El proyecto de ley del Centro Democrático que motivó las marchas de Fecode
Este 30 de agosto los maestros del magisterio marcharán para protestar, entre otras cosas, por el proyecto de ley de los bonos escolares, propuesto por la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Este busca que los padres de niños en vulnerabilidad y pobreza puedan escoger un colegio privado o público y el Estado asumirá el pago de la matrícula, pensión y derechos académicos.
Los y las maestras de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) realizarán este miércoles 30 de agosto un paro. Aunque el principal motivo es protestar, una vez más, por el sistema de salud, también marcharán por dos proyectos de ley presentados por el Centro Democrático. (Lea: El nuevo borrador de Ley Estatutaria con la que el Gobierno espera regular la educación)
Uno de ellos, radicado por la senadora María Fernanda Cabal, junto a sus copartidarios, Paloma Valencia y los representantes Christian Garcés y Hernán Cadavid, busca prohibir las huelgas de profesores y otras personas que presten servicios públicos esenciales.
“El Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 430 establece que hay servicios en donde no debería haber huelga. No queremos que se siga permitiendo que haya marchas, activismo y protestas sacrificando la educación de los niños”, explicó Cabal tras la radicación del proyecto.
¿En qué consiste el proyecto de ley del Bono Escolar?
El otro, de autoría de la senadora Paloma Valencia, propone la creación de unos Bonos Escolares. El objetivo de este proyecto es crear un bono escolar para que los padres o quienes tengan la patria potestad de niños y niñas en condición de vulnerabilidad o pobreza puedan estudiar en instituciones privadas o públicas. El Estado deberá asumir los costos de matrícula, pensión o derechos académicos.
Este bono, explica la senadora en el texto radicado en el Senado, se dividirán en dos categorías. Una se conocerá como el “Bono Escolar Universal” y consiste en el pago total de los derechos académicos y servicios complementarios. Entre ellos están los pagos de pensión y matrícula. (Puede leer: Cosas que debe saber para creer (o no) en las promesas de Petro de nuevas universidades)
El otro es el “Bono Escolar Aditivo”. Para acceder a ese váucher, los y las estudiantes ya deben contar con el bono escolar universal y será entregado a aquellos niños o niñas que “necesiten o merezcan un pago adicional por su enseñanza”, reseña el documento.
De acuerdo con el documento, todas las Instituciones Educativas Públicas participarán en el programa. En cuanto a las Instituciones Educativas Privadas podrán participar de este programa si cumplen con una serie de requisitos. El Senado aprobó este proyecto en el primero de cuatro debates.
¿Qué dice Fecode de los Bonos Escolares?
Martha Rocío Alfonso, directora ejecutiva de Fecode, asegura a El Espectador que el principal objetivo de este proyecto de ley de Bonos Escolares es privatizar la educación. “Lo quieren mostrar como novedoso, pero ya sabemos qué ha pasado con la plata de la educación cuando se ha intermediado”, dice.
Uno de los ejemplos que muestra Alfonso es el de las denuncias que se reportaron entre 2013 y 2014 de unos “estudiantes y profesor fantasmas”, que son aquellos que están reportados en el Sistema de Información (SIMAT), pero de los que no se encuentran evidencias de su existencia al momento de efectuar la verificación en el establecimiento educativo.
La investigación, adelantada por Gina Parody, ministra de Educación en ese entonces, reveló que de las más de 4.000.000 matrículas auditadas, se encontraron más de 131.000 niños inexistentes en la educación regular, en los grados que van de preescolar a 11º. (Puede leer: Hay más de 180.000 estudiantes y casi 6.000 docentes “inexistentes” en el país)
Para ese entonces, añade Alfonso, se evidenció que “esa figura de ceder matrícula a privados llevó a que duplicaran las matrículas haciendo cambios con un número de documento, un apellido cambiado, pero eran estudiantes que estaban doble y hasta triple vez matriculados para recibir por parte del Estado una serie de recursos”.
A los ojos de Alfonso, de aprobarse este proyecto de ley, lo que pasaría es que se seguiría desfinanciando la educación pública. Por eso, dice, ya han propuesto la reforma al Sistema General de Participación (SGP) y han pedido que se avance en las estrategias necesarias para resolver los problemas estructurales por las que atraviesa el sector. (Le puede interesar: El 48 % de la deserción escolar en Colombia se da por conflictos y violencia)
Alfonso es enfática en precisar que “solo se aprovechan de la crisis financiera que tiene la educación y buscan sacar los recursos para verlos privados y no pensar en solucionar el problema de toda la educación que es nuestra exigencia”.
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Los y las maestras de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) realizarán este miércoles 30 de agosto un paro. Aunque el principal motivo es protestar, una vez más, por el sistema de salud, también marcharán por dos proyectos de ley presentados por el Centro Democrático. (Lea: El nuevo borrador de Ley Estatutaria con la que el Gobierno espera regular la educación)
Uno de ellos, radicado por la senadora María Fernanda Cabal, junto a sus copartidarios, Paloma Valencia y los representantes Christian Garcés y Hernán Cadavid, busca prohibir las huelgas de profesores y otras personas que presten servicios públicos esenciales.
“El Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 430 establece que hay servicios en donde no debería haber huelga. No queremos que se siga permitiendo que haya marchas, activismo y protestas sacrificando la educación de los niños”, explicó Cabal tras la radicación del proyecto.
¿En qué consiste el proyecto de ley del Bono Escolar?
El otro, de autoría de la senadora Paloma Valencia, propone la creación de unos Bonos Escolares. El objetivo de este proyecto es crear un bono escolar para que los padres o quienes tengan la patria potestad de niños y niñas en condición de vulnerabilidad o pobreza puedan estudiar en instituciones privadas o públicas. El Estado deberá asumir los costos de matrícula, pensión o derechos académicos.
Este bono, explica la senadora en el texto radicado en el Senado, se dividirán en dos categorías. Una se conocerá como el “Bono Escolar Universal” y consiste en el pago total de los derechos académicos y servicios complementarios. Entre ellos están los pagos de pensión y matrícula. (Puede leer: Cosas que debe saber para creer (o no) en las promesas de Petro de nuevas universidades)
El otro es el “Bono Escolar Aditivo”. Para acceder a ese váucher, los y las estudiantes ya deben contar con el bono escolar universal y será entregado a aquellos niños o niñas que “necesiten o merezcan un pago adicional por su enseñanza”, reseña el documento.
De acuerdo con el documento, todas las Instituciones Educativas Públicas participarán en el programa. En cuanto a las Instituciones Educativas Privadas podrán participar de este programa si cumplen con una serie de requisitos. El Senado aprobó este proyecto en el primero de cuatro debates.
¿Qué dice Fecode de los Bonos Escolares?
Martha Rocío Alfonso, directora ejecutiva de Fecode, asegura a El Espectador que el principal objetivo de este proyecto de ley de Bonos Escolares es privatizar la educación. “Lo quieren mostrar como novedoso, pero ya sabemos qué ha pasado con la plata de la educación cuando se ha intermediado”, dice.
Uno de los ejemplos que muestra Alfonso es el de las denuncias que se reportaron entre 2013 y 2014 de unos “estudiantes y profesor fantasmas”, que son aquellos que están reportados en el Sistema de Información (SIMAT), pero de los que no se encuentran evidencias de su existencia al momento de efectuar la verificación en el establecimiento educativo.
La investigación, adelantada por Gina Parody, ministra de Educación en ese entonces, reveló que de las más de 4.000.000 matrículas auditadas, se encontraron más de 131.000 niños inexistentes en la educación regular, en los grados que van de preescolar a 11º. (Puede leer: Hay más de 180.000 estudiantes y casi 6.000 docentes “inexistentes” en el país)
Para ese entonces, añade Alfonso, se evidenció que “esa figura de ceder matrícula a privados llevó a que duplicaran las matrículas haciendo cambios con un número de documento, un apellido cambiado, pero eran estudiantes que estaban doble y hasta triple vez matriculados para recibir por parte del Estado una serie de recursos”.
A los ojos de Alfonso, de aprobarse este proyecto de ley, lo que pasaría es que se seguiría desfinanciando la educación pública. Por eso, dice, ya han propuesto la reforma al Sistema General de Participación (SGP) y han pedido que se avance en las estrategias necesarias para resolver los problemas estructurales por las que atraviesa el sector. (Le puede interesar: El 48 % de la deserción escolar en Colombia se da por conflictos y violencia)
Alfonso es enfática en precisar que “solo se aprovechan de la crisis financiera que tiene la educación y buscan sacar los recursos para verlos privados y no pensar en solucionar el problema de toda la educación que es nuestra exigencia”.
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