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En la Comisión I del Senado se archivó un proyecto de ley que ha inquietado al sector educativo y que pretendía modificar cinco artículos de la Constitución Política. Se trata del Proyecto de Acto Legislativo 08, el cual, entre otras cosas, pretendía cambiar la elección de directivos en las universidades y revivir, una vez más, la idea de crear una Superintendencia de Educación.
En la votación, 10 senadores votaron para que se archivara la iniciativa, mientras que 6 señalaron que no. Al comienzo del debate, la senadora del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, propuso que se archivara el proyecto.
En su intervención, aseguró que había radicado varias proposiciones al articulado, entre ellas una de archivo. La principal razón que expuso se debe a que, en su opinión, este proyecto de ley es “la misma reforma a la educación a la que llegamos a un acuerdo y que se terminó hundiendo”.
Además, Valencia señaló que, a su parecer, es muy peligrosa la idea de crear una Superintendencia. “Ya hemos visto para qué se usan las superintendencias en este Gobierno, para perseguir a quienes están prestando los servicios desde el sector privado”, añadió.
Esta propuesta de archivo fue respaldada por varios senadores, entre ellos Clara López, del Pacto Histórico. “Se está alterando el equilibro de poderes con la creación de la Superintendencia. Esta no es una Superintendencia cualquiera, tiene una función adicional y es la de control. La vuelve juez y parte, rompiendo el principio de imparcialidad”, aseguró.
El senador Humberto de la Calle, del partido Alianza Verde, durante su intervención señaló que la fórmula que se está proponiendo en el proyecto de ley no es la adecuada. Además, según dijo de la Calle, desde el punto de vista fiscal, este no es el momento adecuado para crearla.
Como lo explicamos en esta nota, de la redacción que proponía el proyecto, había una palabra que concentraba las dudas de las universidades: “control”. Las diversas asociaciones temían que se le otorgue una facultad al Presidente de la República (en este caso, Gustavo Petro) para que, además de hacer seguimiento, inspección y vigilancia, ejerza un control sobre la educación.
El artículo propuesto señala: “Corresponde al Presidente de la República como jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa: (21.) Ejercer la inspección, vigilancia y control de las condiciones y prestación del servicio educativo a través de la Superintendencia de Educación de conformidad con la ley”. En otras palabras, la modificación propuesta al artículo 189 concentra en una sola persona un poder de decisión muy importante sobre las instituciones, incluso sin son privadas.
No es la primera vez que el representante Jorge Tamayo, del Partido de la U, le apuesta a la creación de una Superintendencia. Una de las razones para crearla, como lo explicó antes a este diario, es que las funciones de vigilancia, control y regulación de este sector, en distintos entes territoriales, han estado a cargo de la Presidencia y del Ministerio de Educación.
En su opinión, el Ministerio “es la entidad que expide los lineamientos para el sector y, a su vez, supervisa y evalúa la prestación del servicio educativo. No puede ser juez y parte, es decir, no puede prestar el servicio, o habilitar a otro y vigilarse a sí mismo”, explicaba en ese entonces.
Ahora, en este debate, Tamayo insistió en que el ministerio no puede ser la entidad que se encargue de elaborar las normas, para luego “vigilarse” de que las cumpla.
El proyecto también pretende modificar el artículo 67 de la Constitución, y declarar la educación como un derecho fundamental, una idea que ya estaba planteada en la reforma a la Educación que se hundió en la legislación pasada.
Asimismo, se propuso la modificación de los artículos 68 y 69 de la Constitución. En el documento presentado, se estipula una democracia directa, lo que podría significar que los estudiantes elijan directamente a sus directivos. La ley menciona que aplicaría para Instituciones de Educación Superior (IES), sin aclarar si se refiere a las públicas o a las privadas.
Desde la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y el Sistema Universitario Estatal (SUE) han expresado su preocupación frente a este tipo de proyectos de ley. Aseguran que no los han tenido en cuenta y que los congresistas quieren hacer “modificaciones constitucionales sin ni siquiera revisar lo que ya hay en el ejercicio normativo”.
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