Un solo ente para las TIC

Miembros del sector, como la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem) y representantes de la televisión comunitaria y por suscripción, han manifestado que, con el nacimiento de la Antv, las responsabilidades que recaían sobre la extinta Comisión Nacional de Televisión quedaron dispersas en otros entes como la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y la Agencia Nacional del Espectro (ANE). Ahora, un estudio presentado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Banco Mundial, con el apoyo del gobierno español, aconseja crear un “regulador convergente”, en línea con las recomendaciones de la OCDE.

 

Eso, de acuerdo con el director del DNP, Simón Gaviria, se debe a que “hoy regulamos con la Antv, ANE y CRC, en un entorno en el que las TIC son un total. Llegará un momento en que casi no habrá diferencias entre televisión, celular o tableta”. En efecto, Gaviria reconoce que esto va alineado con lo que recomienda la OCDE, la cual dijo el año pasado que “la CRC debe ser reformada y adquirir auténtica independencia con respecto del Gobierno. No debe permitirse la participación directa del Mintic (...)”. Para el DNP, sin embargo, la entidad convergente seguiría “articulada” al Gobierno.

 

“Hay que hacer un análisis muy detallado en el tema del regulador. Debe haber una real independencia porque todavía hay gran injerencia del Mintic sobre la CRC y terminan siendo juez y parte”, opina Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT). Es de recordar que la senadora del Centro Democrático y exministra TIC, María del Rosario Guerra, radicó un proyecto de ley que pretende también modificar la regulación de la televisión. “Busca que quede sólo un ente que sea la CRC y que regule telecomunicaciones, televisión, redes y servicios”, explica Guerra. Sin embargo, opina que “hay que preservar que el ministro tenga un voto más, pero que no condicione al resto de los comisionados”.

 

Para Julián Cardona, presidente de Aciem, lo ideal también es que el regulador no tenga influencia política, con el fin de que “no sucedan cosas como el Ritel, que lo cancelaron como una decisión política”. Se refiere a la derogatoria del Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones, que había impulsado la CRC y que obligaba a los constructores de viviendas nuevas a acondicionarlas para que los habitantes pudieran escoger el operador de telefonía y cable que prefirieran. El Minvivienda se opuso argumentando que eso encarecería la construcción de vivienda de interés social.

 

El estudio, hecho por el consultor Christian Lizcano, con el fin de dar, según el DNP, una guía para la formulación de políticas públicas, señala que Colombia debe revisar las próximas subastas de espectro radioeléctrico “para operadores que no cuenten con frecuencias en bandas menores a 1 gigahercio (GHz), así como para nuevos operadores”. También propone repensar si deben existir topes de espectro asignado a cada operador. “Es muy importante cambiarlos o eliminarlos, ya que los operadores ya llegaron a sus topes. Queremos que sigan creciendo las redes”, opina Yohai.

 

Por su parte, Aciem cree que es inconveniente quitar de tajo los límites de asignación de frecuencias. “Se deben ir moviendo hacia arriba paulatinamente mediante una ecuación que maneja la ANE, de manera que no haya topes ilimitados donde el poder del dinero sea el que prevalezca”, dice Cardona. El mintic, David Luna, asegura que todos estos insumos serán revisados y discutidos para la construcción de política.

 

Otra de las sugerencias que hace el estudio es desmontar el IVA para los teléfonos inteligentes, un beneficio que desde la ley de reforma tributaria de 2012 existe para tabletas y computadores de alrededor de $1’100.000. Para Yohai, es “la tormenta perfecta”, debido a que la devaluación y, según él, el desmonte de las cláusulas de permanencia desde el año pasado han encarecido los equipos. Y sólo bastaría con cambiar la reglamentación que se hizo de la ley, la cual, de acuerdo con Aciem y la CCIT, tuvo una interpretación equivocada al excluir los smartphones de la exención. “Es cuestión de voluntad política”, agrega Yohai.

 

Finalmente, el Mintic y la industria insistieron en la importancia de promover el despliegue de infraestructura en las ciudades, el cual, según ellos, genera un mejor servicio al usuario, pero se ve truncado por los Planes de Ordenamiento Territorial. Al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo incluyó un artículo que permite aplicar la figura de silencio administrativo cuando un operador solicita licencia de construcción de infraestructura y no recibe solución por parte del ente territorial. La Federación Colombiana de Municipios ya ha manifestado su inconformidad con la aplicación de esa figura, pese a estar de acuerdo con un mejor servicio para los usuarios.

El estudio presentado por el DNP forma parte de ocho documentos de la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura que, de acuerdo con el Departamento, se conocerán en los próximos meses. Se abordarán sectores como transporte, agua y saneamiento básico, aseo, energía, gas, minería, entre otros.