Uber, Beat, Cabify y Didi demandan a la Supertransporte

Ante la Sección Primera del Consejo de Estado, el abogado y exsuperintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo, ahora apoderado del Gremio de Aplicaciones e Innovación, Alianza IN (reúne a Beat, Cabify, Didi, Uber, pero también agrupa a Domicilios.com, Grin, Gocap, Mensajeros Urbanos, Muvo, Polymath Ventures y Rappi), acaba de iniciar un proceso con el que busca que la Rama Judicial dirima a favor de sus representados y en contra de una circular de noviembre del año pasado (015 de 2020), redactada por la Superintendencia de Transporte. La razón: que en ella, para Alianza IN, el ejecutivo considera que estas plataformas tecnológicas ofrecen un servicio público, cuando en realidad, dice Robledo, es un servicio entre privados.

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¿Por qué demandan a la Supertransporte?

El Gobierno viene desde hace tiempo adelantando una persecución sistemática contra las plataformas tecnológicas de movilidad colaborativa que solucionan las necesidades de un transporte privado entre un particular que necesita movilizarse y otro particular, con un carro, que tiene un vehículo para prestar ese servicio y movilizar a ese ciudadano.

La primera claridad: ¿Uber, Didi, Cabify no se consideran transporte público, sino transporte privado?

Prestan un servicio de transporte privado y, por ende, conductores, usuarios y las plataformas sostienen que lo que hacen está dentro del marco normativo, porque ese marco normativo, incluso desde la Constitución, implica que la actividad económica en Colombia es libre y que está sujeta solo a las reglamentaciones que para tal efecto se han expedido, y resulta que la Ley de Transporte, que es del año 93, la Ley 333 y Ley 105, jamás contemplaron como transporte público los vehículos que se prestan a través de plataformas tecnológicas, porque no existían para ese momento.

La demanda, con 78 páginas y que habla de la “libre elección de los ciudadanos”, frenaría la Circular 015 de 2020.

Claro, porque es una locura, la Superintendencia les dice a todos los secretarios de Tránsito del país: la diferencia entre el transporte privado y público es que en el privado no hay remuneración, se presta en el ámbito familiar, no media un contrato, luego si se presta de manera diferente a eso, se debe entender como transporte público. Les dice a alcaldes: ustedes deben entender que estas normas son así, como lo dice la Supertransporte, si usted no ejerce acciones, si no compra esta tesis y deja de ejercer acciones contra plataformas, conductores y usuarios, yo como Superintendencia lo voy a investigar a usted y lo voy a sancionar. Impone. Amenaza.

¿Cuánta gente trabaja con plataformas como Uber, Didi y Cabify en Colombia?

Alrededor de 200.000 conductores prestan estos servicios esporádicamente a través de estas plataformas lo que indica que esas personas llevan ingresos a casi 750.000 hogares. Y uno no entiende cómo, en ningún momento, pero más cuando el desempleo está en algunas ciudades por encima del 15 y 20 %, y el desempleo juvenil en el 23 %, la Superintendencia de Transporte, para satisfacer el interés particular del gremio de los taxistas, decide emprender una persecución a través de la Circular 015 de 2020 contra las plataformas, los usuarios y los conductores, en donde incluso la misma Superintendencia ha dicho que la multa a imponer, en cada caso, va hasta los 700 SMDLV, es decir, casi $700 millones, lo cual desde el punto de vista sancionatorio es una locura.

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¿Cuáles son los hechos que tienen para probar esa persecución del Gobierno?

La Circular 015 se expidió en noviembre 20 del año 2020. Un mes antes, en octubre, se hizo lo que se llamó el primer congreso virtual del gremio de los taxistas. Allá fue la ministra Ángela María Orozco y el superintendente Camilo Pabón, y como consecuencia de ese foro decidieron expedir la circular. Incluso en ese foro el superintendente Pabón terminó diciendo que esto es tan peligroso como si mañana una persona decidiera ser piloto de avión y cogiera un avión para movilizar pasajeros. ¿Y esa lógica cuál era? Comparar el tener un carro particular para enlazarse con quien tiene una necesidad particular de transporte en un carro por una ciudad, eso lo está comparando con un avión. Y después de ese evento, el 10 de noviembre, Camilo Pabón dio una declaración diciendo que el tema de las plataformas tecnológicas es tan ilegal como si mañana se publicitara una plataforma para enlazar la necesidad de alguien que quiera consumir heroína con la necesidad de alguien de venderla. Uno dice: ¿cuál es el símil? Pues es que ahí la actividad sí es ilegal, en nuestro caso la actividad de transporte está amparada por la ley al no estar regulada de ninguna manera. Uno no puede decir que eso es tan ilegal como traficar con droga, eso es una locura hasta conceptual. Y en ese contexto se expidió la Circular 015.

Hubo un proyecto de ley que buscaba regular esas plataformas, pero no prosperó…

Ese proyecto se ahogó por cuenta de que se reunieron, un sábado o un día domingo, en el Ministerio de Transporte los taxistas y el Gobierno, y ahí en una sesión extraordinaria decidieron ahogar y hundir ese proyecto, entonces hay toda una estrategia del Gobierno de proteger al gremio de los taxistas en contra de algo que es muy importante, y ese es el derecho que debe tener la gente, los consumidores, para explorar distintas alternativas, tanto en transporte público como en privado, para solucionar los problemas de movilidad. Y eso el mundo lo viene entendiendo desde hace años. Pero en Colombia les negamos los derechos constitucionales que tienen los usuarios y los consumidores para acceder a elegir cómo solucionar sus problemas de movilidad. Se viola la libre competencia económica. Aquí hay un mercado absolutamente cerrado por decisión del Gobierno, por persecución, para una cantidad de empresas nacionales o internacionales que se dedican a desarrollar plataformas tecnológicas de movilidad.

Recuerdo cuando Vargas Lleras, siendo vicepresidente, prometía que iba a dejar listo el tema ese mismo año, pero no fue así. ¿Por qué le ha quedado grande al Gobierno colombiano, no solo a este, dar el debate? ¿Y al Gobierno actual, que parece no ir en línea con esto de la economía naranja, con el desarrollo de la economía digital y las plataformas en el centro? Ustedes son el gremio, ¿cuál es su posición?

Coincido con usted en que la miopía y la inactividad del Estado no son solo de este Gobierno, también del anterior, pero los que están gobernando son los que toman las decisiones, y la Circular 015 es de este superintendente. Al gobierno pasado le quedó grande entender que al ser una actividad que no estaba regulada, era lícita, era legal. Le quedó grande entender a ambos gobiernos que siendo lícito, podría ser objeto de regulación. Y los intentos regulatorios que hicieron fueron un fracaso. Terminaron regulando mecanismos de transporte. Por ejemplo lo que hizo Vargas Lleras fue sacar un decreto para regular taxis de lujo. Y la SIC dijo en ese momento: eso no soluciona el problema de las plataformas tecnológicas. Eso crea otra modalidad de taxis que siguen sometidos al sistema perverso de los cupos. Todo esto muestra una incompetencia de este y del anterior gobierno, pero a medida que el tiempo avanza el problema se vuelve más complejo. Y eso pasa porque el Gobierno frente a los taxis ha tenido bastante falta de carácter para enfrentar una solución que le permita al ciudadano vivir mejor en un mundo con más opciones de movilidad.

La semana pasada llegó un mensaje: que se podrían pedir taxis incluso desde la plataforma de Uber. ¿Entre ustedes sí se están hablando, pero con el Gobierno no?

Eso que hizo Uber ya lo habían hecho otras plataformas, de permitir pedir taxi, pero esto se trata de unos esfuerzos mancomunados de algunas empresas de taxis y de las plataformas de movilidad, pero no de la generalidad de las empresas de taxis que siguen viendo la necesidad de evitar, a toda costa, un negocio que es legal hoy en día, ante la falta de cualquier regulación. Amenazan con bloqueos, con paralizar las ciudades.

¿Ante quién radican la demanda?

Ante la Sección Primera del Consejo de Estado. Es un acto administrativo que controla el Consejo de Estado.

Ante la Sección Primera del Consejo de Estado, el abogado y exsuperintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo, ahora apoderado del Gremio de Aplicaciones e Innovación, Alianza IN (reúne a Beat, Cabify, Didi, Uber, pero también agrupa a Domicilios.com, Grin, Gocap, Mensajeros Urbanos, Muvo, Polymath Ventures y Rappi), acaba de iniciar un proceso con el que busca que la Rama Judicial dirima a favor de sus representados y en contra de una circular de noviembre del año pasado (015 de 2020), redactada por la Superintendencia de Transporte. La razón: que en ella, para Alianza IN, el ejecutivo considera que estas plataformas tecnológicas ofrecen un servicio público, cuando en realidad, dice Robledo, es un servicio entre privados.

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¿Por qué demandan a la Supertransporte?

El Gobierno viene desde hace tiempo adelantando una persecución sistemática contra las plataformas tecnológicas de movilidad colaborativa que solucionan las necesidades de un transporte privado entre un particular que necesita movilizarse y otro particular, con un carro, que tiene un vehículo para prestar ese servicio y movilizar a ese ciudadano.

La primera claridad: ¿Uber, Didi, Cabify no se consideran transporte público, sino transporte privado?

Prestan un servicio de transporte privado y, por ende, conductores, usuarios y las plataformas sostienen que lo que hacen está dentro del marco normativo, porque ese marco normativo, incluso desde la Constitución, implica que la actividad económica en Colombia es libre y que está sujeta solo a las reglamentaciones que para tal efecto se han expedido, y resulta que la Ley de Transporte, que es del año 93, la Ley 333 y Ley 105, jamás contemplaron como transporte público los vehículos que se prestan a través de plataformas tecnológicas, porque no existían para ese momento.

La demanda, con 78 páginas y que habla de la “libre elección de los ciudadanos”, frenaría la Circular 015 de 2020.

Claro, porque es una locura, la Superintendencia les dice a todos los secretarios de Tránsito del país: la diferencia entre el transporte privado y público es que en el privado no hay remuneración, se presta en el ámbito familiar, no media un contrato, luego si se presta de manera diferente a eso, se debe entender como transporte público. Les dice a alcaldes: ustedes deben entender que estas normas son así, como lo dice la Supertransporte, si usted no ejerce acciones, si no compra esta tesis y deja de ejercer acciones contra plataformas, conductores y usuarios, yo como Superintendencia lo voy a investigar a usted y lo voy a sancionar. Impone. Amenaza.

¿Cuánta gente trabaja con plataformas como Uber, Didi y Cabify en Colombia?

Alrededor de 200.000 conductores prestan estos servicios esporádicamente a través de estas plataformas lo que indica que esas personas llevan ingresos a casi 750.000 hogares. Y uno no entiende cómo, en ningún momento, pero más cuando el desempleo está en algunas ciudades por encima del 15 y 20 %, y el desempleo juvenil en el 23 %, la Superintendencia de Transporte, para satisfacer el interés particular del gremio de los taxistas, decide emprender una persecución a través de la Circular 015 de 2020 contra las plataformas, los usuarios y los conductores, en donde incluso la misma Superintendencia ha dicho que la multa a imponer, en cada caso, va hasta los 700 SMDLV, es decir, casi $700 millones, lo cual desde el punto de vista sancionatorio es una locura.

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¿Cuáles son los hechos que tienen para probar esa persecución del Gobierno?

La Circular 015 se expidió en noviembre 20 del año 2020. Un mes antes, en octubre, se hizo lo que se llamó el primer congreso virtual del gremio de los taxistas. Allá fue la ministra Ángela María Orozco y el superintendente Camilo Pabón, y como consecuencia de ese foro decidieron expedir la circular. Incluso en ese foro el superintendente Pabón terminó diciendo que esto es tan peligroso como si mañana una persona decidiera ser piloto de avión y cogiera un avión para movilizar pasajeros. ¿Y esa lógica cuál era? Comparar el tener un carro particular para enlazarse con quien tiene una necesidad particular de transporte en un carro por una ciudad, eso lo está comparando con un avión. Y después de ese evento, el 10 de noviembre, Camilo Pabón dio una declaración diciendo que el tema de las plataformas tecnológicas es tan ilegal como si mañana se publicitara una plataforma para enlazar la necesidad de alguien que quiera consumir heroína con la necesidad de alguien de venderla. Uno dice: ¿cuál es el símil? Pues es que ahí la actividad sí es ilegal, en nuestro caso la actividad de transporte está amparada por la ley al no estar regulada de ninguna manera. Uno no puede decir que eso es tan ilegal como traficar con droga, eso es una locura hasta conceptual. Y en ese contexto se expidió la Circular 015.

Hubo un proyecto de ley que buscaba regular esas plataformas, pero no prosperó…

Ese proyecto se ahogó por cuenta de que se reunieron, un sábado o un día domingo, en el Ministerio de Transporte los taxistas y el Gobierno, y ahí en una sesión extraordinaria decidieron ahogar y hundir ese proyecto, entonces hay toda una estrategia del Gobierno de proteger al gremio de los taxistas en contra de algo que es muy importante, y ese es el derecho que debe tener la gente, los consumidores, para explorar distintas alternativas, tanto en transporte público como en privado, para solucionar los problemas de movilidad. Y eso el mundo lo viene entendiendo desde hace años. Pero en Colombia les negamos los derechos constitucionales que tienen los usuarios y los consumidores para acceder a elegir cómo solucionar sus problemas de movilidad. Se viola la libre competencia económica. Aquí hay un mercado absolutamente cerrado por decisión del Gobierno, por persecución, para una cantidad de empresas nacionales o internacionales que se dedican a desarrollar plataformas tecnológicas de movilidad.

Recuerdo cuando Vargas Lleras, siendo vicepresidente, prometía que iba a dejar listo el tema ese mismo año, pero no fue así. ¿Por qué le ha quedado grande al Gobierno colombiano, no solo a este, dar el debate? ¿Y al Gobierno actual, que parece no ir en línea con esto de la economía naranja, con el desarrollo de la economía digital y las plataformas en el centro? Ustedes son el gremio, ¿cuál es su posición?

Coincido con usted en que la miopía y la inactividad del Estado no son solo de este Gobierno, también del anterior, pero los que están gobernando son los que toman las decisiones, y la Circular 015 es de este superintendente. Al gobierno pasado le quedó grande entender que al ser una actividad que no estaba regulada, era lícita, era legal. Le quedó grande entender a ambos gobiernos que siendo lícito, podría ser objeto de regulación. Y los intentos regulatorios que hicieron fueron un fracaso. Terminaron regulando mecanismos de transporte. Por ejemplo lo que hizo Vargas Lleras fue sacar un decreto para regular taxis de lujo. Y la SIC dijo en ese momento: eso no soluciona el problema de las plataformas tecnológicas. Eso crea otra modalidad de taxis que siguen sometidos al sistema perverso de los cupos. Todo esto muestra una incompetencia de este y del anterior gobierno, pero a medida que el tiempo avanza el problema se vuelve más complejo. Y eso pasa porque el Gobierno frente a los taxis ha tenido bastante falta de carácter para enfrentar una solución que le permita al ciudadano vivir mejor en un mundo con más opciones de movilidad.

La semana pasada llegó un mensaje: que se podrían pedir taxis incluso desde la plataforma de Uber. ¿Entre ustedes sí se están hablando, pero con el Gobierno no?

Eso que hizo Uber ya lo habían hecho otras plataformas, de permitir pedir taxi, pero esto se trata de unos esfuerzos mancomunados de algunas empresas de taxis y de las plataformas de movilidad, pero no de la generalidad de las empresas de taxis que siguen viendo la necesidad de evitar, a toda costa, un negocio que es legal hoy en día, ante la falta de cualquier regulación. Amenazan con bloqueos, con paralizar las ciudades.

¿Ante quién radican la demanda?

Ante la Sección Primera del Consejo de Estado. Es un acto administrativo que controla el Consejo de Estado.