¿Un decreto para salvar las pensiones o una excusa para gastarse los ahorros?

/Gustavo Torrijos - El Espectador

El Gobierno nacional emitió el miércoles el Decreto (558) que, entre otras cosas, le ordena a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) trasladar un porcentaje de sus pensionados a Colpensiones argumentando que es necesario garantizar el aseguramiento al riesgo financiero y proteger los ahorros de una posible descapitalización como efecto de la caída en los mercados de capitales.

La razón de ser de los fondos privados de pensiones es obtener la mayor rentabilidad posible del ahorro que los trabajadores depositan a lo largo de su vida productiva, para convertirlo en una mesada que alcance para toda la vejez de sus usuarios. Esto es posible mediante una serie de inversiones que multiplican ese capital. Sin embargo, dado que la amenaza de expansión del coronavirus permeó también el sector financiero, es muy probable que este trimestre se registren pérdidas en ese dinero.

Un grupo de pensionados son particularmente susceptibles a esta volatilidad: se trata de los afiliados a alguna de las cuatro administradoras de fondos de pensiones privadas (Protección, Porvenir, Skandia y Colfondos) que se jubilaron bajo la modalidad de retiro programado, en la cual la AFP sigue administrando el capital, buscando su rentabilidad.

Esto significa que año a año el valor de la pensión puede tener pequeñas variaciones dependiendo del saldo que quede en la cuenta del beneficiario y su longevidad.

El Gobierno prevé que, con la caída de los rendimientos de los fondos de pensiones por cuenta del COVID-19, muchos pensionados corran el riesgo de que se agote el dinero de su cuenta individual antes del tiempo previsto, especialmente de quienes reciben una mesada cercana a un salario mínimo.

Para evitar esta descapitalización, en los próximos cuatro meses entre 15.000 y 20.000 pensionados de las AFP pasarán a Colpensiones, entidad que se encargará del pago de su pensión.

Quienes leyeron el Decreto, hasta ahí, salieron a criticar al Gobierno por, supuestamente, entregarle un salvavidas a las administradoras a costa del presupuesto nacional. Pero el asunto es mucho más complejo.

En realidad, Colpensiones solo es el vehículo a través del cual se gira el dinero, pues las AFP deben trasladarle a la administradora de pensiones pública el dinero que sus actuarios consideren necesario para garantizarle una pensión vitalicia al beneficiario, incluso si la suma es mayor a la que habían estimado los privados.

Es por esto que Jorge Llano, vicepresidente de Asofondos, asegura que “el Gobierno no se va a comer las desvalorizaciones del mercado”, pues en términos sencillos lo que hace Colpensiones es venderle una renta vitalicia a las administradoras de fondos, otra modalidad de pensión en la que una aseguradora administra el dinero y garantiza un pago fijo que se ajusta cada año a la inflación.

La contrapropuesta del gremio que agrupa a las AFP es que el Gobierno permita a las firmas, de manera extraordinaria, hacer uso del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que acumula un capital de $24 billones, solo en caso de que se agote el dinero de algunos pensionados por esta coyuntura, situación que no se ha presentado hasta el momento. También proponen que, en dado caso, sea la aseguradora pública (Positiva) la que emita esas rentas vitalicias, considerando la dificultad de obtenerlas en el mercado y sus altos precios.

El cálculo de Asofondos es que las administradoras girarán a Colpensiones entre $4 y $5 billones, cifra cercana a la meta de recaudo de la ley de financiamiento. Este valor equivale a una tercera parte del presupuesto que el Gobierno nacional transfiere cada año a Colpensiones para el pago de pensiones o al acumulado de tres meses de los aportes de los trabajadores afiliados a la entidad, correspondientes a seguridad social.

Y aquí el asunto toma otro giro, pues muchos analistas advierten en este punto que en realidad la intención del Gobierno es tener un alivio de caja al liberar del presupuesto cerca de $5 billones, y poder destinarlo a cualquiera de las muchas necesidades que el Estado tiene por cuenta de la coyuntura del coronavirus.

En ello coincide el abogado y experto en mercados de valores Rodrigo Galarza: “La decisión es una bonita excusa para tomar la plata y pagar obligaciones corrientes; hay necesidades urgentes para atender la emergencia, pero la solución no era entrar a cuentas de ahorro individual de personas que voluntariamente decidieron estar ahí”, dijo. De hecho, calificó la medida como una “expropiación de los ahorros sobre la excusa, que es una falacia, de que a esos pensionados nadie les iba a responder”.

Pero no todos están de acuerdo con esa posición. El expresidente de Colpensiones, hoy director de Econometría Consultores, Mauricio Olivera, asegura que el decreto sí busca proteger a los pensionados y cree que se trata de “una política razonable y cautelosa que busca proteger un activo intangible de los colombianos que es la estabilidad macroeconómica”. Además, considera que no se puede poner el país en peligro a cambio de conseguir recursos y destaca que si el afán del Gobierno fuera por caja tendría mejores opciones, pues “de todas maneras va a terminar pagando esas pensiones”.

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Del mismo modo, Andrés Izquierdo, CEO y fundador de Integral Soluciones Pensionales (ISP), resaltó que el verdadero espíritu del decreto es social y dijo que la medida protege a los pensionados que están en riesgo inminente ante la desacumulación de su ahorro por el bajo rendimiento en los mercados, un impacto que considera se sentirá con más fuerza en junio. “La ley no había previsto una caída súbita como esta que puede terminar abriendo una laguna jurídica muy grande porque si una administradora agota los fondos y no puede contratar una renta vitalicia tendrá que responder con su patrimonio, lo que implicaría demandas”, dijo.

Juan Miguel Villa, presidente de Colpensiones, explicó que en los próximos meses harán los cálculos actuariales de cuánto cuestan las pensiones y cuál sería el flujo de pago traído a valor presente. El vacío está en que el dinero no entra a una bolsa exclusiva, sino que entra a un fondo común de la entidad, es decir “no discrimina a quien se le pagará la plata, pueden ser para los 20.000 que entren o para el resto del mundo”, dijo el funcionario.

Una de las consecuencias de esta decisión, en palabras de Galarza, es que esos $5 billones pasarán a rediferirse a 15 o 20 años, que es lo que puede durar Colpensiones pagando esas mesadas a los antiguos afiliados a las AFP a sus herederos, lo que significa mayor deuda hacia adelante: “Es muy mal negocio”. Incluso comparó la situación con la que llevó a la quiebra al Seguro Social: “Esa fue la razón que provocó el pasivo pensional que tenemos, los gobiernos usaron el dinero de caja menor, por eso la Nación tiene que sacar recursos adicionales todos los años”.

Sin embargo, Villa fue enfático en que estas nuevas pensiones cuando lleguen al fondo común “ya están pagadas” y negó que haya una carga adicional para la nación: “En el suma y resta, en el balance general, estas pensiones no le cuestan nada a Colpensiones o al Gobierno”, concluyó.

Los mismos fondos de pensiones argumentan que se viene evidenciando una recuperación en los mercados, lo que ayudaría a que muchas de las pensiones de retiro programado, que hoy se pagan por un salario mínimo, incrementen su valor, con lo que la descapitalización sería mínima, según Llano. Cabe recordar que las inversiones de esta modalidad son en su mayoría en renta fija, deuda pública y activos alternativos de muy bajo riesgo y escasa especulación, principalmente a nivel nacional, las cuales, si bien se desvalorizaron a finales de marzo, mostraron una recuperación tras las inyecciones de liquidez que viene haciendo el Banco de la República a la economía, de acuerdo con analistas consultados.

Además, Galarza fue enfático en que a pesar de las pérdidas, la desvalorización de los portafolios se va a recuperar. Por lo pronto, lo que juega a favor de las AFP es que no tienen afán de liquidar portafolios para pagar pensiones, pues son inversiones a 15 o 20 años, “con lo que tienen hoy pueden atender el pago de varios meses y no pasa nada”.

Reducción a cotización

En los últimos años, la cotización al sistema general de pensiones se ha hecho sobre 16 % del salario de un trabajador. Quiere decir que si una persona gana un millón de pesos mensuales, se le descuentan en cada pago $160.000 como ahorro a su pensión. Sin embargo, solo el 13 % ($130.000, según el ejemplo) se destinan en la práctica a este fin, el 3 % restante financia los gastos de administración (es decir la comisión para Colpensiones o para las AFP) y un seguro o reserva para los riesgos de invalidez o muerte del trabajador. Este último valor sería el único que se pagaría, entre el empleador y el empleado, los próximos dos meses.

En la práctica, esto significa que para algunas personas el pago a pensión quedará suspendido por estos meses, en términos de dinero, pues en tiempo las semanas se seguirán contabilizando para que el trabajador no vea afectado su esfuerzo por cumplir el requisitos de 1.150 o 1.300 semanas, según el régimen al que pertenezca.

Si bien Asofondos, el gremio de la Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), celebró la medida por considerar que ayuda a las empresas a mantener el empleo al recortarles gastos, muchas voces han criticado en los últimos días que estas empresas (Porvenir, Protección, Skandia y Colfondos) no flexibilicen este cobro. Andrés Izquierdo, CEO y fundador de Integral Soluciones Pensionales (ISP), por ejemplo, cree que si no hay aporte tampoco debería haber comisión; de hecho, recientemente la empresa propuso que las AFP destinen el porcentaje que les corresponde como comisión (alrededor de $116.000 millones al mes, según los valores reportados en 2019) a Colombia Mayor, ahora que "el ahorro está yendo a pérdidas".

Además, el decreto no especifica si el acumulado de los dos meses deberá reponerse en algún momento, por lo que se entiende que quedará el hueco en la cotización de esos meses. Asofondos, que inicialmente le propuso al Gobierno darle un plazo de 18 meses a las empresas para ponerse al día, llamó a los empleadores a que “en la medida de lo posible paguen estos aportes una vez superada la contingencia actual”, pues un hueco de dos meses para una persona que se gana el salario mínimo toda su vida podría significar una pérdida de $6 millones en la edad de retiro.

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