Uber: ¿debate tecnológico o de transporte?

El lunes de la semana que termina el presidente Juan Manuel Santos comunicó en una rueda de prensa los resultados del consejo de ministros que se había realizado para determinar asuntos como que los miembros del gabinete saldrán de las juntas directivas de las empresas industriales y comerciales del Estado. En la tarima, además de Santos, estaban Germán Vargas Lleras, vicepresidente de la República; Natalia Abello, ministra de Transporte; Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda; Carlos Iván Márquez, director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres; Simón Gaviria, director del Departamento Nacional de Planeación, y David Luna, ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic).

Luego de esos anuncios se hizo el de la creación de la categoría de taxis de lujo. En ese momento, del gabinete sólo quedaron en el escenario Vargas y Abello. Luna se bajó, y vio y escuchó todo el anuncio desde la puerta del recinto. Eso, más que ser anecdótico, puede simbolizar la raíz de una pregunta que posiblemente muchos se han hecho: si el problema con Uber -que los taxis de lujo pretenden resolver- brota de la inesperada -o no- aparición de una plataforma tecnológica en el sector de transporte, ¿qué papel desempeña el Mintic en todo esto?

Sobre la participación de esa cartera en el debate, el ministro Luna le respondió a El Espectador: “Nosotros desde el Ministerio TIC promovemos la innovación para mejorarles la calidad de vida a los ciudadanos. Seguimos apoyando todo tipo de aplicaciones en los diferentes sectores: transporte, agricultura y salud para lograr mejores condiciones”. Explicó, además, que la existencia de aplicaciones (app) como Easy Taxi, Tappsi o Uber es legal, debido a que “gozan de la presunción de legalidad”, pues todas las plataformas tecnológicas gozan de esa presunción. “Para que haya un bloqueo tiene que haber una orden administrativa o judicial, en este caso no hay ni lo primero ni lo segundo”, agregó.

La única situación que en Colombia automáticamente causa el bloqueo de una página es contener pornografía infantil. En cualquier otro caso se necesita una orden judicial o administrativa. Pero en el país no hay antecedentes de eso, las únicas páginas que se han bloqueado son pornográficas. De manera que todas las apps no sólo son legales, sino que el Ministerio fomenta su creación con programas como Apps.co, de donde, de hecho, salió Tappsi. Pero, entonces, ¿en dónde empieza el problema con Uber?

Uber ha intermediado un servicio que no está contemplado por las normas colombianas, según las cuales una cosa es el servicio de taxi, aquel que puede tomar cualquier persona en la calle, y otra el transporte especial, que exige la firma de un contrato y necesidades especiales: el transporte de un grupo escolar, de un grupo de turistas, entre otros. Uber, podría decirse, mezcló las dos: llegó hace dos años a trabajar con los carros del transporte especial para que le sirvieran a cualquier persona, en cualquier situación. Pero todo eso, quizá, habría sido imposible sin una herramienta tecnológica de por medio.

La economía digital plantea nuevos modelos de negocio y eso es indiscutible. En diálogo con este diario, el exministro de las TIC, Daniel Medina, opinó: “Uber es una de las muchas manifestaciones de cómo la tecnología cambia los negocios y la sociedad. Llegó Netflix y modificó el modelo de negocio. Los operadores de cable están molestos porque están en un régimen de licencia y pagan contraprestaciones al Gobierno y Netflix no paga nada. Lo mismo pasa con los hoteles. Llegó Airbnb y cambió la forma como la gente reserva una habitación o una casa”. La forma para afrontarlo es el asunto que los gobiernos tienen que asumir.

En el caso de Uber, la fórmula del Ejecutivo ha sido proponer una nueva categoría de transporte en la que el servicio básico de taxi se puede volver de lujo con exigencias como el uso de plataformas tecnológicas. Para muchos eso no resuelve el problema. Según el senador Andrés García Zuccardi (Partido de la U), quien había promovido un proyecto de ley para crear los taxis de lujo, con la decisión del Gobierno “echan más leña al fuego a la confrontación entre los taxis y este tipo de plataformas, pero no ofrecen una verdadera alternativa para el usuario”.

José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística, Movilidad y Territorio de la Universidad Nacional, por su parte, cree que el decreto neutraliza Uber y crea “un mercado para que los empresarios tradicionales puedan entrar y nos preocupa la sonrisa de estos empresarios tradicionales y los representantes actuales de los taxistas”.

El problema puede estar en pensar que las aplicaciones e internet se regulan de la misma forma como se regulan los servicios específicos. “Las plataformas e internet son simples medios de hacer cosas”, explica Carolina Botero, de la Fundación Karisma, que se define como promotora del buen uso de las tecnologías con la perspectiva de proteger los derechos humanos. En otras palabras, regular Uber o Netflix no tendría sentido, porque si se hiciera una norma para una plataforma, se debería hacer para todas “y eso sería una ridiculez. Además la legislación debe tener neutralidad tecnológica: debería ser lo mismo vender un libro en una librería, en internet o por el celular”, dice.

La clave para desenredar el problema, según Botero, estaría en identificar los efectos no deseados o los riesgos del funcionamiento de servicios como Uber y regular para resolverlos. Por ejemplo, en el caso de Uber X, las críticas van enfocadas a la falta de tributación, seguridad o la “pauperización” del trabajo. “Se trata de encontrar qué es lo que hace Uber que es diferente a lo que hace por ejemplo Domicilios.com y otros que no generan polémica, y resolverlo”. De todas formas, cree que al Mintic le ha faltado participación en el asunto: “Decir simplemente que ese es problema del Ministerio de Transporte está mal, porque está involucrada la tecnología y ellos tienen que ayudar a analizar el problema”.

Un caso que podría ser interesante abordar es el de la televisión. La Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) ha anunciado que está trabajando en una nueva propuesta de política para ese sector ante los cambios en los modelos de negocio. Como explicó Ernesto Orozco, miembro de la Junta Nacional de Televisión, durante un encuentro con periodistas, la economía digital opera diferente, pues tiene costos fijos bajos. Por ejemplo, Airbnbn no posee ni una habitación y Uber no posee ni un carro, pero además funcionan sobre algo que ya está inventado: internet. Al tiempo, los retornos son grandes. Amazon, para no ir más lejos, está avaluada en US$175.000 millones, según Forbes.

“Las decisiones son en la medida de las capacidades de cada quien”, dijo Orozco, quien explicó que servicios como Spotify, Netflix o Hulu pertenecen a la categoría de servicios de información y no a la de servicios públicos ni de telecomunicaciones. Por lo tanto, no es competencia del Estado regularlos. Así las cosas, según él, no se puede impedir el ingreso de servicios como Netflix, pero tampoco permitir la quiebra de RTVC. ¿Qué hacer? La solución, de acuerdo con Orozco, podría estar en generar mayor flexibilidad impositiva e incluso de licenciamiento para que los actores tradicionales del sector sean competitivos y generen mejor contenido. Pero, agregó, si de por medio están los aportes que se hacen al Fondo para el Desarrollo de la Televisión, con los que se financia la televisión pública, habría que pensar un esquema en el que ésta sea sostenible. El debate está lejos de acabar.

El lunes de la semana que termina el presidente Juan Manuel Santos comunicó en una rueda de prensa los resultados del consejo de ministros que se había realizado para determinar asuntos como que los miembros del gabinete saldrán de las juntas directivas de las empresas industriales y comerciales del Estado. En la tarima, además de Santos, estaban Germán Vargas Lleras, vicepresidente de la República; Natalia Abello, ministra de Transporte; Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda; Carlos Iván Márquez, director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres; Simón Gaviria, director del Departamento Nacional de Planeación, y David Luna, ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic).

Luego de esos anuncios se hizo el de la creación de la categoría de taxis de lujo. En ese momento, del gabinete sólo quedaron en el escenario Vargas y Abello. Luna se bajó, y vio y escuchó todo el anuncio desde la puerta del recinto. Eso, más que ser anecdótico, puede simbolizar la raíz de una pregunta que posiblemente muchos se han hecho: si el problema con Uber -que los taxis de lujo pretenden resolver- brota de la inesperada -o no- aparición de una plataforma tecnológica en el sector de transporte, ¿qué papel desempeña el Mintic en todo esto?

Sobre la participación de esa cartera en el debate, el ministro Luna le respondió a El Espectador: “Nosotros desde el Ministerio TIC promovemos la innovación para mejorarles la calidad de vida a los ciudadanos. Seguimos apoyando todo tipo de aplicaciones en los diferentes sectores: transporte, agricultura y salud para lograr mejores condiciones”. Explicó, además, que la existencia de aplicaciones (app) como Easy Taxi, Tappsi o Uber es legal, debido a que “gozan de la presunción de legalidad”, pues todas las plataformas tecnológicas gozan de esa presunción. “Para que haya un bloqueo tiene que haber una orden administrativa o judicial, en este caso no hay ni lo primero ni lo segundo”, agregó.

La única situación que en Colombia automáticamente causa el bloqueo de una página es contener pornografía infantil. En cualquier otro caso se necesita una orden judicial o administrativa. Pero en el país no hay antecedentes de eso, las únicas páginas que se han bloqueado son pornográficas. De manera que todas las apps no sólo son legales, sino que el Ministerio fomenta su creación con programas como Apps.co, de donde, de hecho, salió Tappsi. Pero, entonces, ¿en dónde empieza el problema con Uber?

Uber ha intermediado un servicio que no está contemplado por las normas colombianas, según las cuales una cosa es el servicio de taxi, aquel que puede tomar cualquier persona en la calle, y otra el transporte especial, que exige la firma de un contrato y necesidades especiales: el transporte de un grupo escolar, de un grupo de turistas, entre otros. Uber, podría decirse, mezcló las dos: llegó hace dos años a trabajar con los carros del transporte especial para que le sirvieran a cualquier persona, en cualquier situación. Pero todo eso, quizá, habría sido imposible sin una herramienta tecnológica de por medio.

La economía digital plantea nuevos modelos de negocio y eso es indiscutible. En diálogo con este diario, el exministro de las TIC, Daniel Medina, opinó: “Uber es una de las muchas manifestaciones de cómo la tecnología cambia los negocios y la sociedad. Llegó Netflix y modificó el modelo de negocio. Los operadores de cable están molestos porque están en un régimen de licencia y pagan contraprestaciones al Gobierno y Netflix no paga nada. Lo mismo pasa con los hoteles. Llegó Airbnb y cambió la forma como la gente reserva una habitación o una casa”. La forma para afrontarlo es el asunto que los gobiernos tienen que asumir.

En el caso de Uber, la fórmula del Ejecutivo ha sido proponer una nueva categoría de transporte en la que el servicio básico de taxi se puede volver de lujo con exigencias como el uso de plataformas tecnológicas. Para muchos eso no resuelve el problema. Según el senador Andrés García Zuccardi (Partido de la U), quien había promovido un proyecto de ley para crear los taxis de lujo, con la decisión del Gobierno “echan más leña al fuego a la confrontación entre los taxis y este tipo de plataformas, pero no ofrecen una verdadera alternativa para el usuario”.

José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística, Movilidad y Territorio de la Universidad Nacional, por su parte, cree que el decreto neutraliza Uber y crea “un mercado para que los empresarios tradicionales puedan entrar y nos preocupa la sonrisa de estos empresarios tradicionales y los representantes actuales de los taxistas”.

El problema puede estar en pensar que las aplicaciones e internet se regulan de la misma forma como se regulan los servicios específicos. “Las plataformas e internet son simples medios de hacer cosas”, explica Carolina Botero, de la Fundación Karisma, que se define como promotora del buen uso de las tecnologías con la perspectiva de proteger los derechos humanos. En otras palabras, regular Uber o Netflix no tendría sentido, porque si se hiciera una norma para una plataforma, se debería hacer para todas “y eso sería una ridiculez. Además la legislación debe tener neutralidad tecnológica: debería ser lo mismo vender un libro en una librería, en internet o por el celular”, dice.

La clave para desenredar el problema, según Botero, estaría en identificar los efectos no deseados o los riesgos del funcionamiento de servicios como Uber y regular para resolverlos. Por ejemplo, en el caso de Uber X, las críticas van enfocadas a la falta de tributación, seguridad o la “pauperización” del trabajo. “Se trata de encontrar qué es lo que hace Uber que es diferente a lo que hace por ejemplo Domicilios.com y otros que no generan polémica, y resolverlo”. De todas formas, cree que al Mintic le ha faltado participación en el asunto: “Decir simplemente que ese es problema del Ministerio de Transporte está mal, porque está involucrada la tecnología y ellos tienen que ayudar a analizar el problema”.

Un caso que podría ser interesante abordar es el de la televisión. La Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) ha anunciado que está trabajando en una nueva propuesta de política para ese sector ante los cambios en los modelos de negocio. Como explicó Ernesto Orozco, miembro de la Junta Nacional de Televisión, durante un encuentro con periodistas, la economía digital opera diferente, pues tiene costos fijos bajos. Por ejemplo, Airbnbn no posee ni una habitación y Uber no posee ni un carro, pero además funcionan sobre algo que ya está inventado: internet. Al tiempo, los retornos son grandes. Amazon, para no ir más lejos, está avaluada en US$175.000 millones, según Forbes.

“Las decisiones son en la medida de las capacidades de cada quien”, dijo Orozco, quien explicó que servicios como Spotify, Netflix o Hulu pertenecen a la categoría de servicios de información y no a la de servicios públicos ni de telecomunicaciones. Por lo tanto, no es competencia del Estado regularlos. Así las cosas, según él, no se puede impedir el ingreso de servicios como Netflix, pero tampoco permitir la quiebra de RTVC. ¿Qué hacer? La solución, de acuerdo con Orozco, podría estar en generar mayor flexibilidad impositiva e incluso de licenciamiento para que los actores tradicionales del sector sean competitivos y generen mejor contenido. Pero, agregó, si de por medio están los aportes que se hacen al Fondo para el Desarrollo de la Televisión, con los que se financia la televisión pública, habría que pensar un esquema en el que ésta sea sostenible. El debate está lejos de acabar.