Venta de SOAT aumentó 32% entre el 15 de diciembre y el 31 de enero: minTransporte
El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dio a conocer las cifras del Seguro Obligatorio de Accidentes tras las medidas adoptadas por el Gobierno. Además, se refirió a la captura de once personas que se dedicaban a simular accidentes de tránsito para defraudar al sistema.
Tras la captura de once personas que hacían parte de una banda dedicada a simular accidentes de tránsito para defraudar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), Guillermo Reyes, ministro de Transporte, dio un balance de la operación del seguro tras las medidas adoptadas en diciembre de 2022.
Según Reyes, esta y otras modalidades de fraude llevaron al Gobierno, con apoyo de Fasecolda, Ministerio de Salud y la Superfinanciera, a replantear el esquema tarifario y la prestación del servicio. “Esto nos ha llevado a crear una propuesta de reforma en el Plan Nacional de Desarrollo para tener una regulación más sólida y rigurosa”.
Lea: Así operaba la banda que simulaba accidentes de tránsito, para defraudar al SOAT
Entre el 15 de diciembre y el 31 de enero, se han expedido más 1.876.000 pólizas, las ventas han incrementado 32 %, la evasión ha bajado 6,18 % y se han impuesto 39.499 comparendos por no portar el SOAT.
“Este es el resultado de la tarea que estamos haciendo en todo el territorio nacional. No habrá un solo municipio en el que motociclistas, conductores de vehículos particulares y públicos no porten el SOAT”, afirmó Reyes.
De acuerdo con el último reporte de Fasecolda, 2022 fue un año crítico para el SOAT. “El deterioro en los resultados de este ramo no tiene precedentes. Así, pasó de tener un resultado negativo de $192,8 mil millones en 2021, a uno de -$402,8 miles de millones al cierre de 2022″.
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La investigación
La Policía, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, en coordinación con la Fiscalía General, capturó a nueve miembros de empresas prestadoras de servicios de salud y a dos funcionarios públicos en Pereira, Dosquebradas y La Virginia (Risaralda).
En la investigación se estableció que ocho personas (entre ellos los representantes legales de cuatro empresas prestadoras del servicio de ambulancias, un médico accionista de una clínica, un guarda de seguridad, un conductor de ambulancia y dos funcionarios públicos) realizaron fraudes al SOAT entre 2019 y 2021.
Según informó la Policía, “a través de anuncios en redes sociales, entrega de tarjetas y volantes en la ciudad de Pereira, particulares ofrecían remuneraciones económicas a quienes participaran del fraude, haciendo pasar como supuestos accidentes de tránsito situaciones como caídas en el hogar, lesiones deportivas, enfermedades generales, accidentes laborales, entre otros”.
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La organización realizaba pagos a las empresas de ambulancias por los traslados de pacientes a centros asistenciales por valores entre $276.000 y $300.000 por persona. También desembolsaron dinero a clínicas prestadoras de salud, por montos de entre $109.000 y $58 millones por asistencia médica.
En algunos casos, empleados de las empresas prestadoras de emergencias alquilaban los SOAT de sus vehículos para el fraude. La Fiscalía imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, cohecho propio, cohecho impropio y tráfico de influencias de servidor público.
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Tras la captura de once personas que hacían parte de una banda dedicada a simular accidentes de tránsito para defraudar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), Guillermo Reyes, ministro de Transporte, dio un balance de la operación del seguro tras las medidas adoptadas en diciembre de 2022.
Según Reyes, esta y otras modalidades de fraude llevaron al Gobierno, con apoyo de Fasecolda, Ministerio de Salud y la Superfinanciera, a replantear el esquema tarifario y la prestación del servicio. “Esto nos ha llevado a crear una propuesta de reforma en el Plan Nacional de Desarrollo para tener una regulación más sólida y rigurosa”.
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Entre el 15 de diciembre y el 31 de enero, se han expedido más 1.876.000 pólizas, las ventas han incrementado 32 %, la evasión ha bajado 6,18 % y se han impuesto 39.499 comparendos por no portar el SOAT.
“Este es el resultado de la tarea que estamos haciendo en todo el territorio nacional. No habrá un solo municipio en el que motociclistas, conductores de vehículos particulares y públicos no porten el SOAT”, afirmó Reyes.
De acuerdo con el último reporte de Fasecolda, 2022 fue un año crítico para el SOAT. “El deterioro en los resultados de este ramo no tiene precedentes. Así, pasó de tener un resultado negativo de $192,8 mil millones en 2021, a uno de -$402,8 miles de millones al cierre de 2022″.
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La investigación
La Policía, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, en coordinación con la Fiscalía General, capturó a nueve miembros de empresas prestadoras de servicios de salud y a dos funcionarios públicos en Pereira, Dosquebradas y La Virginia (Risaralda).
En la investigación se estableció que ocho personas (entre ellos los representantes legales de cuatro empresas prestadoras del servicio de ambulancias, un médico accionista de una clínica, un guarda de seguridad, un conductor de ambulancia y dos funcionarios públicos) realizaron fraudes al SOAT entre 2019 y 2021.
Según informó la Policía, “a través de anuncios en redes sociales, entrega de tarjetas y volantes en la ciudad de Pereira, particulares ofrecían remuneraciones económicas a quienes participaran del fraude, haciendo pasar como supuestos accidentes de tránsito situaciones como caídas en el hogar, lesiones deportivas, enfermedades generales, accidentes laborales, entre otros”.
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La organización realizaba pagos a las empresas de ambulancias por los traslados de pacientes a centros asistenciales por valores entre $276.000 y $300.000 por persona. También desembolsaron dinero a clínicas prestadoras de salud, por montos de entre $109.000 y $58 millones por asistencia médica.
En algunos casos, empleados de las empresas prestadoras de emergencias alquilaban los SOAT de sus vehículos para el fraude. La Fiscalía imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, cohecho propio, cohecho impropio y tráfico de influencias de servidor público.
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