018 inicialmente).

La conciliación, a instancias de la Procuraduría General de la Nación, tenía cinco meses de plazo que, cumplidos, dejan la puerta abierta para que ahora EPM continúa con su demanda judicial.

La contraparte involucrada en el proceso está compuesta por Consorcio Generación Ituango, constituido por las sociedades Integral Ingeniería de Consulta SA y Geotécnicas Solingral SA; Consorcio CCC Ituango, constituido por Constructora Camargo Correa SA, Conconcreto SA y Coninsa Ramón H. SA; Consorcio Ingetec Sedic, compuesto por las sociedades Ingetec SA y Sedic SA; y Seguros Generales Suramericana y Chubb seguros.

A través de su cuenta de Twitter, el alcalde Quintero, felicitó a EPM por su “valor y responsabilidad” al seguir con el debido proceso legal para “recuperar” los recursos públicos.

Vale la pena que el anuncio del inicio de las acciones legales contra los contratistas de Hidroituango motivó en agosto pasado la renuncia de la junta directiva de EPM. Los hoy exmiembros indicaron que si bien es necesario proteger el patrimonio de la empresa, la junta directiva no conoció ni participó en el análisis para adelantar las acciones legales contra contratistas y compañías de seguros del proyecto.

Acto seguido, también en agosto, los constructores, CCC Ituango, conformado por las empresas colombianas Conconcreto y Coninsa Ramón y la brasileña Construções e Comércio Camargo Corrêa, se defendieron argumentando que no hubo fallas que pudieran recaer sobre sus obligaciones contractuales; por esta razón, no solo hizo un llamado a que EPM retirara sus acusaciones, sino que también criticó que el grupo empresarial fuera más allá del ámbito de la controversia judicial e hiciera estos señalamientos “de manera pública y ostentosa”.

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Días después, el alcalde entregó a la Fiscalía un informe hecho por la firma Advanta sobre la emergencia ocurrida en Hidroituango en 2018. Según el funcionario dicho documento, que endilga responsabilidades alrededor del colapso del túnel de la hidroeléctrica, fue ocultado por la administración anterior.

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Más recientemente, en diciembre pasado, tras un año de investigaciones, la Contraloría General profirió 28 imputaciones a personas y contratistas por su presunta responsabilidad en la contingencia de 2018.

Según dijo Carlos Felipe Córdoba, contralor general, “las fallas en la hidroeléctrica son el resultado de una cadena de errores desde la planeación, diseño y ejecución”. Estos errores han tenido, a juicio de la entidad, tres grandes consecuencias: que el proyecto no está generando energía eléctrica, que ya estaba contratada para 2018 y por lo cual habría un lucro cesante de $1,1 billones.

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De los imputados, 10 recusaron a la contralora delegada que lleva el caso y la sala fiscal de la entidad, en particular, y a la Contraloría, en general.

A pesar de estas controversias, en diciembre pasado EPM informó que amplió los contratos de asesoría, interventoría y construcción en Hidroituango hasta diciembre de 2021. Lo que implica que tres contratistas actuales, con los que EPM tiene las disputas legales, seguirán participando del proyecto.

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