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La Contraloría General de la República (CGR) informó que falló contra la empresa Unión de Cultivadores de Palma de Aceite en el Urabá (Urapalma S. A. en liquidación), responsable fiscal por $4.636 millones, por detrimento patrimonial causado al Banco Agrario de Colombia.
La CGR explica que los hechos se remontan a 2001, “cuando esta entidad bancaria le otorgó a Urapalma dos créditos respaldados por garantías hipotecarias que no se pudieron hacer efectivas en su momento, por resultar sobre predios cuyos supuestos dueños, socios de dicha empresa, perdieron la titularidad por incurrir en múltiples irregularidades administrativas y penales”.
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Y agrega: “Esos socios de Urupalma, que eran a su vez integrantes de su junta directiva, fueron condenados por la comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado e invasión de tierras, probándoseles, así mismo, nexos con grupos paramilitares”.
La Contraloría explica que, de acuerdo con “varias sentencias judiciales, los predios que respaldaban los créditos otorgados por el Banco Agrario fueron despojados ilegalmente a comunidades nativas del municipio de Riosucio (Chocó), de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, desplazadas primero por grupos paramilitares”.
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El ente de control señala que, en total, se le desembolsaron a Urapalma $ 4.770.976.220, créditos que tenían por objeto la siembra y sostenimiento de 750 hectáreas de palma de aceite en predios de la vereda Caño Claro.
“Habiéndose efectuado los desembolsos y en plena ejecución el proyecto, la Defensoría del Pueblo expidió la Resolución Defensorial N° 39 del 2 de junio de 2005, en la que solicitó a las entidades financieras abstenerse de otorgar créditos para el desarrollo de proyectos agropecuarios en algunas zonas del Departamento del Chocó y, en consecuencia, el Banco Agrario se abstuvo de seguir efectuando desembolsos por los créditos otorgados a Urapalma, empresa que dejó de pagar dicho crédito”.
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Luego, entre 2007 y 2008, el banco “constató las dificultades por las que atravesaba el proyecto. Y el 22 de diciembre del 2011, frente al requerimiento realizado por el Banco Agrario para hacer efectivos los amparos de los créditos entregados, en el caso de las garantías FAG (Fondo Agropecuario de Garantías), el secretario general de Finagro informó que no procedía el pago porque perdieron su validez, debido a la inexistencia de un proyecto productivo técnica, financiera y ambientalmente viable al momento de concederle el crédito, por suministro de información inexacta y por existir irregularidades de carácter penal relacionadas con la tenencia de la tierra”.
Por otro lado, debido a que las medidas de embargo solicitadas para satisfacer el pago de las obligaciones no fueron inscritas ya que varios de los predios tenían el folio de matrícula cerrado por orden de la Fiscalía General de la Nación (por conductas relacionadas con desplazamiento forzado, paramilitarismo y falsedades registrales), la garantías inmobiliarias tampoco se pudieron hacer efectivas.
Todo esto llevó a la pérdida de recursos públicos.
La decisión se adoptó por medio del Auto 0611 del 19 de noviembre de 2020, que resolvió un recurso de apelación. Este “confirmó en todas sus partes el fallo con responsabilidad fiscal de primera instancia del 25 de junio de 2020″.
Se demostró, según la CGR, que la firma Urapalma “contribuyó directamente en la causación del daño fiscal, puesto que las garantías que tal empresa constituyó en favor del Banco Agrario de Colombia, para amparar los créditos otorgados, no se pudieron hacer efectivas”.