¿Una reforma tributaria sin aporte de las personas naturales?

Con reservas fue recibida la reforma tributaria porque ofrece soluciones pasajeras a los problemas fiscales del país. Deja abierta la puerta para que el siguiente gobierno se comprometa con otro proyecto fiscal. La iniciativa, que se presentará el 20 de julio al Congreso, responde a las necesidades por el malestar social, la herencia de la pandemia, pero sin un fuerte ataque al creciente déficit fiscal agravado por el COVID-19.

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Este proyecto, que el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, llevará al Legislativo con mensaje de urgencia, descarga la tributación sobre las empresas, sin afectar a las personas vulnerables, de bajos ingresos ni a la clase media, tampoco el IVA ni las pensiones. Es decir, no se toca el bolsillo de los colombianos, según lo anunciado. Falta ver si en el articulado se estipula un mayor pago de las personas naturales de los estratos altos.

“Esta propuesta de reforma tributaria es un paso muy importante en la línea de la consolidación fiscal que tanto necesita el país”, dijo el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía. “Probablemente no es la técnicamente deseable, pero indudablemente es la políticamente posible”, dijo.

El temor de las personas del común es que, al final de la jornada, los empresarios les pasen los impuestos a los consumidores por medio de mayores precios.

“La iniciativa resuelve problemas y dificultades de las finanzas públicas en el corto plazo, lo que apunta que en el corto plazo ya estemos pensando en una nueva reforma”, dijo Édgar Jiménez, profesor de finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Llama la atención que, de nuevo, se anuncia un plan de lucha contra la evasión y se procura meter en cintura a las personas con dineros en otros países, pero que no los han reportado a la DIAN. Mejía considera que hay espacio para fortalecer el plan antievasión y generar mayores recaudos por esta vía.

La propuesta de los tres días sin IVA en el año no fue bien recibida, pues lo que se requiere es obtener más ingresos por este impuesto. “Sobra lo de los tres días del IVA, pues resulta algo exótico en el contexto de unas necesidades fiscales tan importantes. Entiendo el énfasis de promover el consumo, pero la situación fiscal amerita los esfuerzos de generar mayores recaudos”, precisó el director de Fedesarrollo.

Precisamente, el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba, en reciente diálogo con El Espectador, dijo que el IVA es un impuesto muy importante en la estructura tributaria del país. Por solo IVA se podría recaudar cerca del 2 % adicional del PIB y con eso “resolvemos gran parte de los problemas de las finanzas públicas y de la sostenibilidad fiscal”, señaló.

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Lo cierto es que los agentes del mercado se mantienen a la expectativa por conocer los detalles cuando se revele el articulado de la propuesta, pero sobre todo cuando en agosto se conozca qué reforma sale del Congreso.

Por ahora los empresarios saludaron la propuesta, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor carga tributaria está sobre el aparato productivo. Sin embargo, no se descarta que el Gobierno decida elevar la tarifa del impuesto de renta para las personas de mayores ingresos.

Subir la tarifa de renta corporativa sin afectar la clase media da tranquilidad a los agentes del mercado financiero, pues estiman que puede ser aprobada con facilidad en el Congreso, teniendo en cuenta el año preelectoral. La preocupación hacia el futuro es que esa mayor tasa tributaria a las grandes empresas se refleje en una menor generación de empleo de calidad.

Esfuerzo empresarial

El ministro de Hacienda destacó el esfuerzo solidario de los empresarios. Casi nunca una reforma tributaria se construye teniendo en cuenta a los actores de la sociedad y escuchando a los beneficiarios de los programas sociales.

La construcción del proyecto de inversión social tiene como principal objetivo dar respuesta a las personas vulnerables y apoyo a los micro y pequeños empresarios que siguen afectados por el impacto de la crisis sanitaria. Con los $15,2 billones de recaudo el país se encamina al fortalecimiento de la institucionalidad fiscal, dando más capacidad técnica y autonomía al Consejo de la Regla Fiscal; esto da tranquilidad a los mercados internacionales y locales, precisó Restrepo.

Los gremios empresariales han apoyado el proyecto social del Gobierno “sacrificando” beneficios y comprometiéndose con un mayor aporte tributario. “Esperamos que en el Congreso los planteamientos de una propuesta simple que deja a salvo la clase media, que no grava a los pensionados ni a las personas, se respete porque ha sido consensuado en las regiones y con los partidos políticos”, pidió el presidente de Confecámaras, Julián Domínguez.

Mientras tanto, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, consideró que el sector empresarial, a pesar de los efectos del paro nacional en el aparato productivo, se une para hacer propuestas con el fin de que el país mantenga la sostenibilidad social y fiscal. “Será muy importante que este sea un proceso que salga limpio y ojalá simple. Esta no es una (reforma) tributaria de las normales”, dijo.

Por su parte, el presidente (e) de Naturgas, Andrés Sarmiento, señaló que “vemos con buenos ojos que no se aumenten impuestos a los servicios públicos, que se siga protegiendo los subsidios para las familias más necesitadas y que haya un plan concreto de austeridad en gastos públicos y control de la evasión”.

Entradas y gastos

Los $15,2 billones que el Gobierno espera obtener con el proyecto de inversión social van a salir del programa de austeridad en el gasto público por $1,9 billones, de la formalización tributaria y el fortalecimiento de la capacidad de fiscalización de la DIAN, que proyecta obtener $2,7 billones.

Entre la reducción a un 50 % del beneficio tributario que permite descontar el ICA del impuesto de renta para las empresas y el aporte solidario de las sociedades a través de un incremento en la tarifa de renta de 30 a 35 % a partir de 2022, se obtendrán los $10,6 billones restantes. Parte de esos recursos serán destinados para fortalecer los programas sociales.

Esos auxilios se distribuirán en la extensión del programa Ingreso Solidario, ampliando la cobertura a 200.000 hogares en condición de pobreza, que tendrá un costo de $8,7 billones hasta el año 2022.

Para el subsidio a la nómina (PAEF), que se amplía hasta diciembre de este año, se destinarán cerca de $1,1 billones. En el pago de la matrícula de estudiantes de instituciones de educación superior pública y alivios a las personas con obligaciones con el Icetex se estima disponer de $700.000 millones anuales, y para incentivar la generación de empleo entre los jóvenes, mujeres mayores de 40 años y población en general se van a destinar $809.000 millones para este y el siguiente año.

Con reservas fue recibida la reforma tributaria porque ofrece soluciones pasajeras a los problemas fiscales del país. Deja abierta la puerta para que el siguiente gobierno se comprometa con otro proyecto fiscal. La iniciativa, que se presentará el 20 de julio al Congreso, responde a las necesidades por el malestar social, la herencia de la pandemia, pero sin un fuerte ataque al creciente déficit fiscal agravado por el COVID-19.

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Este proyecto, que el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, llevará al Legislativo con mensaje de urgencia, descarga la tributación sobre las empresas, sin afectar a las personas vulnerables, de bajos ingresos ni a la clase media, tampoco el IVA ni las pensiones. Es decir, no se toca el bolsillo de los colombianos, según lo anunciado. Falta ver si en el articulado se estipula un mayor pago de las personas naturales de los estratos altos.

“Esta propuesta de reforma tributaria es un paso muy importante en la línea de la consolidación fiscal que tanto necesita el país”, dijo el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía. “Probablemente no es la técnicamente deseable, pero indudablemente es la políticamente posible”, dijo.

El temor de las personas del común es que, al final de la jornada, los empresarios les pasen los impuestos a los consumidores por medio de mayores precios.

“La iniciativa resuelve problemas y dificultades de las finanzas públicas en el corto plazo, lo que apunta que en el corto plazo ya estemos pensando en una nueva reforma”, dijo Édgar Jiménez, profesor de finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Llama la atención que, de nuevo, se anuncia un plan de lucha contra la evasión y se procura meter en cintura a las personas con dineros en otros países, pero que no los han reportado a la DIAN. Mejía considera que hay espacio para fortalecer el plan antievasión y generar mayores recaudos por esta vía.

La propuesta de los tres días sin IVA en el año no fue bien recibida, pues lo que se requiere es obtener más ingresos por este impuesto. “Sobra lo de los tres días del IVA, pues resulta algo exótico en el contexto de unas necesidades fiscales tan importantes. Entiendo el énfasis de promover el consumo, pero la situación fiscal amerita los esfuerzos de generar mayores recaudos”, precisó el director de Fedesarrollo.

Precisamente, el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba, en reciente diálogo con El Espectador, dijo que el IVA es un impuesto muy importante en la estructura tributaria del país. Por solo IVA se podría recaudar cerca del 2 % adicional del PIB y con eso “resolvemos gran parte de los problemas de las finanzas públicas y de la sostenibilidad fiscal”, señaló.

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Lo cierto es que los agentes del mercado se mantienen a la expectativa por conocer los detalles cuando se revele el articulado de la propuesta, pero sobre todo cuando en agosto se conozca qué reforma sale del Congreso.

Por ahora los empresarios saludaron la propuesta, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor carga tributaria está sobre el aparato productivo. Sin embargo, no se descarta que el Gobierno decida elevar la tarifa del impuesto de renta para las personas de mayores ingresos.

Subir la tarifa de renta corporativa sin afectar la clase media da tranquilidad a los agentes del mercado financiero, pues estiman que puede ser aprobada con facilidad en el Congreso, teniendo en cuenta el año preelectoral. La preocupación hacia el futuro es que esa mayor tasa tributaria a las grandes empresas se refleje en una menor generación de empleo de calidad.

Esfuerzo empresarial

El ministro de Hacienda destacó el esfuerzo solidario de los empresarios. Casi nunca una reforma tributaria se construye teniendo en cuenta a los actores de la sociedad y escuchando a los beneficiarios de los programas sociales.

La construcción del proyecto de inversión social tiene como principal objetivo dar respuesta a las personas vulnerables y apoyo a los micro y pequeños empresarios que siguen afectados por el impacto de la crisis sanitaria. Con los $15,2 billones de recaudo el país se encamina al fortalecimiento de la institucionalidad fiscal, dando más capacidad técnica y autonomía al Consejo de la Regla Fiscal; esto da tranquilidad a los mercados internacionales y locales, precisó Restrepo.

Los gremios empresariales han apoyado el proyecto social del Gobierno “sacrificando” beneficios y comprometiéndose con un mayor aporte tributario. “Esperamos que en el Congreso los planteamientos de una propuesta simple que deja a salvo la clase media, que no grava a los pensionados ni a las personas, se respete porque ha sido consensuado en las regiones y con los partidos políticos”, pidió el presidente de Confecámaras, Julián Domínguez.

Mientras tanto, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, consideró que el sector empresarial, a pesar de los efectos del paro nacional en el aparato productivo, se une para hacer propuestas con el fin de que el país mantenga la sostenibilidad social y fiscal. “Será muy importante que este sea un proceso que salga limpio y ojalá simple. Esta no es una (reforma) tributaria de las normales”, dijo.

Por su parte, el presidente (e) de Naturgas, Andrés Sarmiento, señaló que “vemos con buenos ojos que no se aumenten impuestos a los servicios públicos, que se siga protegiendo los subsidios para las familias más necesitadas y que haya un plan concreto de austeridad en gastos públicos y control de la evasión”.

Entradas y gastos

Los $15,2 billones que el Gobierno espera obtener con el proyecto de inversión social van a salir del programa de austeridad en el gasto público por $1,9 billones, de la formalización tributaria y el fortalecimiento de la capacidad de fiscalización de la DIAN, que proyecta obtener $2,7 billones.

Entre la reducción a un 50 % del beneficio tributario que permite descontar el ICA del impuesto de renta para las empresas y el aporte solidario de las sociedades a través de un incremento en la tarifa de renta de 30 a 35 % a partir de 2022, se obtendrán los $10,6 billones restantes. Parte de esos recursos serán destinados para fortalecer los programas sociales.

Esos auxilios se distribuirán en la extensión del programa Ingreso Solidario, ampliando la cobertura a 200.000 hogares en condición de pobreza, que tendrá un costo de $8,7 billones hasta el año 2022.

Para el subsidio a la nómina (PAEF), que se amplía hasta diciembre de este año, se destinarán cerca de $1,1 billones. En el pago de la matrícula de estudiantes de instituciones de educación superior pública y alivios a las personas con obligaciones con el Icetex se estima disponer de $700.000 millones anuales, y para incentivar la generación de empleo entre los jóvenes, mujeres mayores de 40 años y población en general se van a destinar $809.000 millones para este y el siguiente año.