Acuerdo histórico entre estudiantes, profesores y Gobierno
El principal punto es el aumento de $4,5 billones para el presupuesto de la educación superior entre 2019 y 2022. De estos recursos, $1,34 billones se destinarán a la base presupuestal de las instituciones públicas de educación superior.
Juan Miguel Hernández Bonilla
Después de dos meses de paro nacional universitario, 13 movilizaciones multitudinarias y 16 sesiones de discusión en la mesa de diálogo, los estudiantes, los profesores y el Gobierno Nacional han llegado por fin a un acuerdo histórico que mejorará las condiciones financieras de las 61 instituciones públicas de educación superior (IES) del país.
“Gracias a los esfuerzos conjuntos entre el Gobierno y las comunidades educativas de las diferentes IES, hemos llegado a un acuerdo que ayude a resolver la situación actual de la educación superior pública, buscando propuestas reales y sostenibles”, afirmó el Ministerio de Educación en un comunicado conjunto con la Presidencia de la República.
El principal punto de este acuerdo, que se firmó en la mañana de ayer en el palacio de Nariño, es el aumento de $4,5 billones para el presupuesto de la educación superior en el cuatrienio 2019/2022. De estos recursos, $1,34 billones se destinarán a la base de las Instituciones públicas de educación superior. Este dinero, que antes crecía solo con la inflación, comenzará a aumentar exponencialmente de la siguiente forma: en 2019 se hará un incremento del IPC + 3,5 %; para 2020, + 4 %; para 2021, + 4,5 %, y para 2022 + 4,65 %.
Los participantes de la mesa de diálogo agradecieron de forma explícita el trabajo conjunto de los gobernadores y del Congreso, que permitió destinar $1,5 billones en recursos procedentes del recaudo de las regalías. El propósito de este dinero será mejorar la infraestructura, los planes de bienestar y la capacidad investigativa de las instituciones públicas de educación superior del país.
A estos recursos de la base presupuestal y de regalías se suma una inversión del PGN total de 1,35 billones para los cuatro años que, según el Gobierno, contempla el pago de pasivos e inversión en bienestar estudiantil, dotaciones, formación docente de alto nivel y fortalecimiento institucional.
De acuerdo con lo establecido en la última acta oficial de la mesa de diálogo, las universidades públicas y las instituciones técnicas y tecnológicas recibirán más de $300.000 millones de los excedentes del sector cooperativo.
“Después de dos meses de movilización estudiantil y profesoral hemos logrado un acuerdo histórico que ayudará a mejorar las condiciones financieras de las instituciones de educación superior pública del país”, afirmó Álex Flores, uno de los líderes de los estudiantes en la mesa de diálogo con el Gobierno Nacional al salir de la Casa de Nariño.
Otro de los puntos importantes del acuerdo es una reforma integral del lcetex para que garantice “en forma idónea y eficaz el derecho a la educación de los colombianos”. Se espera que después del acuerdo se transformen la gobernanza, la estructura y las características del portafolio de servicios de la entidad. Para lograr este propósito, los profesores y los lideres estudiantiles participarán en una mesa de trabajo especial que será creada por la Comisión VI de Senado.
Además, con el objetivo de avanzar hacia una transformación estructural de la educación superior, el Gobierno Nacional trabajará de la mano de la Mesa de Diálogo y aceptó revisar las fuentes de financiación de las universidades públicas y discutir las posibles reformas de los artículos 86 y 87 de la Ley 30.
“La conclusión de este proceso es que luchar si sirve. Hemos conseguido una parte importante de los recursos necesarios para que nuestras universidades públicas sigan funcionando y estamos avanzando en las reformas estructurales que permitan que en Colombia la educación superior pública sea un derecho y no un privilegio”, afirmó Jeniffer Pedraza, representante de la Universidad Nacional y vocera de la Acrees.
Sin embargo, a pesar del acuerdo, los estudiantes de la Unees han hecho énfasis en que el levantamiento del paro depende de la decisión que tomen las asambleas internas de cada universidad. “Hay que dejar algo muy claro, queremos salvar el segundo semestre de 2018, pero solo las asambleas de cada universidad tienen la potestad de decidir cómo y cuándo se levanta el cese de actividades académicas. Nuestra función como voceros es llevar el acuerdo a los espacios de deliberación para que entre todos los estudiantes definamos cuál será la hoja de ruta del próximo año”, dijo Santiago Gómez, representante de la Unees.
Gómez, además, reveló que la mesa de diálogo le había pedido al presidente Iván Duque un pronunciamiento oficial frente al caso de Esteban Mosquera, el estudiante de música de la Universidad del Cauca que perdió su ojo izquierdo por el impacto de una aturdidora del Esmad. “Necesitamos garantías para la movilización social. El alto consejero para los Derechos Humanos de la Presidencia se comprometió públicamente con nosotros a crear una comisión específica para hacer seguimiento a la violación de los derechos humanos durante las marchas. Rechazamos la represión del Esmad a las movilizaciones pacíficas artísticas y creativas”, concluyó Gómez.
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Después de dos meses de paro nacional universitario, 13 movilizaciones multitudinarias y 16 sesiones de discusión en la mesa de diálogo, los estudiantes, los profesores y el Gobierno Nacional han llegado por fin a un acuerdo histórico que mejorará las condiciones financieras de las 61 instituciones públicas de educación superior (IES) del país.
“Gracias a los esfuerzos conjuntos entre el Gobierno y las comunidades educativas de las diferentes IES, hemos llegado a un acuerdo que ayude a resolver la situación actual de la educación superior pública, buscando propuestas reales y sostenibles”, afirmó el Ministerio de Educación en un comunicado conjunto con la Presidencia de la República.
El principal punto de este acuerdo, que se firmó en la mañana de ayer en el palacio de Nariño, es el aumento de $4,5 billones para el presupuesto de la educación superior en el cuatrienio 2019/2022. De estos recursos, $1,34 billones se destinarán a la base de las Instituciones públicas de educación superior. Este dinero, que antes crecía solo con la inflación, comenzará a aumentar exponencialmente de la siguiente forma: en 2019 se hará un incremento del IPC + 3,5 %; para 2020, + 4 %; para 2021, + 4,5 %, y para 2022 + 4,65 %.
Los participantes de la mesa de diálogo agradecieron de forma explícita el trabajo conjunto de los gobernadores y del Congreso, que permitió destinar $1,5 billones en recursos procedentes del recaudo de las regalías. El propósito de este dinero será mejorar la infraestructura, los planes de bienestar y la capacidad investigativa de las instituciones públicas de educación superior del país.
A estos recursos de la base presupuestal y de regalías se suma una inversión del PGN total de 1,35 billones para los cuatro años que, según el Gobierno, contempla el pago de pasivos e inversión en bienestar estudiantil, dotaciones, formación docente de alto nivel y fortalecimiento institucional.
De acuerdo con lo establecido en la última acta oficial de la mesa de diálogo, las universidades públicas y las instituciones técnicas y tecnológicas recibirán más de $300.000 millones de los excedentes del sector cooperativo.
“Después de dos meses de movilización estudiantil y profesoral hemos logrado un acuerdo histórico que ayudará a mejorar las condiciones financieras de las instituciones de educación superior pública del país”, afirmó Álex Flores, uno de los líderes de los estudiantes en la mesa de diálogo con el Gobierno Nacional al salir de la Casa de Nariño.
Otro de los puntos importantes del acuerdo es una reforma integral del lcetex para que garantice “en forma idónea y eficaz el derecho a la educación de los colombianos”. Se espera que después del acuerdo se transformen la gobernanza, la estructura y las características del portafolio de servicios de la entidad. Para lograr este propósito, los profesores y los lideres estudiantiles participarán en una mesa de trabajo especial que será creada por la Comisión VI de Senado.
Además, con el objetivo de avanzar hacia una transformación estructural de la educación superior, el Gobierno Nacional trabajará de la mano de la Mesa de Diálogo y aceptó revisar las fuentes de financiación de las universidades públicas y discutir las posibles reformas de los artículos 86 y 87 de la Ley 30.
“La conclusión de este proceso es que luchar si sirve. Hemos conseguido una parte importante de los recursos necesarios para que nuestras universidades públicas sigan funcionando y estamos avanzando en las reformas estructurales que permitan que en Colombia la educación superior pública sea un derecho y no un privilegio”, afirmó Jeniffer Pedraza, representante de la Universidad Nacional y vocera de la Acrees.
Sin embargo, a pesar del acuerdo, los estudiantes de la Unees han hecho énfasis en que el levantamiento del paro depende de la decisión que tomen las asambleas internas de cada universidad. “Hay que dejar algo muy claro, queremos salvar el segundo semestre de 2018, pero solo las asambleas de cada universidad tienen la potestad de decidir cómo y cuándo se levanta el cese de actividades académicas. Nuestra función como voceros es llevar el acuerdo a los espacios de deliberación para que entre todos los estudiantes definamos cuál será la hoja de ruta del próximo año”, dijo Santiago Gómez, representante de la Unees.
Gómez, además, reveló que la mesa de diálogo le había pedido al presidente Iván Duque un pronunciamiento oficial frente al caso de Esteban Mosquera, el estudiante de música de la Universidad del Cauca que perdió su ojo izquierdo por el impacto de una aturdidora del Esmad. “Necesitamos garantías para la movilización social. El alto consejero para los Derechos Humanos de la Presidencia se comprometió públicamente con nosotros a crear una comisión específica para hacer seguimiento a la violación de los derechos humanos durante las marchas. Rechazamos la represión del Esmad a las movilizaciones pacíficas artísticas y creativas”, concluyó Gómez.
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