¿Y si no hay reforma tributaria? Estas son algunas de las opciones para obtener recursos

Una vez presentado el relevo en el Ministerio de Hacienda que se concretó con la renuncia de Alberto Carrasquilla y la llegada de José Manuel Restrepo, antes ministro de Comercio, Industria y Turismo, hay que seguir en la tarea de enderezar la carga tributaria del país. Haber retirado el proyecto de reforma, como bien se ha visto, no ha servido para apaciguar el descontento social.

El país sigue enfrentado la necesidad de conseguir recursos para atender los gastos generados por la pandemia del COVID-19, sin que se despeje el camino para que un proyecto de reforma fiscal llegue al Congreso con posibilidad de éxito.

Pese a que en las primeras declaraciones el ministro Restrepo ha dado muestras de conciliador, el ambiente político sigue enrarecido. Richard Francis, director sénior de Fitch Ratings, indicó que “estamos esperando ver el nuevo plan sobre la estrategia de consolidación fiscal en el futuro. Siempre supimos que cualquier reforma iba a ser difícil y queríamos ver el resultado final del Congreso".

La antesala de un año electoral y las dificultades económicas de los colombianos no representan un buen momento para nuevas cargas tributarias. “El nuevo programa fiscal del Gobierno no debe aspirar a lo perfecto, sino a lo factible dentro de las circunstancias que vivimos”, opina el exministro Juan Camilo Restrepo.

De cerrarse el camino legislativo para el nuevo proyecto que debe llevar al Congreso el nuevo ministro de Hacienda, el Gobierno tiene pocas opciones: vender activos, contratar deuda o pedirle un salvavidas al Banco de la República.

“Se ha planteado vender activos, pero esto se puede hacer mejor siempre y cuando se esté en una buena posición de negociación. Si se venden activos y la contraparte sabe que hay necesidad de ello, seguramente la venta no será óptima y no se recaudará lo deseado. Importante tener en cuenta que esto genera ingresos una sola vez y no permanentes”, destaca Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria.

Lo cierto es que ya no es una reforma ambiciosa con un recaudo de $23,4 billones, sino que apenas será de $14 billones. El IVA y el impuesto de renta no se tocarán, anticipó el ministro Restrepo. “La reforma debe aspirar a recoger anualmente 1 punto del PIB para fortalecer el saneamiento fiscal y medio punto del PIB para financiar la puesta en marcha de los programas sociales, que son los más apremiantes”, dijo el nuevo titular de la cartera de Hacienda.

Carolina Monzón, gerente de análisis económico de Itaú Colombia, piensa que, ante la firme oposición a aumentar la presión fiscal sobre las personas físicas (que habría generado la mayor parte de los ingresos según el plan fiscal propuesto), “el Gobierno se queda con opciones limitadas y corre el riesgo de perjudicar el crecimiento”.

Por su parte, Juan Camilo Restrepo considera que “está bien más diálogo, que fue lo que le faltó a la reforma Carrasquilla, pero ese diálogo debe tener fecha para concluir e implementar rápidamente la nueva reforma tributaria, antes de que prospere la percepción internacional de que Colombia ha perdido gobernabilidad financiera”.

Situación de mucha complejidad

José Antonio Ocampo, excodirector del Banco de la República y uno de los principales economistas del país, recuerda que “la situación fiscal de Colombia es muy compleja: tiene el nivel de deuda pública del Gobierno nacional más alto de la historia (en torno al 65 %del PIB) y un déficit proyectado de 8,6 % del PIB en 2021, después de uno de 7,8 % el año pasado. Es lógico, por supuesto, que los niveles del déficit sean elevados en la peor coyuntura económica de la historia del país y una de las peores a nivel mundial, como lo ha anotado el propio Fondo Monetario Internacional”.

Estima que una de las implicaciones más importantes es que, para soportar el déficit, el Gobierno debe tener buen acceso al financiamiento, tanto interno como externo. “Los inversionistas privados internacionales son críticos para ello, tanto por su alta participación en el mercado interno de TES, como por la demanda de ellos de nuevos bonos que el Gobierno emita en el mercado internacional. Por eso, aunque no comparto los criterios que utilizan, las calificadoras juegan un papel fundamental. Perder el grado de inversión con ellas tendría costos de largo plazo”.

El panorama social y económico que dibuja Ocampo es ciertamente preocupante. Explica que el gasto social tiene que elevarse para diseñar ayudas a los pobres y vulnerables, dar apoyo al empleo para enfrentar la disparada de pobreza y desigualdad como resultado de la pandemia. “Hay que combinar austeridad en otro tipo de gastos (en particular, suspender la compra de aviones militares) con un aumento en los niveles de tributación. Esto último responde, por lo demás, al hecho de que el país tiene recaudos tributarios relativamente bajos (19,3 % del PIB vs. un promedio de la OCDE de 33,8 %). Para evitar efectos sociales adversos, el aumento debe concentrarse en eliminar beneficios tributarios en el impuesto de renta de empresas y personas naturales de altos ingresos, incluyendo la eliminación de los que se introdujeron en la última reforma tributaria, en un impuesto al patrimonio progresivo para personas naturales, y quizás en algunos impuestos de emergencia que graven estos mismos sectores”, propone el excodirector.

Los ojos internacionales sobre Colombia

Analistas internacionales le siguen de cerca el rastro a la propuesta tributaria. Mientras tanto, los expertos locales empiezan a preocuparse por el ambiente adverso en el Congreso.

“La incertidumbre de este momento aleja la inversión extranjera, frente a lo cual es necesario encaminar la economía y estabilizar la situación con políticas claras, para que los capitales internacionales sigan viendo a Colombia como un mercado estratégico”, sostiene, Edward Moya, analista de mercados en Oanda.

Para Monzón, las autoridades tendrán que decidir entre gravar más el capital y los beneficios de las empresas, hacer recortes más bruscos del gasto en un momento en que el apoyo fiscal sigue siendo vital para la recuperación “o enfrentarse a la reacción del mercado ante la percepción de que el deterioro fiscal es irremediable”.

Si hay un tropiezo en el Congreso con el nuevo proyecto que prepara al Gobierno, le quedan pocos caminos. Según Alejandro Escobar, gerente de la firma Sectorial, el Ejecutivo “tendría que acelerar el proceso de la venta de ISA, posiblemente se analice privatizar en una mayor proporción a Ecopetrol y se puede analizar si desde el Banco de la República se le genera un préstamo al Gobierno”.

Pero si definitivamente no hay reforma fiscal, “creemos que las finanzas públicas se pueden complicar y se debería proceder con ajustes al gasto. Sería necesario disminuir el presupuesto general de la nación de una manera importante, entendiendo que, por ley, en promedio el 85 % de ese presupuesto es inflexible”, remarca Olarte.

Una vez presentado el relevo en el Ministerio de Hacienda que se concretó con la renuncia de Alberto Carrasquilla y la llegada de José Manuel Restrepo, antes ministro de Comercio, Industria y Turismo, hay que seguir en la tarea de enderezar la carga tributaria del país. Haber retirado el proyecto de reforma, como bien se ha visto, no ha servido para apaciguar el descontento social.

El país sigue enfrentado la necesidad de conseguir recursos para atender los gastos generados por la pandemia del COVID-19, sin que se despeje el camino para que un proyecto de reforma fiscal llegue al Congreso con posibilidad de éxito.

Pese a que en las primeras declaraciones el ministro Restrepo ha dado muestras de conciliador, el ambiente político sigue enrarecido. Richard Francis, director sénior de Fitch Ratings, indicó que “estamos esperando ver el nuevo plan sobre la estrategia de consolidación fiscal en el futuro. Siempre supimos que cualquier reforma iba a ser difícil y queríamos ver el resultado final del Congreso".

La antesala de un año electoral y las dificultades económicas de los colombianos no representan un buen momento para nuevas cargas tributarias. “El nuevo programa fiscal del Gobierno no debe aspirar a lo perfecto, sino a lo factible dentro de las circunstancias que vivimos”, opina el exministro Juan Camilo Restrepo.

De cerrarse el camino legislativo para el nuevo proyecto que debe llevar al Congreso el nuevo ministro de Hacienda, el Gobierno tiene pocas opciones: vender activos, contratar deuda o pedirle un salvavidas al Banco de la República.

“Se ha planteado vender activos, pero esto se puede hacer mejor siempre y cuando se esté en una buena posición de negociación. Si se venden activos y la contraparte sabe que hay necesidad de ello, seguramente la venta no será óptima y no se recaudará lo deseado. Importante tener en cuenta que esto genera ingresos una sola vez y no permanentes”, destaca Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria.

Lo cierto es que ya no es una reforma ambiciosa con un recaudo de $23,4 billones, sino que apenas será de $14 billones. El IVA y el impuesto de renta no se tocarán, anticipó el ministro Restrepo. “La reforma debe aspirar a recoger anualmente 1 punto del PIB para fortalecer el saneamiento fiscal y medio punto del PIB para financiar la puesta en marcha de los programas sociales, que son los más apremiantes”, dijo el nuevo titular de la cartera de Hacienda.

Carolina Monzón, gerente de análisis económico de Itaú Colombia, piensa que, ante la firme oposición a aumentar la presión fiscal sobre las personas físicas (que habría generado la mayor parte de los ingresos según el plan fiscal propuesto), “el Gobierno se queda con opciones limitadas y corre el riesgo de perjudicar el crecimiento”.

Por su parte, Juan Camilo Restrepo considera que “está bien más diálogo, que fue lo que le faltó a la reforma Carrasquilla, pero ese diálogo debe tener fecha para concluir e implementar rápidamente la nueva reforma tributaria, antes de que prospere la percepción internacional de que Colombia ha perdido gobernabilidad financiera”.

Situación de mucha complejidad

José Antonio Ocampo, excodirector del Banco de la República y uno de los principales economistas del país, recuerda que “la situación fiscal de Colombia es muy compleja: tiene el nivel de deuda pública del Gobierno nacional más alto de la historia (en torno al 65 %del PIB) y un déficit proyectado de 8,6 % del PIB en 2021, después de uno de 7,8 % el año pasado. Es lógico, por supuesto, que los niveles del déficit sean elevados en la peor coyuntura económica de la historia del país y una de las peores a nivel mundial, como lo ha anotado el propio Fondo Monetario Internacional”.

Estima que una de las implicaciones más importantes es que, para soportar el déficit, el Gobierno debe tener buen acceso al financiamiento, tanto interno como externo. “Los inversionistas privados internacionales son críticos para ello, tanto por su alta participación en el mercado interno de TES, como por la demanda de ellos de nuevos bonos que el Gobierno emita en el mercado internacional. Por eso, aunque no comparto los criterios que utilizan, las calificadoras juegan un papel fundamental. Perder el grado de inversión con ellas tendría costos de largo plazo”.

El panorama social y económico que dibuja Ocampo es ciertamente preocupante. Explica que el gasto social tiene que elevarse para diseñar ayudas a los pobres y vulnerables, dar apoyo al empleo para enfrentar la disparada de pobreza y desigualdad como resultado de la pandemia. “Hay que combinar austeridad en otro tipo de gastos (en particular, suspender la compra de aviones militares) con un aumento en los niveles de tributación. Esto último responde, por lo demás, al hecho de que el país tiene recaudos tributarios relativamente bajos (19,3 % del PIB vs. un promedio de la OCDE de 33,8 %). Para evitar efectos sociales adversos, el aumento debe concentrarse en eliminar beneficios tributarios en el impuesto de renta de empresas y personas naturales de altos ingresos, incluyendo la eliminación de los que se introdujeron en la última reforma tributaria, en un impuesto al patrimonio progresivo para personas naturales, y quizás en algunos impuestos de emergencia que graven estos mismos sectores”, propone el excodirector.

Los ojos internacionales sobre Colombia

Analistas internacionales le siguen de cerca el rastro a la propuesta tributaria. Mientras tanto, los expertos locales empiezan a preocuparse por el ambiente adverso en el Congreso.

“La incertidumbre de este momento aleja la inversión extranjera, frente a lo cual es necesario encaminar la economía y estabilizar la situación con políticas claras, para que los capitales internacionales sigan viendo a Colombia como un mercado estratégico”, sostiene, Edward Moya, analista de mercados en Oanda.

Para Monzón, las autoridades tendrán que decidir entre gravar más el capital y los beneficios de las empresas, hacer recortes más bruscos del gasto en un momento en que el apoyo fiscal sigue siendo vital para la recuperación “o enfrentarse a la reacción del mercado ante la percepción de que el deterioro fiscal es irremediable”.

Si hay un tropiezo en el Congreso con el nuevo proyecto que prepara al Gobierno, le quedan pocos caminos. Según Alejandro Escobar, gerente de la firma Sectorial, el Ejecutivo “tendría que acelerar el proceso de la venta de ISA, posiblemente se analice privatizar en una mayor proporción a Ecopetrol y se puede analizar si desde el Banco de la República se le genera un préstamo al Gobierno”.

Pero si definitivamente no hay reforma fiscal, “creemos que las finanzas públicas se pueden complicar y se debería proceder con ajustes al gasto. Sería necesario disminuir el presupuesto general de la nación de una manera importante, entendiendo que, por ley, en promedio el 85 % de ese presupuesto es inflexible”, remarca Olarte.