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La crisis derivada del COVID-19 está impactando de manera severa a las personas, a las empresas y a la vida social y económica. Las micro, pequeñas y medianas empresas están en alto riesgo. El cierre transitorio de la mayoría de ellas significa pocas ventas ante costos fijos. Informan que tienen reservas para cubrir una o dos quincenas. Estamos hablando de más de 1,7 millones de empresas y de millones de empleos.
Este es un desafío histórico para todos: para sus propietarios, para sus empleados y trabajadores y, desde luego, para el Gobierno y el Estado.
Las medidas adoptadas por el Gobierno, encaminadas a facilitar el acceso a recursos de crédito, avalado en alto porcentaje a través del fondo de garantías, no son suficientes. Estamos ante un escenario en el que esta crisis se puede convertir en un nuevo “valle de la muerte”. Desde luego, apoyamos todas las medidas que busquen la continuidad de las micro, pequeñas y medianas empresas.
No obstante, muchas pueden quedar en el camino. Las consecuencias para cada empresario y sus familias son enormes, desde el sufrimiento y la frustración por toda una vida de esfuerzos personales y familiares y la pérdida de su propio espacio de trabajo. Y para los trabajadores, el desempleo, la informalidad.
Sin embargo, antes que declararse en insolvencia, existe una innovadora oportunidad: convocar a sus empleados y trabajadores y transformarse en cooperativas.
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Sabemos que esta figura es diferente y, en todo caso, desconocida en el entorno empresarial y jurídico del país, pero este es el modelo idóneo para salvar, para recuperar esas empresas en crisis, evitando un estado de insolvencia o su quiebra, como se probó en Europa ante la crisis de 2008-2009, en la que alrededor de 5.000 empresas se transformaron en cooperativas y se recuperaron.
Es lo que se experimentó en Argentina ante la crisis del corralito de principios de siglo. Luego de lo cual, se consolidó el movimiento socio-empresarial de las “empresas recuperadas”. Igual sucedió en Uruguay y Paraguay.
Son múltiples las experiencias de conversión de empresas al borde del cierre en cooperativas de propiedad de todos los nuevos asociados: sus antiguos dueños, los trabajadores y los empleados.
Adicionalmente, las empresas cooperativas de producción, de propiedad de sus trabajadores, según Cicopa, la organización sectorial de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) de las cooperativas en la industria y los servicios, son cooperativas con resultados óptimos en gestión y en innovación, y que generan de manera directa cuatro millones de empleos, dignos y sostenibles, de sus propios asociados.
Es la oportunidad para que aquellos empresarios en dificultades insalvables piensen en la transformación en cooperativa, en forma conjunta, con sus empleados y trabajadores, con quienes han compartido años de trabajo y en la que han construido sólidos vínculos de confianza y solidaridad. Y, en un acuerdo cooperativo entre todos los asociados, encontrar las formas de reconocer a los propietarios el aporte especial que realizan, sin renunciar al principio democrático base de las cooperativas que se expresa en la fórmula: “un asociado, un voto”.
Es la oportunidad para que los propietarios y sus familias, en un acto de solidaridad económica y de visión, den su aporte determinante, definitivo y en un esfuerzo conjunto, salven la empresa, con todo lo que ello significa para quienes la han levantado y para el país, en términos de valor social, de cultura empresarial, de empleos y aporte a la producción nacional.
También para que los acreedores aporten para salvarla con fórmulas de negociación de las deudas, a plazos y condiciones razonables.
Y, desde luego, es la oportunidad histórica para que el Gobierno y el Congreso hagan un gran aporte al país: abrir una nueva modalidad de recuperación de las empresas en crisis: con apoyos económicos para salvarlas, con las normas que se dicten para el acceso a servicios financieros y con la adopción de un régimen jurídico sencillo y expedito para la transformación.
Esta crisis nos obliga a pensar diferente. No podemos resolver semejante desafío con mecanismos o normativas ordinarias para resolver lo extraordinario.
En una palabra, es la oportunidad de dar sentido a ese principio constitucional nuestro, según el cual la empresa “tiene una función social”.
Esta es la invitación que hemos hecho al Gobierno colombiano desde la Confederación de Cooperativas de Colombia, (Confecoop): que impulse esta figura de transformación puesto que es una poderosa forma de innovación en la gestión socioeconómica de las empresas. Tenemos una propuesta normativa precisa y sencilla para preparar este camino de innovación para el desarrollo que queremos compartir con el Gobierno y empresarios.
Es la oportunidad de dar vida, en nuestro país, al lineamiento del Informe de la Comisión Mundial para el Futuro del Trabajo, de la OIT, “Trabajar para un futuro más prometedor” de noviembre de 2018: “Proponemos un programa centrado en las personas para el futuro del trabajo que fortalezca el contrato social, situando a las personas y el trabajo que realizan en el centro de las políticas económicas y sociales y de la práctica empresarial”.
Es la oportunidad para un acuerdo histórico.
*Presidente de Confecoop