“Vaya contradicción”: CCI respondió a declaraciones de Petro sobre las 4G
Juan Martín Caicedo, presidente del gremio de infraestructura, cuestionó que el Gobierno pretenda licitar proyectos férreos por $30 billones, mientras el presidente Gustavo Petro advierte que va a “irrespetar los contratos”.
El jueves, desde Sucre, el presidente Gustavo Petro aseguró que se debe “reformar” el sistema de vigencias futuras con el fin de liberar recursos para invertir en infraestructura social. “Esto es pelear con el poder económico de Colombia. Se retrasan las vigencias futuras de las 4G y los túneles de carreteras y se pone por delante la construcción de universidades y agua potable”.
También: “No buscamos acabar las concesiones”: Mintransporte explica qué pasa en el sector
Dirigiéndose al director de Planeación Nacional, Alexander López, Petro dijo que se pondrá al agua potable por la “puerta de adelante” y “las 4G y los túneles en la puerta de atrás”.
Este viernes, Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), se refirió a esas declaraciones.
El presidente del gremio de infraestructura recordó que la ejecución de acueductos y plantas de tratamiento de aguas residuales están a cargo del Ministerio de Vivienda y aseguró que esa entidad tiene unos índices de ejecución poco alentadores: “en 2023 esa cartera ejecutó un lánguido 8,6 % de su presupuesto de inversión. Pero más preocupante es el hecho de que el programa del ya referido Minvivienda, encargado del acceso a servicios de agua potable y manejo de aguas residuales a nivel nacional, haya ejecutado tan solo un 1,2 % de su presupuesto en la vigencia 2023″.
Según Caicedo, las 4G han dado frutos en materia de empleo y competitividad. Nuevamente, el gremio puso sobre la mesa que el Estado no tiene capacidad financiera ni de ejecución para “subvalorar de la noche a la mañana” las concesiones.
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La inversión en el modo férreo, por el que promete apostar Petro, sumará cerca de $30 billones entre 2022 y 2026, el monto se concentra en tres iniciativas que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) promete adjudicar antes de que se acabe el mandato de Petro.
Frente al plan del Gobierno y a la luz de las recientes declaraciones, Caicedo cuestionó que se espere licitar $30 billones en ferrocarriles, “si de entrada” el presidente está advirtiendo que no respetará los contratos. “Vaya contradicción”, afirmó.
En contexto: Este es el plan del Gobierno Petro para revivir los trenes en Colombia
Desde la polémica por el decreto de liquidación del presupuesto, los funcionarios del Gobierno han hablado sobre la posibilidad de cambiar las vigencias futuras. El primero fue el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien aseguró que hay que examinar los recursos previstos, teniendo en cuenta los niveles de retraso de las obras.
Durante estas semanas, la CCI ha advertido que cambiar las vigencias futuras se traduce en desfinanciar los proyectos e incumplir los contratos. La propuesta también ha generado críticas entre sectores políticos y académicos.
Lea: Este es el avance de las concesiones 4G en Colombia
En entrevista con este diario, María Constanza García, viceministra de Infraestructura, afirmó que no se iban a incumplir los contratos, sino que el Gobierno buscaría renegociar las vigencias futuras, poniendo de ejemplo proyectos como Mulaló-Loboguerrero que tienen una ejecución del 0 % y $1,7 billones guardados en fiducias. Sin embargo, el presidente Petro dijo desde Sucre que esta es una “gran pelea” que se dará, dejando en duda, nuevamente, si su propuesta es renegociar.
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El jueves, desde Sucre, el presidente Gustavo Petro aseguró que se debe “reformar” el sistema de vigencias futuras con el fin de liberar recursos para invertir en infraestructura social. “Esto es pelear con el poder económico de Colombia. Se retrasan las vigencias futuras de las 4G y los túneles de carreteras y se pone por delante la construcción de universidades y agua potable”.
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Según Caicedo, las 4G han dado frutos en materia de empleo y competitividad. Nuevamente, el gremio puso sobre la mesa que el Estado no tiene capacidad financiera ni de ejecución para “subvalorar de la noche a la mañana” las concesiones.
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