“Acato la decisión, pero interpondré recursos judiciales”: Ismael Peña, sobre U. Nacional
Ismael Peña, quien había sido designado como rector de la Universidad Nacional, se pronunció sobre la decisión del Consejo Superior Universitario de designar a Leopoldo Múnera como nuevo rector. Dice que es una violación a la autonomía universitaria.
Luego de que el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional decidiera, tras una reunión extraordinaria, que el nuevo rector de esa institución sería Leopoldo Múnera, Ismael Peña, quien se venía desempeñando en ese cargo, se pronunció, manifestando su desacuerdo.
Según un comunicado que publicó Peña, él acatará la decisión del CSU y hará entrega de su cargo al rector designado, pero interpondrá los “recursos judiciales, penales y disciplinarios a los que haya lugar”.
A su parecer, se trató de una “designación atípica e irregular” que “constituye la más grave violación a la autonomía universitaria de la que se tenga noticia en nuestra historia republicana”.
Además, dice Peña, la decisión del CSU es una “violación de los principios fundamentales del Estado de Derecho” y es una “presunta configuración de varios delitos y faltas disciplinarias”.
“Hoy, en contravía de los reiterados llamados de la Procuraduría General de la Nación; de las decisiones del Consejo de Estado, ante quienes se ha demandado la nulidad de la elección y, en ningún caso, ha considerado oportuno o urgente la solicitud de suspenderme o dejar sin efectos la decisión del CSU de elegirme rector; y pese al amparo de un fallo de tutela que ordenó al Ministerio de Educación respetar el debido proceso y la presunción de legalidad de la actuación del CSU al designarme rector, por invitación del viceministro de Educación, las configuradas mayorías de este cuerpo colegiado han decidido (...) dejar sin efectos la designación de rector del 21 de marzo”, se lee en el comunicado emitido por Ismael Peña.
Este es el comunicado completo, emitido por Peña:
Una controversial reunión
La reunión que el CSU llevó a cabo este 6 de junio ha generado un gran debate en la comunidad educativa, que no se esperaba que esta historia tuviera un giro de 180 grados.
Fue el viceministro de Educación, Alejandro Álvarez, quien sorprendió a todos esta mañana al presentar una resolución que modificaría las reglas del juego en la designación del rector de la U. Nacional. Álvarez sugirió que se hiciera una nueva votación entre Leopoldo Múnera, Raúl Sastre, Juan Pablo Duque, Germán Albeiro Castaño y José Ismael Peña, quienes fueron los candidatos a la rectoría que tuvieron mayor votación en la consulta realizada a la comunidad universitaria.
Su idea no tuvo eco en algunos de los representantes del CSU, conformado, además de Álvarez, por Ignacio Mantilla, representante de los exrectores; Diego Torres, representante de los profesores, y Verónica Botero, representante del Consejo Académico; María Alejandra Rojas y Danna Garzón, delegadas del Gobierno; Laura Quevedo, representante estudiantil; y Víctor Moncayo, delegado del CESU.
De hecho, Mantilla, Torres y Botero se pararon de la mesa y decidieron abandonar la sesión, pues para ellos, llevar a cabo la votación implica el “potencial riesgo de que nuestra conducta se pueda adecuar a faltas disciplinarias y tipificar presuntos delitos como prevaricato y fraude a resolución judicial, así como desacatar las decisiones constitucionales en firme”.
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Luego de que el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional decidiera, tras una reunión extraordinaria, que el nuevo rector de esa institución sería Leopoldo Múnera, Ismael Peña, quien se venía desempeñando en ese cargo, se pronunció, manifestando su desacuerdo.
Según un comunicado que publicó Peña, él acatará la decisión del CSU y hará entrega de su cargo al rector designado, pero interpondrá los “recursos judiciales, penales y disciplinarios a los que haya lugar”.
A su parecer, se trató de una “designación atípica e irregular” que “constituye la más grave violación a la autonomía universitaria de la que se tenga noticia en nuestra historia republicana”.
Además, dice Peña, la decisión del CSU es una “violación de los principios fundamentales del Estado de Derecho” y es una “presunta configuración de varios delitos y faltas disciplinarias”.
“Hoy, en contravía de los reiterados llamados de la Procuraduría General de la Nación; de las decisiones del Consejo de Estado, ante quienes se ha demandado la nulidad de la elección y, en ningún caso, ha considerado oportuno o urgente la solicitud de suspenderme o dejar sin efectos la decisión del CSU de elegirme rector; y pese al amparo de un fallo de tutela que ordenó al Ministerio de Educación respetar el debido proceso y la presunción de legalidad de la actuación del CSU al designarme rector, por invitación del viceministro de Educación, las configuradas mayorías de este cuerpo colegiado han decidido (...) dejar sin efectos la designación de rector del 21 de marzo”, se lee en el comunicado emitido por Ismael Peña.
Este es el comunicado completo, emitido por Peña:
Una controversial reunión
La reunión que el CSU llevó a cabo este 6 de junio ha generado un gran debate en la comunidad educativa, que no se esperaba que esta historia tuviera un giro de 180 grados.
Fue el viceministro de Educación, Alejandro Álvarez, quien sorprendió a todos esta mañana al presentar una resolución que modificaría las reglas del juego en la designación del rector de la U. Nacional. Álvarez sugirió que se hiciera una nueva votación entre Leopoldo Múnera, Raúl Sastre, Juan Pablo Duque, Germán Albeiro Castaño y José Ismael Peña, quienes fueron los candidatos a la rectoría que tuvieron mayor votación en la consulta realizada a la comunidad universitaria.
Su idea no tuvo eco en algunos de los representantes del CSU, conformado, además de Álvarez, por Ignacio Mantilla, representante de los exrectores; Diego Torres, representante de los profesores, y Verónica Botero, representante del Consejo Académico; María Alejandra Rojas y Danna Garzón, delegadas del Gobierno; Laura Quevedo, representante estudiantil; y Víctor Moncayo, delegado del CESU.
De hecho, Mantilla, Torres y Botero se pararon de la mesa y decidieron abandonar la sesión, pues para ellos, llevar a cabo la votación implica el “potencial riesgo de que nuestra conducta se pueda adecuar a faltas disciplinarias y tipificar presuntos delitos como prevaricato y fraude a resolución judicial, así como desacatar las decisiones constitucionales en firme”.
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