El freno en la posesión de César Ferrari como director del Departamento Nacional de Planeación es ciertamente un problema político y de gerencia para la administración del presidente Gustavo Petro. Pero también tiene el potencial de comenzar a complicar el proceso de preparación y presentación del Plan Nacional de Desarrollo PND. Y estas son palabras mayores, más allá de lo ajustada (o no) que es la norma que impidió el nombramiento de Ferrari.
El PND es la columna vertebral de cada Gobierno, pues es la hoja de ruta que materializa las ambiciones de cada administración nacional. En otras palabras, es el documento que comienza a juntar las necesidades y realidades del país, pero sin el barniz fantástico de las promesas de campaña.
Aquí vale aclarar que tener un PND no significa que todo va de maravilla y se ejecuta al pie de la letra. De hecho, hay algunos cálculos que señalan que de las metas que establecen este tipo de documentos se cumple un 60 %, aproximadamente. Pero el hecho duro y crudo es que la promulgación del Plan (que termina siendo Ley de la República) es vital para ejercer cualquier tipo de transformación.
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Y aquí el tiempo es clave. En total, el proceso del PND toma 6 meses y su formulación comienza desde el mismo 7 de agosto, cuando entra en funciones el nuevo Gobierno.
Desde ese punto hay apenas 100 días para presentarlo al Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social), que juega un papel determinante en todo el proceso de diseño del PND. En él tienen voz y voto todos los ministros, así como el director del DNP; la secretaría técnica del Conpes también descansa en el DNP.
Antes de llegar al Conpes, el documento del Plan debe haber pasado por un concepto del Confis (Consejo Superior de Política Fiscal), que básicamente tiene que decir si el plan es viable desde el punto de vista de recursos; el Confis depende del Ministerio de Hacienda, pero en él también tiene asiento el director del DNP.
O sea que, entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre, el Plan debe haber recibido el visto bueno financiero, con las implicaciones fiscales que conlleva, y existir en forma de documento Conpes antes de pasar a ser revisado por el Consejo Nacional de Planeación, que se apoya para asuntos administrativos y logísticos en el DNP.
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Entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre también se tienen que ir preparando los procesos de consulta previa, así como de diálogos regionales. La participación ciudadana en general está abierta desde la posesión del nuevo Gobierno y hasta la presentación del proyecto de ley al Congreso.
El Consejo Nacional de Planeación debe proferir concepto sobre el PND, máximo, el 10 de enero. Además de emitir su concepto y recomendaciones, el Consejo también se encarga de “organizar y coordinar una amplia discusión nacional sobre el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, mediante la organización de reuniones nacionales y regionales con los Consejos Territoriales de Planeación”.
Entre el 10 de enero y, máximo, el 7 de febrero el Gobierno debe presentar el proyecto de ley del PND al Congreso para, después de los debidos debates, ahí sí comenzar a ejecutar la hoja de ruta del nuevo Gobierno. Todo el proceso legislativo no puede irse más allá de 90 días calendario, o sea, para el 7 de mayo, como mucho, debería estar aprobado el Plan.
Para el PND se han identificado 405 propuestas, la mayoría provenientes del programa de gobierno de la administración Petro, según un documento del DNP, en el que se aclara que al menos 248 requieren desarrollo normativo y para 187 no hay proyecto de inversión en este momento.
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