Cómo cobran las universidades públicas en Colombia y el tránsito a una matrícula cero

El pasado 31 de julio se sancionó la Ley 2307 que pone en firme el tránsito hacia una educación superior gratuita, algo que ya se había venido cocinando desde hace varios años. Dado que esta ley tan solo da unas líneas gruesas y le deja toda la responsabilidad al Ministerio de Educación Nacional sobre su reglamentación, resulta relevante entender los retos de esta y los incentivos, positivos o negativos, que puede crear. En esta columna tan solo abordo el aspecto de acceso, y soy consciente que muchos otros temas también requieren ser revisados.

Con dos colegas hicimos una investigación que publicamos el año pasado donde comparamos las fórmulas de cobro de las universidades públicas en el país. Quiero destacar varios resultados que son relevantes y pueden dar luces para el actual reto de reglamentar la ley de matrícula cero.

En primer lugar, hay tres tipologías de cobro de matrícula. En la primera tipología están las universidades que tienen un modelo basado exclusivamente en características socioeconómicas de los estudiantes, tales como estrato socioeconómico, ingresos del núcleo familiar y valor de la pensión del colegio. En la segunda tipología están las universidades que tienen un modelo de valores fijos por programa independiente de las características socioeconómicas de los estudiantes. La tercera tipología es una combinación de las dos primeras; esto significa que hay universidades que, para un mismo programa, tiene valores fijos según algunas condiciones socioeconómicas de los estudiantes. En estos casos es usual que los programas tengan diferentes valores de matrícula.

En segundo lugar, encontramos grandes diferencias entre las universidades sobre las fórmulas de cálculo de las matrículas. Aunque las universidades emplean variables similares para calcular el valor de la matrícula, tales como estrato socioeconómico, ingresos del núcleo familiar y valor de la pensión del colegio, los modelos arrojan valores muy diversos. Por ejemplo, nosotros encontramos que, para un mismo estudiante, el costo de la matrícula en una universidad podría ser decenas de veces mayor que en otra universidad. También encontramos que en una misma universidad el valor de la matrícula para un estudiante de ingresos altos podría ser cientos de veces más alta que para un estudiante de ingresos bajos.

Tercero, descubrimos que el costo de las matrículas de los estudiantes no tiene ninguna relación con medidas de calidad, tales como el ranking GNC Sapiens y las pruebas Saber Pro.  Hay universidades que cobran a los estudiantes matrículas muy altas para el tipo de educación que imparten.

Cuarto, los ingresos de las universidades dependen de manera diferencial de las matrículas. El cobro de matrículas representa cerca del 16 % de los ingresos de las universidades en conjunto, sin embargo, este porcentaje tiene una gran variabilidad entre universidades, desde 4 % (Universidad Nacional de Colombia) a 67 % (Universidad Militar Nueva Granada). Es decir, para algunas universidades los ingresos por matrículas son pocos y para otras lo son casi todo.

De nuestro estudio concluimos que la forma en que cobran las universidades constituye una barrera importante al acceso, no solo porque los costos restringen las posibilidades de elección de carrera y universidad, sino también porque es muy complejo navegar la información para determinar cuál es la mejor opción. Sin duda, una ley de matrícula cero resuelve esta barrera. Sin embargo, hay otras barreras que deben ser revisadas con detalle para que la ley sea exitosa.

Las universidades tienen costos y condiciones de admisión diferentes. Para inscribirse en cualquier universidad pública debe pagarse la inscripción que ronda los $100.000. Para muchos aspirantes, esto se convierte en una barrera de acceso, pues, o no tienen los recursos o los recursos son tan escasos que solo logrará presentarse a una universidad, lo que limita de manera importante las posibilidades de acceso. Los aspirantes de mayores ingresos podrían tener recursos para inscribirse en varias universidades (y lo hacen), aumentado sus probabilidades de acceso a la educación superior.

¿De qué le sirve a un estudiante de grado 11 soñar con tener matrícula cero si no tiene para comprar al menos un formulario de inscripción?

El proceso de admisión es muy diferente entre universidades y complejo de entender, especialmente para la población más vulnerable. Algunas universidades emplean el Saber 11 (por ejemplo, La Universidad del Valle y la Universidad Industrial de Santander), otros exámenes propios (por ejemplo, Universidad Nacional de Colombia), y otra mezcla entre Saber 11, exámenes propios, notas de colegio, colegio de procedencia y entrevista (como la Universidad Militar Nueva Granada).

¿Cómo garantizar que los cupos a las universidades no se conviertan en la nueva forma de tráfico de influencias o para favorecimiento de intereses políticos?

Una vez que los aspirantes son admitidos, se enfrentan con otra realidad, el valor de los derechos de matrícula no es el único costo; por ejemplo, también están los derechos de bienestar universitario y sistematización.

¿Cómo hacer que los costos adicionales a la matrícula no se conviertan en la nueva barrera de acceso?

Esta es la oportunidad de pensar el sistema universitario como un verdadero sistema. Por ejemplo, pensemos qué pasaría si se migra a un sistema de admisión conjunto. Imaginemos cómo cambiaria la vida de los jóvenes, que están a punto de terminar el bachillerato, si al inscribirse a la prueba Saber 11 también pudieran elegir o aspirar a un número amplio de programas y universidades con las que sueñan, y que este nuevo mecanismo le asignara las mejores opciones de acuerdo con sus preferencias y desempeños. Por tanto, vale la pena soñar en un escenario donde el valor de la inscripción no sea una barrera de acceso y que elegir la carrera y universidad no sea determinado por los costos.

Creo que un escenario como el planteado podría generar otras dinámicas en los colegios. Seguramente, pasarían cosas que aún no pasan. Por ejemplo, los estudiantes tendrían que indagar sobre las carreras y universidades de la enorme lista que aparecería al hacer la inscripción al Saber 11. Se generarían conversaciones con los docentes de todas las áreas sobre lo que implica estudiar una carrera técnica, tecnológica o universitaria. Aumentarían las conversaciones sobre qué se requiere para estudiar ingeniería, contaduría, sociología, licenciatura, y un largo etcétera. Con seguridad, en este hipotético caso, las expectativas de posibilidad sobre ir a la educación superior incrementarían sustancialmente.

El gobierno ha generado altas expectativas, seguimos esperando que se concreten para un verdadero cambio, aún hay tiempo.

*Profesor asociado, Facultad de Educación, Universidad de los Andes. Exviceministro de Educación Preescolar Básica y Media.

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El pasado 31 de julio se sancionó la Ley 2307 que pone en firme el tránsito hacia una educación superior gratuita, algo que ya se había venido cocinando desde hace varios años. Dado que esta ley tan solo da unas líneas gruesas y le deja toda la responsabilidad al Ministerio de Educación Nacional sobre su reglamentación, resulta relevante entender los retos de esta y los incentivos, positivos o negativos, que puede crear. En esta columna tan solo abordo el aspecto de acceso, y soy consciente que muchos otros temas también requieren ser revisados.

Con dos colegas hicimos una investigación que publicamos el año pasado donde comparamos las fórmulas de cobro de las universidades públicas en el país. Quiero destacar varios resultados que son relevantes y pueden dar luces para el actual reto de reglamentar la ley de matrícula cero.

En primer lugar, hay tres tipologías de cobro de matrícula. En la primera tipología están las universidades que tienen un modelo basado exclusivamente en características socioeconómicas de los estudiantes, tales como estrato socioeconómico, ingresos del núcleo familiar y valor de la pensión del colegio. En la segunda tipología están las universidades que tienen un modelo de valores fijos por programa independiente de las características socioeconómicas de los estudiantes. La tercera tipología es una combinación de las dos primeras; esto significa que hay universidades que, para un mismo programa, tiene valores fijos según algunas condiciones socioeconómicas de los estudiantes. En estos casos es usual que los programas tengan diferentes valores de matrícula.

En segundo lugar, encontramos grandes diferencias entre las universidades sobre las fórmulas de cálculo de las matrículas. Aunque las universidades emplean variables similares para calcular el valor de la matrícula, tales como estrato socioeconómico, ingresos del núcleo familiar y valor de la pensión del colegio, los modelos arrojan valores muy diversos. Por ejemplo, nosotros encontramos que, para un mismo estudiante, el costo de la matrícula en una universidad podría ser decenas de veces mayor que en otra universidad. También encontramos que en una misma universidad el valor de la matrícula para un estudiante de ingresos altos podría ser cientos de veces más alta que para un estudiante de ingresos bajos.

Tercero, descubrimos que el costo de las matrículas de los estudiantes no tiene ninguna relación con medidas de calidad, tales como el ranking GNC Sapiens y las pruebas Saber Pro.  Hay universidades que cobran a los estudiantes matrículas muy altas para el tipo de educación que imparten.

Cuarto, los ingresos de las universidades dependen de manera diferencial de las matrículas. El cobro de matrículas representa cerca del 16 % de los ingresos de las universidades en conjunto, sin embargo, este porcentaje tiene una gran variabilidad entre universidades, desde 4 % (Universidad Nacional de Colombia) a 67 % (Universidad Militar Nueva Granada). Es decir, para algunas universidades los ingresos por matrículas son pocos y para otras lo son casi todo.

De nuestro estudio concluimos que la forma en que cobran las universidades constituye una barrera importante al acceso, no solo porque los costos restringen las posibilidades de elección de carrera y universidad, sino también porque es muy complejo navegar la información para determinar cuál es la mejor opción. Sin duda, una ley de matrícula cero resuelve esta barrera. Sin embargo, hay otras barreras que deben ser revisadas con detalle para que la ley sea exitosa.

Las universidades tienen costos y condiciones de admisión diferentes. Para inscribirse en cualquier universidad pública debe pagarse la inscripción que ronda los $100.000. Para muchos aspirantes, esto se convierte en una barrera de acceso, pues, o no tienen los recursos o los recursos son tan escasos que solo logrará presentarse a una universidad, lo que limita de manera importante las posibilidades de acceso. Los aspirantes de mayores ingresos podrían tener recursos para inscribirse en varias universidades (y lo hacen), aumentado sus probabilidades de acceso a la educación superior.

¿De qué le sirve a un estudiante de grado 11 soñar con tener matrícula cero si no tiene para comprar al menos un formulario de inscripción?

El proceso de admisión es muy diferente entre universidades y complejo de entender, especialmente para la población más vulnerable. Algunas universidades emplean el Saber 11 (por ejemplo, La Universidad del Valle y la Universidad Industrial de Santander), otros exámenes propios (por ejemplo, Universidad Nacional de Colombia), y otra mezcla entre Saber 11, exámenes propios, notas de colegio, colegio de procedencia y entrevista (como la Universidad Militar Nueva Granada).

¿Cómo garantizar que los cupos a las universidades no se conviertan en la nueva forma de tráfico de influencias o para favorecimiento de intereses políticos?

Una vez que los aspirantes son admitidos, se enfrentan con otra realidad, el valor de los derechos de matrícula no es el único costo; por ejemplo, también están los derechos de bienestar universitario y sistematización.

¿Cómo hacer que los costos adicionales a la matrícula no se conviertan en la nueva barrera de acceso?

Esta es la oportunidad de pensar el sistema universitario como un verdadero sistema. Por ejemplo, pensemos qué pasaría si se migra a un sistema de admisión conjunto. Imaginemos cómo cambiaria la vida de los jóvenes, que están a punto de terminar el bachillerato, si al inscribirse a la prueba Saber 11 también pudieran elegir o aspirar a un número amplio de programas y universidades con las que sueñan, y que este nuevo mecanismo le asignara las mejores opciones de acuerdo con sus preferencias y desempeños. Por tanto, vale la pena soñar en un escenario donde el valor de la inscripción no sea una barrera de acceso y que elegir la carrera y universidad no sea determinado por los costos.

Creo que un escenario como el planteado podría generar otras dinámicas en los colegios. Seguramente, pasarían cosas que aún no pasan. Por ejemplo, los estudiantes tendrían que indagar sobre las carreras y universidades de la enorme lista que aparecería al hacer la inscripción al Saber 11. Se generarían conversaciones con los docentes de todas las áreas sobre lo que implica estudiar una carrera técnica, tecnológica o universitaria. Aumentarían las conversaciones sobre qué se requiere para estudiar ingeniería, contaduría, sociología, licenciatura, y un largo etcétera. Con seguridad, en este hipotético caso, las expectativas de posibilidad sobre ir a la educación superior incrementarían sustancialmente.

El gobierno ha generado altas expectativas, seguimos esperando que se concreten para un verdadero cambio, aún hay tiempo.

*Profesor asociado, Facultad de Educación, Universidad de los Andes. Exviceministro de Educación Preescolar Básica y Media.

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